Los gobernadores civiles de Andalucía aprueban los Planes del Inem para el empleo comunitario

Los gobernadores civiles de las ocho provincias andaluzas, reunidos en Sevilla bajo la presidencia del delegado del Gobierno en esta comunidad autónoma, han dado su aprobación al documento elaborado por el Instituto Nacional de Empleo (Inem) para la sustitución del actual sistema de empleo comunitario a partir de 1984. Por su parte, las centrales CC OO y Sindicato de Obreros del Campo (SOC) han criticado con dureza el proyecto gubernamental. Cinco jornaleros de Villamartín (Cádiz) han ingresado en prisión por impago de multas impuestas en 1980, lo que ha provocado un encierro en el ayuntamiento.

Según el documento en cuestión, todos los actuales beneficiarios del empleo comunitario que cumplan los requisitos legales se beneficiarán durante 1984 de un subsidio de desempleo equivalente al 75% del salario mínimo vigente. La percepción durará seis meses y los beneficiarios habrán de acreditar que han cotizado 60 jornadas de trabajo en el año anterior a la percepción del subsidio. Los ocho gobernadores civiles dieron, asimismo, su acuerdo a la firma de convenios entre la Junta de Andalucía y el Inem para que los jóvenes obreros del campo que soporten cargas familiares reciban becas-salario por importe de 8.000 pesetas.Tanto Comisiones Obreras del Campo como el Sindicato de Obreros del Campo se pronunciaron ayer en contra del nuevo sistema. Jesús Bernabé, secretario de información de CC OO de Andalucía, indicó que "parece un intento de desprestigiar a los trabajadores del campo, que lo que quieren es trabajar y sentirse útiles, no recibir un dinero a cambio de ninguna rentabilidad". Se manifestó también en contra de la escasa cuantía del subsidio, poco más de 800 pesetas diarias, y de los seis meses como plazo máximo de percepción.

Semejante razonamiento se hacía Francisco Casero, uno de los líderes más conocidos del SOC, para quien "en Madrid siguen sin enterarse de los problemas de Andalucía". La dignidad del jornalero está en su trabajo, razonó Casero, y si se le quita éste, como apunta el proyecto, se convierte en un paria que vive de la beneficencia pública.

En otro orden de cosas, cinco jornaleros de Villamartín, en la provincia de Cádiz, han ingresado en el depósito carcelario de Arcos de la Frontera por orden del juez, al haberse negado reiteradamente a abonar las multas que les fueron impuestas en marzo de 1980, a raíz de que se presentaran a trabajar en diversos cortijos de la comarca sin autorización de los propietarios. Cuatro de los trabajadores tendrán que cumplir cuatro días de arresto sustitutorio, y el otro, dos, días. Anteanoche una veintena de trabajadores agrícolas inició un encierro de protesta en el ayuntamiento.