Amenaza de huelga en Carabanchel para agilizar la tramitación urgente de la ley

Representantes de la Coordinadora de Presos de la prisión de Carabanchel anunciaron ayer que el próximo domingo se iniciará una huelga, que mantendrá paralizados todos los servicios de la citada penitenciaría, hasta que el Gobierno se comprometa a fijar una fecha para la entrada urgente en vigor de los proyectos de ley de reforma del Código Penal y de la ley de Enjuiciamiento Críminal,'ya que consideran superado el plazo para hacerlo de cien días que les prometió Virgilio Zapatero, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.Los presos manifestaron su total oposición a que la entrada en vigor de la reforma de la ley de Enjuciamiento Criminal se retrase tres meses, una vez publicada en el Boletín Oficial del Estado, en lo que al artículo 504 se refiere, lo que supondría la continuidad en prisión durante dicho plazo de los que hayan cumplido el período de prisión provisional marcado por la nueva normativa.

Como posible interlocutor válido para llegar a un compromiso apuntaron al diputado socialista Pablo Castellano, presidente de la Comisión de Justicia e Interior del Congreso, y añadieron su deseo de que a la reunión que sostuvieran con éste asistieran representantes de la Dirección- General de Instituciones Penitenciarias y de la Prensa, para que quedase taxativamente marcado el acuerdo.

Aunque manifestaron seguir confiando en el Gobierno y mostraron su voluntad de que la huelga no degenere en violencia, no descartaron medidas más radicales si no se llega a una solución rápidamente. En opinión de la Coordinadora, es contradictoria la proclamación por Felipe González de la presunción de inocencia de Ruiz-Mateos, con la vulneración que supone la prolongación de la prisión preventiva actual, e instaron al Gobierno a utilizar medidas tan ágiles para solucionar el problema carcelario como las empleadas con Rumasa.

Quejas de los funcionarios

Por otro lado, representantes del Sindicato Democrático de Prisiones (SDP) criticaron ayer la política continuista seguida por el nuevo director general de Instituciones Penitenciaria, Juan José Martínez Zato, evidenciada, a su juicio, por la permanencia de cinco de los ocho altos responsables de la citada dirección y de los mismos directores de prisiones, si bien, trasladados de unas penitenciarías a otras. También acusaron a la citada dirección de haberlos marginado en la elaboración de los proyectos legislativos que les atañen y de no haber no resuelto la ausencia de educadores y asistentes sociales, y no haber encarado una política con respecto a los presos jóvenes.A juicio del SDP,no se ha estudiado suficientemente la problemática de cada centro a la hora de elegir al director, ni se ha intentado formar equipos, para dar una mayor estabilidad a la supuesta política reformista..

El SDP considera que la Dirección General de Instituciones Penitenciarias permite, tácitamente, la circulación de droga en las cárceles, a cambio de que los intemos no le causen problemas. El SDP solicita que se suprima dicha situación.