Relaciones de guante blanco entre autoridades y jerarquía

El Gobierno socialista, contrariamente a lo que esperaba un amplio sector del estamento laico-religioso de la sociedad española, no sólo no ha desencadenado un conflicto en las relaciones Iglesia-Estado, sino que ha empezado a poner en práctica los acuerdos internacionales con la Santa Sede y a concretar un marco de derechos y deberes con el resto de las confesiones -amparadas por la ley orgánica de Libertad Religiosa.El nuevo director general de Asuntos Religiosos, Gustavo Suárez Pertierra, de 33 años, catedrático de Derecho Canónico de la Universidad Complutense de Madrid y experto en temas de libertad religiosa, ha fijado como objetivo general de su trabajo el pacificar las relaciones con lo religioso.

El diálogo se presenta más delicado con el sector católico, a pesar de que, por lo que respecta a la marcha de los aspectos técnicos en el desarrollo de los acuerdos, los contactos han empezado ya, aunque no se han formalizado los de las comisiones mixtas. La jerarquía eclesiástica tuvo especial cuidado en decir que hablaba sólo en nombre de la moral cuando emitió su condena a la decisión del Gobierno de despenalizar el aborto terapéutico, a pesar de que en la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española del pasado 5 de febrero, calificaron las medidas de "homicidio moral".

La Dirección General de Asuntos Religiosos ha tomado la decisión de empezar a aplicar los acuerdos firmados con el Vaticano en 1979, especialmente en el capítulo de la subvención económica a la Iglesia católica. Para ello, está ya en estudio el cambio del sistema de retribuciones, hasta ahora directo, por otro indirecto, que sería el resultado de utilizar un porcentaje del impuesto sobre la renta de las personas físicas. El cambio entrará en vigor en el ejercicio de 1984.

El Gobierno, a través del Ministerio de Educación, se ha comprometido también a respetar esos acuerdos en materia de enseñanza privada. En concreto, y a pesar de que la Federación Española de Religiosos de Enseñanza (FERE) dice que "las manifestaciones del departamento son contradictorias", el ministro José María Maravall ha asegurado que se mantendrá la subvención a la educación privada siempre que ésta cubra las necesidades de escolarización, de acuerdo con los objetivos del Gobierno, y que antes del verano se presentará al Congreso un proyecto de ley de financiación para esa enseñanza privada. Al mismo tiempo, se han destinado quinientos millones de pesetas para pagar a profesores de Religión en la EGB.

La Dirección General de Asuntos Religiosos acaba de remodelar la Comisión Asesora de Libertad Religiosa, que, según los deseos de Suárez Pertierra, completará antes de finales de año el marco jurídico que sirva de base para definir las relaciones del Estado con las iglesias, confesiones y comunidades no católicas, y, en concreto, se espera la conclusión de tres pactos -comunidades israelíes, defensa evangélica y cristianos adventistas- y la clarificación de las casi 350 entidades inscritas en el Registro de Confesiones Religiosas.