Malestar en medios jurídicos y periodísticos por las limitaciones de la ley de rectificación

El Grupo Parlamentario Socialista está dispuesto a modificar el proyecto de ley orgánica reguladora del Derecho de Rectificación a su paso por el Senado, de manera que se pueda recurrir contra la sentencia de los jueces. Esta iniciativa responde al malestar que la actual redacción del proyecto de ley, aprobado por el Congreso de los Diputados, ha causado en medios jurídicos y periodísticos, al entender éstos que se priva a los afectados por la futura ley de una garantía legal universalmente reconocida en Derecho, según manifestó el diputado socialista Carlos Navarrete.

El proyecto de ley orgánica del Derecho de Rectificación es uno de los pocos textos legales sobre los que existe acuerdo entre todos los grupos parlamentarios. Su contenido establece que "toda persona, natural o jurídica, tiene derecho a rectificar una información, difundida por cualquier medio de comunicación social, de hechos que le aludan, que considere inexactos y cuya divulgación pueda causarle perjuicio". Quien se considere afectado en los supuestos mencionados tiene derecho a enviar una rectificación al director del medio de comunicación donde se publicó o emitió aquello que considera perjudicial para su imagen en los siete días siguientes a su divulgación. El director deberá publicar la rectificación en un plazo de tres días, "íntegramente, sin comentarios ni apostillas, y con la misma relevancia con que se difundió la información rectificada".En el caso de que el director del medio periodístico considerase que la rectificación no ha lugar y, en consecuencia, se negase a publicarla, el rectificante puede acudir a los tribunales, y es el juez de primera instancia quien decide. En este punto es donde está previsto que el Senado modifique el proyecto. En el texto aprobado por el Congreso se dice textualmente que "no serán susceptibles de recurso alguno las sentencias y demás resoluciones que dicte el juez en este procedimiento", con lo cual se priva a los ciudadanos de un recurso judicial universalmente reconocido.

Por esta razón, el Grupo Socialista está dispuesto a enmendar su propio texto en la Cámara Alta, donde comenzará en breve su tramitación, en el sentido de permitir que se pueda recurrir contra la sentencia del juez de instrucción ante un tribunal de rango superior. "Sin embargo", señaló a este periódico el diputado socialista Carlos Navarrete, ponente del proyecto de ley, "para evitar que el trascurso del tiempo perjudique a quien rectifica, vamos a modificar el proyecto de ley en el sentido de que el recurso no paralice la sentencia del juez de instrucción, es decir, que el director esté obligado a publicar la rectificación, si ésa ha sido la sentencia, al margen de que lo dictamine después el tribunal superior".

Menos libertad que en EE UU

Lo que no aclara el proyecto es qué defensa legal tiene el director de un medio de comunicación si el tribunal ante el que ha recurrido le da la razón, y considera que no era procedente la publicación de la rectificación cuando ésta ya se ha publicado. "Todo lo más que puede hacer el director en ese caso", asegura Navarrete, "es publicar la sentencia del tribunal superior". "No nos parece la solución óptima, pero sí la mejor de las posibles", añadió, "porque, de lo contrario, el tiempo juega en contra del rectificante". Tal y como quiere el PSOE modificar el proyecto de ley, el tiempo, juega en contra del director de un medio de comunicación. El hecho de que el proyecto de ley de rectificación incluya también una iniciativa de los comunistas para que puedan rectificarse las opiniones significa, en opinión de Navarreie, "adaptarnos a las leyes sajonas, con menos libertad de expresión que en Estados Unidos, pero con mayor protección para los ciudadanos".