El fiscal general del Estado solicita mayor rigor para decretar la puesta en libertad provisional en los casos de atraco
La relativa facilidad que encuentran muchos autores de robos y atracos para obtener la libertad provisional mediante el depósitos de fianzas poco elevadas, ha llevado al fiscal general del Estado, Luis Antonio Burón, a dirigir una circular a todas las fiscalías territoriales y provinciales.En ella solicita un endurecimiento en las medidas cautelares, y pide a los fiscales que interpongan, en su caso, recursos contra las decisiones judiciales consideradas excesivamente benévolas, mediante la petición de "la inmediata prisión provisional".
Las tensiones entre algunos estamentos judiciales y la policía, derivadas de lo que en medios del Ministerio del Interior se califica, privadamente, como "excesiva benevolencia" frente a determinados tipos de delito, parece haber desembocado en la circular de la Fiscalía. El texto del comunicado recuerda a los fiscales que deben solicitar "la inmediata prisión incondicional para los autores de los delitos de robo con violencia o intimidación en las personas cuando la cuantía de lo robado supere las 30.000 pesetas, lleven armas u otros instrumentos peligrosos y se realicen en casa habitada, asalten tren, buque, aeronave, automóvil u otro vehículo o se cometa contra oficina bancaria o cualquier otra en que se conserven o custodien caudales o contra la persona que los custodie". En los restantes casos, afirma la circular, los fiscales pedirán al Juzgado, como regla general, la prisión del responsable hasta que pague la fianza, cuya cuantía se aconseja que se eleve considerablemente.
La circular está motivada por la disposición de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que prevé que los reos de prisión menor -de seis meses y un día a seis años- pueden beneficiarse de libertad provisional. Sin embargo, a juicio de la Fiscalía, existen casos y circunstancias -peligrosidad, reincidencia- en los que una pena de prisión menor calificada por el juez instructor pudiera convertirse en prisión mayor a juicio del Tribunal calificador y no procedería, por tanto, la libertad condicional.
El alarmante aumento de este tipo de delitos -tan sólo en Madrid se ha producido un incremento de cerca de un 35% de robos y atracos en los primeros ocho meses de este año, en relación con el anterior- habría sido uno de los móviles de la decisión de enviar la circular. Ésta fue valorada positivamente en medios gubernamentales, ya que, según éstos, "debe tener también una incidencia favorable en el ánimo de los jueces, en cuanto que responde a un fenómeno social y a una realidad, como es la de que muchos de los que se benefician de la libertad provisional reinciden en la comisión de delitos". Los mismos medios gubernamentales admiten que otro porcentaje significativo en el aumento de delitos contra la propiedad coincide con las excarcelaciones de presos preventivos.
Las citadas fuentes manifestaron también su convencimiento de que el aumento de la delincuencia va a ser uno de los principales ataques de la oposición contra el Gobierno, en el debate parlamentario de hoy. Por ello, junto con la presentación de la ofensiva del Ministerio del Interior para mejorarla seguridad ciudadana, el Ejecutivo ha preparado según fuentes solventes, los correspondientes informes sobre excarcelaciones en tiempos en que Fernando Suárez era vicepresidente del Gobierno o cifras de delincuencia cuando Fraga era ministro del Interior, temas ambos que serían utilizados "en caso de que el debate adquiera un "tono inconveniente".
