AP resta importancia a la denuncia del PCE sobre fraude electoral

En ausencia de los grandes dirigentes políticos y sus confrontaciones, la impresión dominante es que sobra, por lo menos, una semana de campaña electoral. Ni siquiera los problemas locales juegan un papel decisivo en estos días de precalentamiento. Casi ningún partido está primando el programa municipal sobre sus propios rasgos de identidad política. En ausencia de un verdadero debate en tomo a las cuestiones que afectan a la ciudad, lo que atrae la atención es la presencia de personalidades. Adolfo Suárez saltó ayer a las calles de la región madrileña, flanqueado de Rosa Posada y Carlos Revilla, para defender, discretamente, sus conocidas ideas de moderación y convivencia

Alianza Popular restó importancia ayer a la denuncia presentada por el PCE, el pasado martes, según la cual la información que se, presta sobre el voto por correo en las sedes aliancistas de Madrid presenta indicios racionales de delito electoral. "Ha sido una chiquillada de dos militantes comunistas, a la que, pensamos, es ajeno el PCE", declaró ayer Alberto Ruiz Gallardón, asesor jurídico de AP.Ruiz Gallardón explicó que AP tiene montado un servicio de información acerca del procedimiento para votar por correo previsto en el artículo 57 del real decreto de 1977 sobre normas electorales. Este servicio, afirmó, es similar al establecido por el PSOE y consiste básicamente en ayudar al ciudadano a tramitar la solicitud de inscripción en el censo electoral, imprescindible para poder votar por correo certificado.

"Nuestras sedes no están camufiadas, sino a la vista, y todo el que entra en ellas sabe perfectamente en qué casa lo hace, así que se supone que los ciudadanos que van a informarse a ellas son, como mínimo, posibles votantes aliancistas", dijo Ruiz Gallardón. "Sin embargo", prosiguió, "al tramitar la documentación se le pregunta al elector a qué dirección quiere que le remita la junta electoral todas las papeletas de los partidos, y sólo en los casos en que éste la ignora de antemano, puesto que va a estar viajando o algo similar, se le indica si estaría interesado en que nuestro partido le tramitara el voto".

El asesor jurídico aliancista rechazó con energía la existencia de un posible delito de coacción. "La asistencia a este servicio de información y tramitación", dijo, "es puramente voluntaria. En todo caso, la prestación de este servicio puede ser considerada legítima propaganda electoral". Ruiz Gallardón piensa que el asunto no irá muy lejos.

Por su parte, José Luis Casas, asesor jurídico del PCE madrileño y promotor de la denuncia contra AP ante el juzgado de guardia, informó ayer que aún no la ha formalizado ante la junta electoral.