130.000 funcionarios se verán afectados por la ley de Incompatibilidades, según Moscoso

Alrededor de 130.000 funcionarios de la Administración pública, de los cuales 100.000 son empleados de la Seguridad Social, se verán afectados por la ley de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones públicas, cuando ésta sea aprobada por las Cortes, según manifestó el ministro de la Presidencia, Javier Moscoso. El secretario de Estado para la Función Pública, Francisco Ramos, señaló por su parte que los funcionarios que deberán jubilarse de manera forzosa a los 65 años, dentro de los dos años que permite otro proyecto de ley de Presidencia, el de medidas para la Reforma de la Función Pública, que fue presentado ayer a los medios informativos, suman un total de 15.000.

El ministro de la Presidencia y el secretario de Estado para la Función Pública explicaron ayer el contenido de los dos mencionados proyectos de ley, que ayer iniciaron su tramitación parlamentaria, a los miembros del Grupo Socialista del Congreso de los Diputados. Casi cuatro horas duró la reunión, según el ministro, "debido a que la explicación de ambos textos legales ha sido larga y pormenorizada", y también por el intenso debate que suscitaron.En un primer momento de su encuentro con los informadores el ministro afirmó que el debate se había planteado por "cuestiones técnicas". Un poco después, y a raíz de que el portavoz del Grupo, Javier Sáenz de Cosculluela, declarara que también había habido intervenciones que discrepaban "del fondo" de ambos proyectos de ley, Javier Moscoso admitió que "las críticas de los parlamentarios socialistas han venido por la izquierda". "Pedían más rigor", dijo.

No obstante, y pese a avanzar Cosculluela y el secretario del Grupo, Eduardo Martín Toval, que el proyecto del Gobierno sobre medidas para la reforma de la función pública va a ser enmendado por el propio Grupo Socialista, en el sentido dé "añadir algún artículo de bases para las comunidades autónomas y establecer un control sobre algunas retribuciones complementarias", según Martín Toval, tanto los representantes. del Gobierno como los del grupo parlamentario afirmaron que los parlamentarios del PSOE asumen plenamente los proyectos de ley, con cuya filosofía están de acuerdo.

Los traslados forzosos de funcionarios y la jubilación a los 65 años para todos los cuerpos de la Administración, dos de los temas más polémicos del proyecto de ley de Reforma de la Función Pública, fueron objeto de las preguntas de los parlamentarios. Francisco Ramos señaló que la jubilación a los 65 años sólo afecta a los técnicos de grado medio y altos cargos, "puesto que para los demás es una medida que se venía aplicando ya". Ramos añadió que "ningún alto cargo se jubilará con una pensión inferior a 103.000 pesetas; alrededor de 80.000 para los titulados de grado medio (peritos) y 60.000 los que tengan los estudios de bachillerato".

"Además de esta retribución, los funcionarios la incrementan con lo que se les asigna desde su mutualidad", prosiguió el secretario de Estado para la Función Pública, "si bien ésta puede oscilar entre 110.000 pesetas, (Mutualidad de Trabajo) y 2.000 (Mutualidad de Archivos). Alrededor de 15.000 funcionarios se verán afectados por esta ley, que puede entrar en vigor el próximo enero, y dispondrán de dos años para regular su situación. .

Por lo que se refiere a los traslados forzosos, Moscoso afirmó que la ley del Proceso Autonómico autoriza al Estado a ello, por lo que no hay variaciones en este sentido. También dijo el ministro que la ley de Incompatibilidades afectará a 130.000 funcionarios, de los que la mayoría son médicos de la Seguridad Social,' a tenor de las declaraciones de empleos e ingresos recibidas en el Ministerio de la Presidencia.