El Partido Comunista Portugués solicita la inconstitucionalidad de la reprivatización de los sectores nacionalizados

El Partido Comunista de Portugal (PCP) ha solicitado al Tribunal Constitucional de ese país que declare inconstitucional la autorización parlamentaria dada al Gobierno para legislar sobre la apertura a la iniciativa privada de sectores nacionalizados con posterioridad a la revolución de 1974.

La autorización para reprivatizar sectores tales como la banca, seguros, cementos y abonos, que ahora intenta bloquear el PCP, fue aprobada por mayoría en el Parlamento portugués el pasado mes de julio. El Ejecutivo, compuesto por la coalición socialista-socialdemócrata, deberá elaborar, antes del próximo 19 de noviembre, una nueva ley que abra de nuevo a los empresarios privados el acceso a estos sectores.

Aunque el mandato legislativo al Gobierno se ve condicionado a garantías objetivas de solidez de las nuevas empresas y se establece el principio de no discriminación de las compañías portuguesas frente a las extranjeras, así como la defensa del interés nacional, para el PCP la apertura de estos sectores a la iniciativa privada viola la garantía constitucional de las nacionalizaciones de los sectores básicos de la economía. En este sentido pretende apoyar su demanda de inconstitucionalidad de la iniciativa parlamentaria.

La alteración de la ley de separación de los sectores Público y privado en la economía portuguesa fue intentada varias veces por los Gobiernos de Alianza Democrática, de corte centro-derechista, pero estas propuestas encontraron siempre la oposición del Consejo de la Revolución, al que competía velar por el cumplimiento de los preceptos constitucionales.

El Tribunal Constitucional

Tras la desaparición del Consejo de la Revolución, a finales del pasado año, dando con ello por terminado el período de transición al sistema democrático, iniciado en abril de 1974, el Consejo de la Revolución fue sustituido por el Tribunal Constitucional.Este órgano, integrado por jueces designados en su mayoría por los partidos políticos, y en relación directa con su representación parlamentaria, se pronunciará sobre la conformidad de las leyes con el ordenamiento constitucional vigente, siempre que lo solicite alguno de los órganos de respresentación popular, como en este caso ha ocurrido con el Partido Comunista de Portugal.

Sin embargo, esta Propuesta de ley no podrá ser rechazada si se confirma por una mayoría de dos tercios del Parlamento. Actualmente, la coalición en el Gobierno cuenta con esta mayoría, por lo que previsiblemente la norma será dictada antes del plazo previsto.

Por otra parte, cerca de un millón de portugueses pueden quedar sin empleo durante el próximo año, según estimaciones realizadas en medios políticos y económicos de Lisboa, a la luz de la legislación que prepara el Gobierno en materia laboral.

La abultada previsión supone más del 10% de la población total del país y más de un 22% de su población activa, cifrada en torno a los 4,5 millones de personas.