Presur, la historia de un cambio

Los pasados días 26 y 27 de octubre se reunían en el palacio de la Moncloa, residencia del presidente del Gobierno, Felipe González, -el propio González; el ministro de Industria y Energía, Carlos Solchaga; el presidente de la Junta de Extremadura, José Carlos Ibarra; el representante sindical de Minera de Andévalo, SA, Tomás Vera; el presidente de la empresa Presur, Federico de Lora, y el vicepresidente del Instituto Nacional de Industria, Julián García Valverde. La reunión, si se hace abstracción del lugar donde tenía lugar y a personalidad del convocante, parecía normal y su objetivo podría englobarse dentro de los proyectos industriales que tiene pendiente este país para desarrollar zonas deprimidas y generar empleos.Los encuentros, sin embargo, encerraban dentro de su normalidad uno, de los capítulos más polémicos y oscuros de la historia política del último año de España. Eran la conclusión, por el principio o por el final, de uno de los proyectos empresariales más controvertidos, sorprendentes y políticamente explotados de lo que se ha venido a llamar la etapa del cambio. El proyecto Presur, o Prerreducidos del Sur, SA, idea que puede resumirse como el intento de aprovechamiento de los minerales, básicamente de hierro y carbón, de una de las regiones con menos posibilidades de generar riqueza de la geografía española.

Prerreducidos del Sur o similares ha sido proyecto desde que alguien tuvo la feliz y sospechosa idea de vincular los pobres recursos de la zona a la política. Pero sin necesidad de tener que remontarse a los mejores momentos desarrollistas del franquismo, a nadie sorprendería descubrir que proyectos como el de Presur sólo prosperan cuando la política y el sector público caminan de la mano como últimos paganos de una costosísima entelequia que, o bien beneficia directamente a alguien, o sirve de tapadera de las lógicas y comprensibles aspiraciones de una comunidad para sobrevivir.

Hacer de la capa un sayo

En Presur, como la realidad ha puesto de manifiesto, hubo de todo esto algo más que un poco. Proyecto heredado del Gobierno de UCD, que incluso se complicó en puesta en marcha por la vía directa del Boletín Oficial del Estado o de las referencias en el Consejo de Ministros, preveía construir en la zona fronteriza entre Huelva y Badajoz una planta industrial de transformación del mineral de hierro de Cala y La Berrona en un producto -conocido como prerreducidos de hierro. Es decir, un sustituto de la chatarra importada, destinado a alimentar los hornos eléctricos de nuestra siderurgia y hacerla así más competitiva.La inversión prevista para este proyecto se situaba en torno a los 30.000 millones de pesetas y con taba de una serie de obras de infraestructura, modernización de las minas e instalación de una planta de llave en mano, que sería facilitada por una firma alemana al coste de 14.000 millones de pesetas. El número de empleos generados era de 508, a ocupar en las plantas de pelletización y prerreducción mediante gas, extremo este último que se abandonó, sustituyéndolo en una fase última por el carbón cuando se comprobó que no había gas suficiente en Cádiz. Asimismo, se mantenía el empleo en las minas, que rondaba el centenar de personas.

El problema se planteaba al descubrir los estudios de viabilidad realizados en el Instituto Nacional de Industria, sobre el que iba a pesar el mayor coste de la inversión, que el proyecto no era rentable, e incluso en el mejor de los casos (bajo coste de financiación, etcétera) se podía llegar a perder más de 2.000 millones de pesetas anuales. En otras palabras, con una inversión de 30.000 millones de pesetas se estaba creando un nuevo monstruo o empresa pública o semipública que sólo iba a generar pérdidas, en unos momentos en los que precisamente lo que necesitaba el país era ir cerrando o limitando la media docena de excesos parecidos que existen en el país.

Pese a la publicación de estos estudios del INI y a otros de organismos oficiales que llegaron a similares conclusiones, tanto el Gobierno de UCD como el PSOE forzaron la marcha para la realización del proyecto, que, además de su inviabilidad, presentaba aspectos empresariales de dudosa transparencia. El hecho de que los problemas del empleo generado y los agravios regionales -temas tabú en medio de una campaña electoral- aparecieran vinculados a una empresa como Minas de Andévalo, en proceso de suspensión de pagos, con una aparente quiebra de dudosa legalidad en perspectiva y con accionistas como un Martínez Bordiú o un Enrique Fernández Vial por medio, no fueron obstáculo para que se dudara de su conveniencia, pese a la campaña montada en su contra por los técnicos independientes que estudiaron su rentabilidad.

El caso es que, concluidas las elecciones y nombrado el nuevo Gobierno, el proyecto pasó aparentemente a una situación de olvido, sólo recordada con las promesas del titular de Industria y Energía, Carlos Solchaga, de mantener los compromisos de la campaña electoral para con la región. Esas promesas, sin embargo, consiguieron tranquilizar a los mineros y a los responsables políticos de la comunidad extremeña y la andaluza, al parecer, mucho más tranquilos tras la llegada del PSOE al Gobierno que con los compromisos vía Boletín Oficial del Estado del anterior Gobierno.

Fecha límite

La fecha del pasado 1 de noviembre fue, sin embargo, la barrera para que el tema saltara a la luz pública. Esta fecha había sido dada por Carlos Solchaga como límite para la puesta en marcha del proyecto, pese a que en los meses anteriores las únicas novedades que experimentó el tema se refirieron a la batalla jurídica que se libraba entre los accionistas de Minera de Andévalo y los de Presur para resolver la incógnita del aprovechamiento del mineral de hierro, especialmente después de solicitarse la suspensión de pagos de la sociedad propietaria de las minas.Tras la acción judicial y el nombramiento de la empresa Carmonsa (Carbones Montañeses, SA) como uno de los representantes de los acreedores de Minera de Andévalo, precisamente cuando se sospecha la presencia de accionistas comunes en ambas sociedades, ha motivado acciones cautelares del resto de los acreedores de la empresa minera, que han conseguido ejecutar sus créditos e intervenir la sociedad. Se trata de Finanzauto, SA, y del Banco de Crédito industrial, a los que Minera de Andévalo debe más de 2.000 millones de pesetas.

La presencia de Carmonsa en la batalla legal ha motivado aún más sospechas, al descubrirse la existencia de un contrato de relación comercial entre Mineras de Andévalo y Carmonsa, por la que la primera paga a la segunda un canon por la venta de sus minerales a Ensidesa. El contrato prevé una indemnización de 100 millones de pesetas a Carmonsa en el caso del cambio de titularidad en las acciones de Minera de Andévalo.

Lo que a algunos les suena a un fenómeno muy similar a la Rumasa exterior ha dificultado, a su vez, la puesta en marcha de un proyecto alternativo que técnicos del INI reconstruyeron como alternativa al original Presur. El proyecto alternativo, aprobado por Felipe González en las reuniones de finales de octubre como cumplimiento del compromiso establecido en la campaña electoral, prevé la reducción de la inversión a la tercera parte, el mantenimiento del empleo a los mismos niveles que el proyecto original y la construcción de un embalse hiperanual que facilite agua a las plantas industriales.

Técnicamente, el proyecto ha sido calificado de muy avanzado, ya que incluye la instalación de una planta piloto de sinterfeed, que permitirá obtener concentrado de hierro con un sistema mucho más barato que el anterior. La baja de los precios de los pellets en los mercados internacionales y una mayor demanda de sinterfeed y esponja de hierro han permitido salvar al PSOE y a su presidente de un compromiso electoral que muy bien le podía haber costado la credibilidad en sus intentos de racionalizar y reconvertir el tejido industrial de España.