Los empresarios de la discoteca Alcalá 20 abandonaron la cárcel de Carabanchel

Los cinco socios arrendatarios de la discoteca Alcalá 20, donde 81 personas murieron en un incendio, salieron anoche de la Prisión de Carabanchel en libertad provisional tras la presentación de un aval bancario por el importe de la fianza de 10 millones de pesetas para cada uno.

La salida de los cinco procesados -José Antonio Iglesias, Carlos Mendoza, Emilio Urdiales, Pedro Rascón y Doroteo Martín- se retrasó notablemente debido a que el juez Jacobo López Barja de Quiroga rechazó la redacción del primer aval bancario, por el que quedaba constituida la fianza. El juez exigía que en lugar del documento por 50 millones, que avalaba la Banca Garriga y Nogués, se hiciera constar de: forma individualizada que el aval correspondía a 10 millones de pesetas por cada socio de la discoteca.Esta solución tuvo que ser pospuesta hasta la tarde, y tras la formalización del aval según las exigencias judiciales, se dictó la orden de libertad, que fue llevada por un oficial del juzgado a la prisión de Carabanchel, donde llegó a las 19.30 horas. Las dos horas y media que tardaron en salir los procesados se emplearon en trámites internos del centro penitenciario.

Familiares y amigos y una veintena de informadores esperaban la salida de los procesados, que han pasado 18 días en prisión. Nada más salir de la cárcel, Doroteo Martín dijo: "Estamos muy contentos, pero lo hemos pasado muy mal y no debiéramos haber estado aquí, porque pienso que no tenemos ninguna culpa".

"Duros y desagradables"

Juan Antonio Iglesias, accionista mayoritario de la discoteca siniestrada el pasado 17 de diciembre, aseguró que han pasado unos días "muy duros y muy desagradables", pero que lo primero que quería hacer era acompañar en el sentimiento a los familiares y amigos de las víctimas". Iglesias añadió que quería agradecer a los periodistas "porque no nos han despedazado".

Anunció también su intención de hacer uso de todos sus derechos, "porque no es realidad todo lo que se ha publicado". "Todo estaba correcto", manifestó, "y lo dijeron el alcalde, el gobernador civil y el presidente de la autonomía. Nosotros no tenemos ningún tipo de cargo de conciencia".

Carlos Mendoza, por su parte, dijo que habían pasado unas Navidades "tristísimas, sin sus esposas e hijos", y que lucharán porque prevalezca la verdad.

Previamente, su hijo Juan Antonio había manifestado que su padre estaba arruinado por las pérdidas sufridas como consecuencia de la explotación del Lido (nombre anterior de la discoteca cuando estaba destinada a sala de fiestas) y que las fianzas, tanto la de 10 millones para la libertad provisional como la de 950 millones para responsabilidad civil, eran elevadísimas para la economía de su padre y, por extensión, las de los otros cuatro socios.

El juez procesó el pasado día 3 a los cinco propietarios de la discoteca por estimar que existen indicios racionales de la comisión de un delito de imprudencia temeraria con resultado de muerte, lesiones y daños.

En la resolución judicial se rebajaba de 250 a 50 millones la fianza para obtener la libertad provisional de los acusados.