Los campos españoles ya huelen a pólvora

Esta madrugada, en Escalona, en Aranda de Duero, en Tarancón, en La Carolina, en cualquier localidad próxima a los terrenos tradicionalmente cinegéticos, se ha vivido una intensidad que sólo puede darse cada segundo domingo de octubre. Personajes con trajes camperos, cananas al cinto, perros, han inundado los bares que permanecen abiertos toda la noche. Había que tomarse el primer cafelito. Poco después, antes de que saliera el sol, el campo ya olía a pólvora. Ha sido la apertura de la temporada de caza, que moviliza a 1.200.000 cazadores, mueve más de 100.000 millones de pesetas y significa la muerte de 10 millones de especies de caza menor y 70.000 de caza mayor.

España es un país cazador por excelencia. A la dependencia del hombre sobre la caza para subsistir continuó la tradicional afición de los reyes a cazar. La diferencia de clases permitió después, a lo largo del tiempo, que la caza se siguiera practicando en su doble vertiente: para mitigar el hambre y para recrear el ocio de los pudientes. Había caza para todos. El clima, la orografía y la variedad y cantidad de especies hicieron de la península Ibérica un paraíso de la caza menor en todo el mundo. Ahora la caza es una actividad que se practica por afición. Se le considera un deporte, pero con todo un negocio montado a su alrededor. La caza comenzó a tener dueños. No era del que la mataba, sino del que la tenía en sus tierras. Y las tierras comenzaron a arrendarse. Ahora España es un inmenso coto de caza. De los 50 millones de hectáreas que tiene España, 36 están acotadas.El resto es lo libre, es decir, a donde acuden los cazadores modestos, porque ahí la caza sí es de quien la mate; son zonas esquilmadas por la presión a que se ven sometidas cada temporada o donde cazar no es cómodo por las características del terreno. Son lugares para Rodolfo de Asas, recientemente fallecido, o Parrita, el maestro de Cogolludo, o Leonardo, que es pastor en Albacete, o Berlanga, uno de los guardas de la serranía de Ronda, cazadores todos ellos que están muy cerca de la figura legendaria de Juan Lobón. Para lograr allí una percha de perdices hace falta algo más que unas piernas de acero; es preciso vivir y sentir como un animal más del monte. La afición por la caza no parece haber encontrado su límite. Hay censados 1.229.153 cazadores. Barcelona (88.961), Madrid (85.499) y Valencia (71.309) son las provincias con mayor número de licencias de caza. Estas tres provincias no son las más afortunadas cinegéticamente hablando. Se registra, por tanto, una migración de los cazadores hacia las mejores zonas de caza donde el número de cazadores es menor, quizá porque no tienen donde cazar.

Pero porcentualmente el número de cazadores es aún mayor en Teruel, Guadalajara, Huesca y Navarra, donde de cada 100 habitantes, seis son cazadores. En Barcelona y Madrid, en cambio se encuentra el porcentaje más bajo en la relación licencias de caza/población total, ya que no llega al 2%.

La licencia de caza la facilita el Icona y se obtiene sin ningún examen -lleva varios años queriéndose implantar- y cuesta un máximo de 1.995 pesetas. El precio para cazadores extranjeros es de 16.020 pesetas. Los cazadores vienen a matar cada temporada unos 10 millones de animales. La mitad son conejos; el resto, perdices, liebres, codornices, patos y palomas. En caza mayor se cazan 40.000 jabalíes y 20.000 venados; el resto de especies de caza mayor -cabra, gamo, corzo, rebeco, muflón y arruí- supone una cifra mínima, ya que al estar controlados en las reservas nacionales se cazan bajo un cupo restringido, que resulta necesariamente muy bajo al ser todavía escasa su población.

El dinero de la caza

La caza en España es una actividad que mueve al año más de 100.000 millones de pesetas. La mayor parte corresponde a la caza menor, con 80.000 millones. La caza mayor, con las monterías en los cotos privados y los recechos en las reservas naciones, ponen el resto, mientras que el gasto que representa arrendar un terreno para transformarlo en coto se hace incalculable.Los puestos de trabajo fijo que genera la caza suponen casi 50.000 millones de pesetas al año por los más de 70.000 guardas de caza que cobran un mínimo de 40.000 pesetas con 14 pagas. A éstos hay que añadir otro tipo de personal contratado y auxiliar, ya que en la temporada de caza los pagos a ojeadores y secretarios alcanzan los 7.000 millones de pesetas.

Los cartuchos que se disparan en una temporada superan los 100 millones, lo que significa un gasto superior ampliamente a los 2.000 millones de pesetas. Los gastos de transporte, manutención, alojamiento, gratificaciones y el valor del producto cárnico eleva la cifra a los 60.000 millones, contando el capítulo anterior de los puestos de trabajo fijos.

Queda un último apartado en la caza menor, valorado en 20.000 millones de pesetas. Éstos se engloban en los precios que alcanzan los puestos que se ponen a la venta en las cacerías que tienen como finalidad el aspecto crematístico. Matar una sóla perdiz, y sin derecho a que el cazador se la quede, viene a suponer una media de 1.500 pesetas.

La caza mayor, donde el negocio de la caza es más ostensible con la aparición de organizaciones que se dedican profesionalmente a la explotación cinegética, mueve 10.000 millones de pesetas, cifra sensiblemente inferior a la anterior, pero que está en función del menor número de cazadores que practican esta modalidad.

En las monterías comerciales un puesto se llega a vender por 300.000 pesetas, sin garantías, no ya de matar algún venado, sino de verlos tan siquiera. En caso de matar alguno, el cazador únicamente tiene derecho a llevarse la cuerna. La carne queda en poder de la organización para dirigirla hacia el mercado centroeuropeo. Si se quiere realizar una caza de selección, es decir, de pretender cazar un excepcional trofeo, la caza se practica a rececho, generalmente en las reservas nacionales del Icona y el capricho puede suponer un desembolso cercano al millón de pesetas. El Icona también dispone de terrenos para la caza menor. Éstos son los cotos sociales, donde se paga una cuota de entrada de 1.200 pesetas y 150 pesetas por pieza cobrada, hasta un máximo de seis. Los permisos se conceden por sorteo. Hay 53 de estos cotos, repartidos en 24 provincias.