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Empresarios de Torrejón y de San Fernando ofrecen empleos a cambio de agua potable

El presidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, y representantes de la Unión Comarcal de Empresarios (UNICEM) de los pueblos madrileños de Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares acordaron ayer establecer una línea de colaboración mutua que proporcione dotación de agua potable a los polígonos industriales, lo que facilitaría la creación de más de 1.500 puestos de trabajo en la zona.

En los polígonos industriales de Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares hay unas 800 empresas, con un colectivo de unos 15.000 trabajadores, según precisa Javier de Juana, secretario de la Unión Comarcal de Empresarios. "Los principales problemas son de infraestructura y de suministro de agua potable, pues hay muchas industrias químicas, alimentarias y de otro tipo que la necesitan para su funciona miento y ahora no la tienen, lo cual ha dificultado su expansión, así como el asentamiento de otras nuevas".

Reindustrialización para la zona sur

En la reunión se trató la posibilidad de que el Gobierno autónomo madrileño aporte una subvención de unos 400 millones de pesetas y, como contrapartida, los empresarios se comprometen a crear más de 1.500 puestos de trabajo.Por otra parte, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha acordado solicitar al ejecutivo central que declare zona de urgente reindustrialización, en el marco del real decreto sobre Reconversión Industrial, a los municipios de Getafe, Leganés, Alcorcón, Móstoles, Fuenlabrada, Parla, Pinto, Valdemoro y el distrito madrileño de Villaverde.

Esta iniciativa está prevista en el artículo 24 del real decreto sobre Reconversión Industrial de 3 de diciembre de 1983. En caso de que la zona sur de Madrid sea declarada por el Gobierno de preferente reindustrialización, el mismo decreto establece en su artículo 26 una serie de beneficios para las empresas que se establezcan en los mencionados municipios, entre ellos, preferencia en la obtención de crédito oficial, beneficios fiscales y bonificación de hasta el 99% del impuesto general sobre el tráfico de empresas.

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