Los abogados de Rumasa y de Ruiz-Mateos pueden llegar hoy a un acuerdo provisional sobre la marca de jerez Dry Sack

Los abogados de Rumasa y de José María-Ruiz Mateos pueden llegar hoy a un acuerdo provisional sobre la marca de jerez Dry Sack, que continuaría en manos de la empresa expropiada Williams and Humbert. En cambio, no se vislumbra ningún acuerdo posible en relación con Multinvest, la teórica propietaria de las empresas de Rumasa en el exterior. La vista preliminar continuó ayer ante la Sala 40 del Alto tribunal de Londres. Paralelamente, un representante de Rumasa afirmó ayer que continuarán abiertas las 240 tiendas de la empresa Augustus Barnett, que se encuentra bajo administración judicial a causa del proceso de quiebra solicitado por el National Westminster Bank, su principal acreedor.

En el caso de Dry Sack, el abogado representante de Ruiz-Mateos, Donald Nicholls, propuso un acuerdo por el que la marcha podía seguir siendo utilizada por Williams & Humbert hasta que los tribunales británicos se pronuncien definitivamente sobre la titularidad. Se suprimiría el nombramiento de un administrador judicial y se consignaría en el registro de empresas del Reino Unido que la marcha Dry Sack está sometida a litigio, para evitar operaciones con terceros. Los abogados de Williams & Humbert propusieron a su vez algunas modificaciones en el texto del acuerdo, para garantizar la no interferencia de Ruiz-Mateos en el uso de la marca. Las conversaciones proseguirán hoy pero parece que el acuerdo está al alcance de la mano.En el otro gran tema, el control de Multinvest y de sus empresas, el abogado de Rumasa, Colin Brodie-, prosiguió su relato sobre el camino recorrido por los créditos que concedieron los bancos del holding, por un valor de 46 millones de dólares. Brodie presentó ayer diversos testimonios de expertos sobre las presuntas irregularidades cometidas, y sobre la responsabildad directa de José María Ruiz-Mateos, quien, según los nuevos administradorers de Rumasa, utilizó también en dichas operaciones depósitos bancarios de españoles no residentes.

El abogado de Rumasa leyó los artículos de la Constitución española en los que se basó el Gobierno para expropiar el holding y explicó al juez tanto el decreto-ley por el que se efectuó la expropiación, como la ley que aprobó posteriormente el Parlamento español. Se trataba de contrarrestar los argumentos del abogado de Ruiz-Mateos en este caso, Allan Hayman, quien presentó una declaración de su colega español Matías Cortés con los argumentos por los que estima que el decreto-ley fue inconstitucional y resaltando que el Tribunal Constitucional aún no se ha pronunciado al respecto.

La historia de las fotocopias

Gran parte de la jornada se dedicó al examen de un problema que no afecta directamente al fondo del litigio: fotocopias ilegales de algunos documentos. Cuando el pasado mes de marzo un juez británico dictó una orden bloqueando Multinvest, los archivos y documentación de dicha sociedad quedaron depositados en el bufete Herbert and Smith, defensores de los intereses de Rumasa y del Gobierno español. Los documentos sólo podían ser utilizados, según la ley británica, en el litigio concreto Rumasa contra Multinvest. Sin que se diga exactamente cómo, 409 fotocopias de dichos documentos se encuentran ahora en el auto de procesamiento de José María Ruiz-Mateos, en España.

Al parecer, un empleado de Multinvest, que tenía acceso al despacho, sucumbió ante las presiones de funcionarios del Banco de España, que consideraban que dichos documentos eran de su propiedad y accedió a fotocopiarlos. Colin Brodie se disculpó por este incidente e intentó explicar las razones de los funcionarios españoles, pero el abogado de Ruiz-Mateos protestó ante lo que consideré un intento de justificar prácticas prohibidas por las leyes británicas. El juez pidió que se identificaran los documentos fotocopiados, pero Brodie afirmó que era imposible porque el bufete lo ignoraba. La vista proseguirá hoy, y no parece que el juez pueda pronunciarse hasta el próximo lunes.

Por otra parte, Nigel Hamilton, uno de los administradores judiciales de la empresa Augustus Barnett, del grupo Rumasa, declarada en suspensión de pagos, confirmó ayer que las 240 sucursales seguirán abiertas al público.

El National Westminster Bank, principal acreedor de Augustus Bamett, empresa bajo la administración oficial del Gobierno español, había solicitado el nombramiento de administradores judiciales por la insolvencia de esa compañía.

Por otra parte, José María Ruiz-Mateos señaló ayer a Efe que el nombramiento de un administrador judicial para Augustus Barnett es "un pésimo antecedente" para las bodegas españolas. "Una de las consecuencias más graves de la situación actual de Augustus Barnett", continuó el ex presidente del grupo, "es que dispone de medio millón de cajas de vino de jerez, que pueden ser lanzadas al mercado con la liquidación de la empresa y provocar una caída importante de los precios".