Los precios al consumo subieron el 1,3% en agosto debido a un incremento del 2,9% en alimentación
El índice de precios al consumo (IPC) subió en agosto pasado 1,3 puntos, debido a un alza del 2,9% en el capítulo de alimentación, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Pese a que el aumento general es casi una cuarta parte del acumulado en los siete meses anteriores, los primeros altos cargos de la Administración en conocer la noticia se mostraron satisfechos, pues temían elevaciones mayores. Uno de ellos declaró a este periódico que ya es prácticamente imposible la revisión salarial en septiembre.
Superior en medio punto al de agosto de 1982 y en un punto al de julio último, el incremento calculado ayer sitúa oficialmente la inflación acumulada durante los ocho primeros meses del año en el 7%, es decir, 2,9 puntos menos que en igual período del año pasado. La tasa anual (aumento de los 12 últimos meses) queda en el 11%, con caída de 3,7 puntos sobre la registrada en iguales fechas de 1982.La salida del IPC fue comunicada enseguida por teléfono al ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer, quien está en la capital norteamericana. Aparte de alimentación, capítulo en el cual no ha bajado de precio ningún producto -en julio el índice acusó fuertes descensos en frutas frescas y otros de menor intensidad en artículos de gran peso, como patatatas-, el subgrupo de vivienda se ha encarecido un 1%. El aumento de esparcimiento, deportes, cultura y enseñanza ha sido del 0,6%. También han subido el 0,5% los capítulos de transportes y comunicaciones y otros gastos. Los renglones más moderados han sido vestido y calzado y menaje y servicios para el hogar, con el 0,2% cada uno. Los servicios médicos y de conservación de la salud han tenido un 0,3%.
Según fuentes gubernamentales, hay todavía un margen unportante, que será agrandado cuando el próximo mes se confirme la no revisión salarial, para conseguir el objetivo de que los precios al consumo no suban este año más del 12%. En los cuatro últimos meses de 1982, con el efecto de la revisión salarial, el IPC creció algo más de cuatro puntos. En caso de que se repitieran las mismas magnitudes, el indicador oficial de la inflación terminaría 1983 con poco más de un 11%.
El margen es más notable si se considera que en el segundo semestre del presente ejercicio la política monetaria trata de desacelerar la masa disponible a una banda del 6%-9%, frente al 13% anunciado como media para 1983 y logrado en el primer semestre.
La preocupación
La gran preocupación de la Administración económica para el segundo semestre se centraba en la evolución de los precios alimenticios, que ponderan más del 40% en el IPC y habitualmente han demostrado cierta autonomía hasta de la política monetaria. Su cambio de signo con respecto a la positiva evolución de los seis primeros meses fue vaticinada en el verano (véase EL PAIS del pasado día 2), cuando diversos altos cargos aconsejaron medidas para aumentar la oferta agraria a corto plazo, como reducir las existencias acumuladas de productos, estudiar ciertas importaciones, etcétera.
Desde las primeras semanas de julio habían subido con fuerza los precios testigo de las princípales carnes (porcino, añojo, pollo y ovino), así como las de huevos y, especialmente, el maíz. Este producto, sujeto a masivas importaciones y afectado por el alza del dólar, es para España de extraordinaria importancia en la alimentación animal. Se esperaba que la mayor demanda veraniega por efecto del turismo complicara la situación, y que el habitual descenso de los precios alimentarios en los últimos meses del año, por la entrada de frutas y hortalizas de estación, fuera paliado el próximo otoño por el efecto de la sequía.
Semanas después de tales vaticinios, era publicado el IPC de julio: 0,3 puntos de subida general y cero puntos en alimentación. Los datos sorprendieron a quienes esperaban desde julio el freno en la contención de los precios. Al parecer, en la moderación influyó el hecho de que en julio disfrutaron vacaciones gran parte de los encuestadores que estaban encargados de recoger los 74.000 datos con que se elabora cada índice mensual. Mientras tanto, el Gobierno todavía no ha decidido establecer medidas correctoras.
