Próximo envío a las Cortes de trascendentales proyectos sobre educación , justicia, seguridad y autonomías

Las próximas semanas marcarán un período de intensa actividad legislativa por parte del Gobierno de Felipe González, que se acerca a sus primeros seis meses en el poder con un importante bagaje de actividad a sus espaldas. Sin embargo, el Gabinete deberá abordar, antes del verano, algunos proyectos de ley de urgencia inexcusable en materias que habían sido aparcadas durante años por sucesivas Administraciones: reforma jurídica, reforma educativa, reforma del servicio militar o descentralización cultural, por ejemplo.

El Gobierno socialista parece decidido a emprender la tarea de modernizar legislativamente el país antes de que concluya su primer año de mandato. Salvo excepciones, el balance de los 160 primeros días de gobierno de Felipe González muestra que el calendario legislativo anunciado en su día por el secretario de Estado para las Relaciones con las Cortes, Virgilio Zapatero, se ha venido cumpliendo.Los meses de mayo y junio marcarán un hito en esta actividad legislativa, ya que entre los compromisos suscritos por el Gobierno figuran el envío a las Cortes de varios proyectos trascendentes relacionados con la justicia (ley orgánica del Poder Judicial, ley de Reforma de la Iniciativa Legislativa Popular), con la educación (ley de Reforma Universitaria, ley de Financiación de Centros Escolares), con la seguridad ciudadana (ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado) o con la Administración territorial (ley de Régimen Local). "Vamos a cumplir, y a sobrepasar, el calendario previsto", anuncia, orgullosamente, Ligorio Hierro, subsecretario de Justicia, el departamento que, sin lugar a dudas, ha acometido más activamente la tarea legislativa. La reforma urgente del Código Penal, ya discutida en el Congreso de los Diputados, y la reforma de la ley de Enjuiciamiento Civil, enviada a las Cortes tras el último Consejo de Ministros, se verán seguidas, en pocas semanas, por un proyecto de iniciativa legislativa popular, que faculta a los particulares para enviar a las Cortes un proyecto de ley, siempre que esté avalado por 500.000 firmas.

También será aprobado en breve por el Consejo de Ministros el proyecto de ley orgánica del Poder Judicial, que esta misma semana pasará a manos del Consejo General del Poder Judicial, y del que pocos detalles se conocerán hasta entonces. Al margen de ello, el Ministerio de Justicia prepara un proyecto de ley que facilite la adopción de niños, una ley de extradición pasiva, otras de protección de los derechos fundamentales y de reforma de la jurisdicción contencioso-administrativa y concursal. Esta última tendrá una repercusión especialmente grande, porque actualizará la legislación en materia de quiebra y suspensión de pagos.

A finales de año verán la luz proyectos de ley de asociaciones, de sociedades anónimas, de arbitraje y una reforma urgente y parcial de la ley de Enjuiciamiento Criminal que, como ocurre con la reforma de la ley de Enjuiciamiento Civil, agilice y abarate los procesos.

Sin embargo, la tarea más importante encomendada al departamento que dirige el ministro Fernando Ledesma es la redacción de un nuevo Código Penal que incorpore las reformas urgentes ya debatidas y aprobadas en las Cortes, y que sustituya al obsoleto texto actual, que data de 1848. El nuevo Código Penal será enviado a las Cortes, según confía el subsecretario, antes de julio.

Otros proyectos elaborados por Justicia, como el de hábeas corpus o el de objeción de conciencia, se encuentran fuera del ministerio desde hace semanas, en espera de que se resuelvan sus litigios con el Ministerio del Interior, en el primer caso, y con Defensa, en el segundo. La objeción de conciencia deberá coordinarse con la regulación que reciba el tema en el proyecto de ley de Servicio Militar, ya prácticamente elaborado por el Ministerio de Defensa. El aspecto más polémico del proyecto no es, sin embargo, el de la objeción, sino el relativo a la posibilidad de que un elevado número de jóvenes pueda cumplir su servicio militar en sus regiones de origen, algo a lo que se oponen los mandos de los tres Ejércitos. Este proyecto, que contempla la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas y rebaja en tres años la edad de incorporación a filas, será el primero que envíe Narcís Serra a las Cortes. Otros proyectos en elaboración en Defensa son el nuevo Código de Justicia Militar, retribuciones para las Fuerzas Armadas, régimen disciplinario y organización militar.

En las próximas semanas, el Ministerio de Defensa deberá firmar, además, los nuevos acuerdos de colaboración militar con Francia y la República Federal de Alemania, el contrato definitivo de compra de los 84 aviones del programa FACA (con toda probabilidad, en favor del aparato norteamericano F-18A) y decidir sobre las varias opciones presentadas para la compra de misiles antiaéreos y de carros de combate para la próxima década.

Cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado

En Interior, el gran proyecto pendiente es la ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado si bien es posible que para evitar nuevos conflictos policiales se adopten antes algunas normas internas y unificación de servicios, como el del 091. Igualmente está pendiente el proyecto de ley de Policías Autonómicas y Locales, que entre otros puntos, restablecerá las competencias gubernativas de los alcaldes, creándose juntas locales de seguridad. Se potenciarán los planes de seguridad, especial mente el de la zona norte (pla ZEN), para lo que la próxima semana el director de la Seguridad del Estado celebrará una cumbre con el Gobierno vasco para examinar las instalaciones policiales. No se confirma la existencia en el seno del Gobierno de un plan de pacificación para Euskadi, que sería continuación de la fracasada mesa para la paz propuesta por el lendakari Garaikoetxea.

Los técnicos del ministerio que dirige José Barrionuevo trabajan en un plan-sorpresa de instalación masiva. de alarmas, conocido como operación identificación y, más jocosamente, como operación lapicero, que esperan disminuirá espectacularmente los robos y, en todo caso, permitirá una más rápida, identificación de lo robado Además, este departamento prepara el proyecto de ley de Protección Civil (que irá a las Cortes antes del verano), así como nuevas medidas de seguridad en carretera, y continuará la reforma de la Dirección General de Seguridad Todo ello al margen de las anunciadas medidas concretas de carácter antiterrorista que han levantado críticas en algunos sectores sociales.

Reformas educativas y culturales

El área educativa es, acaso, donde más ambiciosas reformas se prevén, aunque, como ha ocurrido con el filtrado proyecto de ley de Reforma Universitaria, no tengan una aceptación unánime. Aparte de la LRU, el Ministerio de Educación prepara el proyecto de ley de Programación y Financiación de la Enseñanza Privada, basado en la idea de que los padres, los sindicatos, los especialistas, etcétera, participen en los centros privados. La introducción en los centros de unos consejos escolares que dispondrían de amplias atribuciones parece haber suscitado no poca oposición entre las organizaciones educativas religiosas.

Tanto la reforma universitaria como el plan de reforma de la enseñanza media, en que parecen embarcados el ministro, José María Maravall, y su equipo, tendrán una aplicación paulatina, que concluirá en 1987. En este sentido, el próximo curso tendrá un carácter transitorio., especialmente en el ámbito universitario, donde ya se prepara una segunda fase de reforma, que afectará, sobre todo, a los planes de estudio. "Se trata de que cada alumno pueda ir haciendo su propio currículo", según definición de Emilio Lamo de Espinosa, de la Secretaría de Estado para Universidades.

La futura ley de Acceso a la Universidad, que estará precedida por un debate público, tratará de solucionar la disyuntiva entre limitación de número de estudiantes ol imponer un mayor coste social de los estudios universitarios para paliar la reconocida baja calidad actual de la enseñanza superior.

En Cultura, la descentralización parece ser la obsesión tanto del ministro, Javier Solana, como del subsecretario, Mario Trinidad. Hacer que la Orquesta Nacional y hasta los fondos del Museo del Prado recorran España son planes inmediatos del departamento, donde también se contempla la creación, a corto plazo, de compañías nacionales de teatro clásico y de lírica. El ministerio llevará a cabo una experiencia piloto, impulsando un programa de animación cultural en una provincia -aún no definitivamente seleccionada- para conocer el grado de participación popular al comienzo y al final del período de prueba. Para el próximo verano, Javier Solana pretende iniciar una universidad de vacaciones para jóvenes, que se desarrollará en Gijón.

El Gobierno está ultimando una reforma de la función pública que, entre otros aspectos, supondrá la fusión de algunos cuerpos de la Administración y una reforma de las atribuciones, reforma que se prevé que entre en vigor para el 1 de enero de 1984. Asimismo se pretende la movilidad del funcionariado a lo largo de todo el Estado y regular la participación de las comunidades autónomas en los gastos y prestaciones de personal.