La Federación de Banca de UGT ha presentado en el juzgado de guardia una denuncia contra Rafael Termes, presidente de la AEB

La Federación de Banca de UGT ha presentado denuncia en el juzgado de guardia, contra Rafael Termes, presidente de la Asociación Española de la Banca Privada (AEB) por coacciones y obstaculización de los derechos sindicales, según confirmó ayer Justo Fernández, secretario general de la citada federación.Las acciones emprendidas contra Rafael Termes vienen a sumarse a las denuncias presentadas por CC OO y por la propia UGT contra los jefes de personal de los bancos Central e Hispano Americano y varios directores de sucursal de Sevilla y Las Palmas. Ayer unos 15.000 trabajadores de banca realizaron concentraciones y asambleas contra las medidas de la patronal.

El motivo de las denuncias es en todos los casos el mismo: la circular remitida por la AEB a los bancos, dándoles instrucciones para el establecimiento de los servicios mínimos durante los días de huelga convocados en el sector, 28, 29 y 30 de marzo, y los escritos dirigidos a algunos empleados bancarios, requiriéndoles su asistencia al trabajo.

La decisión de la patronal de establecer unos servicios mínimos durante el período de huelga ha enrarecido en forma considerable el ambiente de la negociación del convenio colectivo.

Los sindicatos, UGT, CC OO, FITC (Federación Independiente de Trabajadores del Crédito), ELA-STV e Intersindical Nacionalista de Trabajadores Gallegos (INTG), aducen que la AEB no ha cumplido con el requisito de acordar con los representantes de los trabajadores el establecimiento de los servicios mínimos. Por otra parte, subrayan que el personal requerido para atender estos servicios es excesivo y significa un intento por parte de la patronal de boicotear la huelga.

Intervención del Gobierno

La posibilidad, apuntada por los sindicatos, de que el Gobiernointervenga mediante un decreto de servicios esenciales podría introducir nuevos elementos de conflictividad.Justo Fernández advirtió ayer en una conferencia de prensa que en caso de que el Gobierno publicara un decreto en este sentido y que rebasara lo que los sindicatos entienden por estrictos servicios mínimos (vigilancia, mantenimiento y operaciones de carácter internacional que supusieran un serio quebranto para la economía nacional), la UGT llevaría al Gabinete ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El propio director general de Trabajo, consultado por las centrales sindicales, respondió ayer con un escrito en el que, según fuentes de CC OO, especifica que el establecimiento de los servicios mínimos compete a empresa y trabajadores, y que el Gobierno sólo intervendría en el caso de que los servicios tuviesen la consideración de esenciales para la comunidad, lo que está aún por decidirse.

Al parecer, los ministros de Trabajo e Interior se han mostrado contrarios a una intervención en el conflicto mediante decreto, mientras que Miguel Boyer habría poyado esta medida.

No obstante, las centrales convocantes han rechazado categóricamente esta posibilidad. "El cobro de nóminas o la retirada de fondos, cuando además ya se ha advertido previamente a los usuarios", dijo ayer Justo Fernández, "difícilmente pueden entenderse como esenciales".

Por su lado, CC OO anunció que presentaría recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional si el Gobierno sacara un decreto que vulnerase el derecho de huelga. Al mismo tiempo mostró su preocupación por la probable decisión del Gobierno, "ante la que exigiría las responsabilidades políticas correspondientes".