El Banco de Crédito Agrícola controlará todas las cajas rurales e integrará a la nacional

El Banco de Crédito Agrícola (BCA) se hará pronto con el control de las 130 cajas rurales, a partir del convenio marco ya pactado, y que sólo espera la ratificación de las partes, según trascendió ayer. Un primer paso será la paulatina integración en dicha entidad pública de la Caja Rural Nacional. La operación seguirá por la canalización de los créditos oficiales para el campo a través de la red de cajas rurales, que deberán ser auditadas y someter los nombramientos de directores al BCA, órgano público que les cederá cuatro de sus nueve puestos en el consejo de administración.

José Barea, presidente del BCA, ha explicado a este periódico que el convenio marco fue pactado el viernes y será ratificado en los próximos días por el banco y por cada una de las 49 cajas rurales provinciales, aunque también ha sido enviado a las 11 comarcales y 66 locales para que se puedan sumarse al mismo.A juicio de José Barea, el objetivo principal de ambas partes consiste en mejorar y agilizar la financiación al sector agrario, además de sanear las entidades con problemas. En conjunto, las cajas rurales, constituidas como cooperativas de crédito agrícola, reúnen la décima parte de las oficinas del sistema financiero, cerca de un 5% de los depósitos totales -sus recursos se aproximan a los 500.000 millones de pesetas- y más de un tercio de la financiación al campo (el resto está repartida entre el propio BCA y la banca privada).

La operación tiene sus antecedentes más inmediatos en los intentos de control protagonizados por el Banco de España durante los últimos años, la puesta en marcha -en octubre pasado- de un Fondo de Garantía de Depósitos y los problemas financieros que exigieron, entre otras, las intervenciones de las cajas de Santander, Jaén y, más recientemente, Sevilla y Palencia. Vencidas las resistencias que ofrecía el dominio ejercido por el aparato de¡ antiguo régimen hasta la sustitución de Domingo Solís en la Caja Rural de Jaén, la Caja Rural Nacional y el Consorcio de Cajas Rurales, ahora se trata de encontrar una salida global, dentro de la reforma del sistema financiero que promueve el Gobierno.

Según el presidente del BCA, independientemente de la futura ley de Cooperativas, el crédito oficial al campo, carente de red comercial, se consolidará a través de las cajas rurales. Los actuales 7.000 millones de pesetas colocados este año por ellas se multiplicarán por ocho o nueve. Con esta descentralización, repartirán las inversiones del BCA (ahora, 200.000 millones de pesetas de cartera viva, que aumentará este año en un 15%), de acuerdo con el límite que se fije a cada caja. Mientras, los tres millones de pesetas establecidos actualmente por concesión serán revisados al alza, el agricultor no tendrá que trasladarse a Madrid para pedir el préstamo y luego otra vez para formalizarlo después de conseguirlo.

Auditoría previa

Las cajas que firmen el convenio para acceder a este reparto tendrán que someterse a una auditoría, salvo que lo hayan hecho en fecha reciente y a cargo de una firma de prestigio, dentro de la política que ha promovido el Banco de España. A cambio de participar en la inversión del BCA y de poder proponer al Gobierno el nombramiento de cuatro de los nueve consejeros del banco, el director general que designe el consejo de cada caja, en función de la legislación sobre cooperativas, podrá ser vetado por el nuevo consejo del BCA siempre que haya unanimidad de sus nueve miembros.Durante las negociaciones que culminaron el viernes, esta medida y el calendario para la integración de la Caja Rural Nacional en el BCA han sido los asuntos más espinosos. Al final, el banco ha cedido en su posición inicial de que hubiera simple mayoría para la paralización de los nombramientos. Por su parte, la comisión de cajas provinciales formada para negociar ha admitido que la Caja Rural Nacional desaparezca en seis meses como entidad financiera (gestionaba sus excedentes de tesorería, coeficientes de inversión y coeficiente de liquidez) y antes de tres años decidirán sobre sus otras operaciones.

Según José Barea, el plazo para la firma de convenios individuales será de seis meses, pero la mayoría lo harán en dos.