700 vecinos impiden que se ejecute el desahucio del ocupante de un piso propiedad de Darsa

Funcionarios del Juzgado número 26 desistieron ayer de hacer ejecutiva una orden de desahucio contra la familia de Luis Martínez Alameda, ocupante de uno de los pisos que la inmobiliaria Darsa tiene en la calle de Fernando Poo, 46, debido a la presencia de unos 700 vecinos que impidieron el acceso al inmueble, y ante la total ausencia de policía en la zona. La citada familia estaba obligada a abandonar la citada vivienda, propiedad de Darsa, en virtud de la sentencia judicial favorable a la inmobiliaria.

Luis Martínez Alameda vivía en la vivienda desde que hace 17 años se la concedieron a su padre, empleado de Montesa. Cuando se casó, continuó en la vivienda y se quedó en la misma al fallecer su padre. Darsa, en base a la legislación sobre Viviendas de Protección Oficial, le dio seis meses para abandonar el piso. Pasado ese plazo, la citada inmobiliaria Darsa inició las acciones judiciales para conseguir el desahucio.Según la dirección de Darsa en 1980 el proceso judicial fue paralizado ante la promesa de la familia de que iba a conseguir una vivienda municipal. En abril de 1981, las acciones volvieron a iniciarse, al no haber habido ninguna variación, y en mayo de 1982 la inmobiliaria ganó el juicio en el Juzgado de Distrito número 26. Apelada la sentencia por el afectado, Darsa volvió a ganar en el mes de noviembre del mismo año ante el Juzgado de Primera Instancia número 19.

El 31 de mayo del año pasado, fecha en la que estaba previsto el desahucio, una carta del alcalde, Enrique Tierno, solicitaba al director de Darsa la suspensión del desahucio, pues "me complace comunicarle", precisa, "que, por parte de la Empresa Municipal de la vivienda, se está estudiando la fórmula que permita dar solución al problema planteado a dicha familia". Dicha fórmula, que iba a consistir en la compra del piso por parte de la citada empresa municipal para su posterior venta al ocupante, quedó unicamente a falta de que el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU) diera la autorización necesaria. Al no concederla, las conversaciones quedaron rotas y el proceso de desahucio siguió su curso.

Fuentes cercanas a la empresa han comentado que el interés municipal por esta familia estaba basado en que Rosario Serrano Jiménez, mujer de Luis Martínez, había trabajado como empleada de hogar en casa de Enrique Tierno. Este hecho ha sido negado a este periódico por la propia esposa del alcalde.