Empieza la toma de posiciones ante la reprivatización
Mientras continuaban las reacciones a la sentencia del Tribunal Constitucional -favorables desde la izquierda y contrarias desde la derecha-, ayer empezó la toma de posiciones de cara al inmediato comienzo de la reprivatización del holding.
Un centenar de jornaleros miembros del Sindicato de Obreros del Campo (SOC), reunidos en la finca El Indiano, que pertenecía al grupo, acordaron ayer pedir al Gobierno una rápida negociación sobre el futuro de las tierras expropiadas a Rumasa, informa Efe.
En concreto, el SOC proyecta exigir la urgente negociación sobre el futuro de unas 3.000 hectáreas de las más de 6.000 expropiadas por el Gabinete.
"Llegamos a un compromiso de esperar a que se conociera la sentencia", afirmó el dirigente Francisco Casero, "y ahora creemos que estamos en nuestro derecho de exigir la urgente negociación de todas las tierras que no están afectadas por el tema de los vinos".
Declaraciones de UGT y de Abel Matutes
Una de las últimas declaraciones sobre la sentencia correspondió al banquero y vicepresidente de Alianza Popular Abel Matutes, quien ha dicho, según Efe, que la credibilidad democrática de España ha bajado mucho en el mundo occidental después del fallo.
No obstante, el diputado conservador precisó que no discutía nunca, las sentencias de los tribunales, "y menos la de un Tribunal tan cualificado como el Constitucional".
Por su parte, en una nota difundida ayer por Europa Press, la Unión General de Trabajadores (UGT) valoró positivamente: el fallo.
"Frente a quienes defienden una concepción prácticamente sin límites de los derechos de propiedad y libre empresa", dice en el comunicado el sindicato socialista, "el Tribunal, en línea con las propias normas constitucionales, recuerda que ambos deben ceder frente al interés de la comunidad, dentro del sistema de economía mixta que consagra nuestra Constitución".
"El Tribunal", señala UGT, "ha ejercitado el poder arbitral que la Constitución le confiere para interpretarla y garantizar la efectiva vigencia de sus derechos".
Asimismo, considera censurable la actitud de quienes pretenden politizar el tema o acuden a maniobras de todo tipo para poner en duda la objetividad del máximo garante de la Constitución.
Por último, la UGT expresa su confianza en que "el Gobierno lleve adelante la reorganización del grupo dando la necesaria audiencia a las organizaciones representativas de los trabajadores y garantizando que el saneamiento se efectúe mediante una celosa defensa de los recursos públicos".
