La ley de Territorios Históricos enfrenta al PNV con el PSOE y EE en el Parlamento vasco

La ponencia que debatía la ley de Territorios Históricos en el Parlamento vasco quedó rota el jueves, después de cinco meses de existencia, sin alcanzar ningún acuerdo, y tras constatar todos los grupos parlamentarios la imposibilidad de conciliar en un texto único consensuado los cuatro -uno por cada grupo- presentados. Según anunciaron los nacionalistas, lo más probable es que su texto sea remitido de nuevo a la Cámara en forma de proyecto de ley del Gobierno vasco.Los parlamentarios peneuvistas Guevara y Rubalcaba expusieron su deseo de agilizar al máximo el procedimiento para que el proyecto vaya a pleno a principios del otoño, y expresaron su voluntad de que, toda vez que el consenso se ha revelado imposible, la ley salga de la Cámara con el apoyo de, al menos, la mayoría absoluta de sus miembros; no obstante, anunciaron que no admitirán cambios sustanciales en la filosofía del proyecto y que si es preciso lo aprobarán sólo con sus votos. "Siempre será mejor la existencia de una ley, con la posibilidad de cambiarla si un día hay una nueva mayoría que lo considere necesario, que la ausencia total de norma", dijo Emilio Guevara.

Tanto los socialistas como Euskadiko Ezkerra han atacado duramente la actitud del grupo nacionalista, al que tachan de inflexible. "Si se confirma esta línea de actuación", dijo el socialista Moreno Lombardero, "habrá que concluir que Euskadi como entidad política ha dejado de ser un proyecto para el PNV, que ha optado por un país configurado como un conjunto de entidades totalmente independientes, en las que el diputado general de cada provincia sea una especie de caudillo que sólo responda ante Xavier Arzallus y el, batzoki correspondiente; y eso es institucionalizar el caciquismo absoluto sin ningun control".

Los diputados Lizundia e Infante, de Euskadíko Ezkerra, acusaron al PNV de haber roto el espíritu del Estatuto de Autonomía y de estarse preparando el atrincheramiento en los poderes provinciales, ante la eventualidad de perder el gobierno en futuras confrontaciones electorales.

Ambos grupos de la oposición coincidieron en señalar que el proyecto de los nacionalistas haría ingobernable el país en el momento en que el Gobierno esté en unas manos y las diputaciones en otras, e hicieron notar el silencio del Gobierno vasco ante el tema. "El Gobierno", señaló Infante, "ha sido el gran ausente en este proceso, no ha asistido a ninguna reunión de la ponencia y tengo la impresión de que se halla descolocado y con la batalla perdida ante las tesis foralistas de Guevara y una parte del PNV".

Una ley difícil

La ley de Territorios Históricos es una de las normas básicas del desarrollo estatutario vasco. Debe definir las relaciones y la delimitación de poderes y competencias entre el Gobierno vasco y las tres diputaciones forales y lleva más de dos años en el Parlamento vasco.El 29 de mayo de 1981, el Gobierno vasco presentó en la Cámara un proyecto, considerado aceptable como punto de partida por la izquierda, pero que fue contestado públicamente por el diputado general de Álava -que amenazó con su dimisión- y por un sector del propio PNV, que consideraron el texto lesivo para los poderes provinciales. El debate parlamentario quedaba bloqueado, mientras en el seno del Partido Nacionalista Vasco se desataba una larga crisis intema que no se cerró hasta que año y medio después, el 2 de diciembre de 1982, el Gobierno presentó un nuevo texto, en el que se ampliaban considerablemente las competencias de las diputaciones, en detrimento de las del propio Gobierno.

La oposición interpretó este hecho como una derrota del Gobiemo frente a su propio partido y se negó a admitir el nuevo texto como enmienda transaccional al primero, tal y como deseaba el Jendakari Carlos Garaikoetxea. Veinte días más tarde, el Gobierno se veía obligado a retirar su proyecto inicial, al tiempo que instaba a todos los grupos a constituir una comisión especial que consensuase, al modo que se hizo con la Constitución española, un texto común.

El día 19 de enero de este año sé formaba la comisión y se nombraba una ponencia en la que el grupo nacionalista asumió como propio el segundo proyecto del Gobierno, mientras el resto de los grupos elaboraban también sus propios textos.

Tras cuatro meses y medio de discusión sobre el método a seguir para el debate, la semana pasada comenzaban a contrastarse, artículo por artículo, los cuatro proyectos, y, ayer, antes incluso de llegar a los puntos más conflictivos, se disolvía la ponencia.