La Federación de Fútbol devolverá 200 millones al Consejo Superior de Deportes

La Federación Española de Fútbol recibió ayer la sentencia del Tribunal de Cuentas referente a la contabilidad de dicho organismo en el año 1978. Como resultado de la gestión de Pablo Porta, cerca de 200 millones de pesetas deberán ser devueltos al Consejo Superior de Deportes (CSD) por no haber sido empleados durante el año para el que fueron destinados e incluidos sin utilización en un fondo de reserva. La anterior dirección del CSD resulta también criticada, pero el actual secretario de Estado Romi Cuyás intentará que dicha sentencia sea del conocimiento público, una vez que hoy tenga acceso a la misma.

La larga aventura por la que atravesó la auditoría realizada por el Instituto de Censores Jurados de Cuentas sobre la contabilidad de la Federación Española de Fútbol del año 1978 acabó ayer con la notificación a dicho organismo de la sentencia que el Tribunal de Cuentas, el más alto organismo fiscalizador que podía entender sobre el tema, ha fallado. En el intervalo, han transcurrido cinco años por los que se ha desarrollado la acción de censores de cuentas, interventores del Estado, un juez instructor y varios censores del Tribunal de Cuentas. Cuatro organismos, Consejo Superior de Deportes, Ministerio de Cultura, Ministerio de Hacienda y Tribunal de Cuentas, han revisado, con mayor o menor disposición para una resolución eficaz, la contabilidad de dicha Federación.Finalmente, la cantidad que se considera no justificada, y que ronda los 200 millones, es inferior a la estimada por el juez instructor, que la cifró en 677 millones. Un extenso capítulo de facturas correspondientes a partidas gastadas por las federaciones regionales, que superaban entre ellas los 300 millones de pesetas y en las que se suponía radicaban las deficiencias más graves de la administración que presidía Pablo Porta, han recibido un visto bueno en lo que afecta al año 1978.

El Consejo Superior de Deportes aparece como responsable inductor de la escasa justificación que recibían muchas partidas, mientras que en este caso la Federación representa el papel de inducida, es decir, el Tribunal considera que el CSD tenía una responsabilidad superior. Sin embargo, y dado que las auditorías contables de la citada Federación durante años posteriores continuaban ofreciendo resultados negativos, el Tribunal de Cuentas se verá obligado a entrar en esta materia con posterioridad.

La Federación Española de Fútbol recibió con resignación una sentencia que culmina un proceso que tuvo momentos de alarma para dicho organismo, cuando las cifras que se manejaban triplicaban la cantidad finalmente solicitada. Por ello, incluso, la Federación se mostró moderada en su pliego de descargos, con lo cual parecía aceptar. tácitamente la sentencia que le iba a ser comunicada y, por tanto, no intentó retrasar el proceso final de su resolución.

A la Federación le corresponde ahora la decisión de hacerla pública, quizás mediante la convocatoria de una conferencia de prensa. De lo contrario, sucedería el caso curioso de que otros organismos, caso del CSD, se verían en la obligación de hacerlo.

La Federación, posiblemente, quiera dejar clara su limpia administración 3, haga hincapié en aquellos párrafos que puedan culpar a los anteriores gestores del Consejo Superior de Deportes. El Tribunal de Cuentas, por último, sólo pudo entrar a conocer sobre la justificación de fondos públicos, pero no sobre la corrección de su materialización, que corresponde enjuiciar a quienes gestionan la política deportiva del país.