La Coordinadora de Presos de Carabanchel anuncia que promoverá medidas de presión contra la lentitud en las excarcelaciones

La Coordinadora de Presos de la cárcel madrileña de Carabanchel, un movimiento asociativo que afirma representar a la mayoría de los reclusos, anunció ayer en una conferencia de prensa que los internos tomarán medidas de presión contra la lentitud que, en su opinión, se está registrando en las excarcelaciones que devienen de la aplicación de las reformas del Código Penal y la ley de Enjuiciamiento Criminal.Según los miembros de la Coordinadora, en estos momentos existe una situación de reclusión ilegal de un alto número de internos, situación ocasionada, en su opinión, por la inoperancia de las administraciones de justicia y de las instituciones penitenciarías. En este fin de semana se realizarán asambleas en las galerías de la cárcel para decidir las medidas a tomar.

Los miembros de la Coordinadora propondrán en las asambleas una huelga de hambre de un número limitado de internos, con el fin de evitar las acciones de mayor violencia que pueden producirse a causa de la alta tensión que reina entre los reclusos por culpa de las esperanzas de libertad que está frustrando la lentitud administrativa. Las reformas del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que entraron en vigor hace unas semanas, prevén una reclusión máxima de seis meses para los presos preventivos -aquellos sobre los que no ha recaído sentencia firme-, que se amplia a un año y medio en los delitos graves, y dos años y medio para los considerados casos complejos, como los de terrorismo.

Otro aspecto denunciado por la coordinadora es la escasa aplicación de las reducciones de penas previstas en la reforma, lo que, en su opinión, está originando el que continúen encarcelados reclusos que en virtud de las nuevas disposiciones legales ya habrían cumplido sus penas. Los internos denuncian la escasa dotación de personal para agilizar los trámites de revisión de los expedientes, y la lentitud con la que los jueces están dando las órdenes de libertad, situación que se agrava ante el período de vacaciones judiciales.

La coordinadora opina que no se puede promulgar una ley sin dotar a los organismos competentes de los medios técnicos necesarios para su efectiva aplicación.

El director en funciones de la cárcel de Carabanchel, José Manuel Carrasco, explicó por su parte que la aplicación de la Ley corresponde a los órganos judiciales, y que la dirección de la cárcel no puede poner en libertad a un interno mientras no reciban la órden de excarcelación. Opinó que, pese a las vacaciones, la administración de la cárcel está funcionando a pleno rendimiento.

Sin embargo, según la Coordinadora, la dirección del centro no está trabajando suficientemente para informar a los órganos judiciales de la situación de los reclusos que deberían ser puestos en libertad.

En opinión de los miembros de la Coordinadora, no se está cumplíendo una circular de la Fiscalía General del Estado según la cual los jueces deberán explicar por escrito los motivos por los que se demora la excarcelación de los reclusos beneficiados por la reforma legal. Asimismo, expresaron su temor a un boicot a la ley por parte de los jueces. "No pedimos migajas, sino que se respete la voluntad del legislador", añadieron. Denunciaron también los retrasos ocasionados por la desinformación de los órganos judiciales, que, en algunos casos, envían las notificaciones sobre la situación de los reclusos a centros penitenciarios donde ya no se encuentran, al haber sido trasladados.

En la cárcel de Carabanchel están recluídos en la actualidad 1.126 presos, de los cuales un 80% son preventivos, según datos proporcionados por el director en funciones del estabecimiento, que índicó también que unos 400 internos han salido de la cárcel beneficiados por la reforma, y que espera la salida de otros 200 por el mismo motivo.

Por otra parte, el Consejo General del Poder Judicial informó de que, según datos facilitados por la Audiencia Provincial de Madrid, ésta ha ordenado ya la puesta en libertad de 1. 162 presos preventivos cuyas causas son seguidas en ese tribunal. Actualmente quedan 117 preventivos, de los 1.279 que había antes de la aplicación de la reforma penitenciaría. Estos datos se refieren a las situaciones que tramita la Audiencia de madrid -muchos de los reclusos afectados están en diversas provincias-, y no a los presos que existen en las cárceles madrileñas, que reciben reclusos dependientes de otras audiencias.