El Tribunal Constitucional no admite a trámite el recurso previo contra la nueva ley de elecciones locales

El Grupo Popular y la Minoría Catalana presentarán hoy un recurso de súplica contra la providencia dictada ayer por el Tribunal Constitucional, que no ha admitido a trámite el recurso previo de inconstitucionalidad de ambos grupos contra el texto definitivo de la ley orgánica que modifica determinados artículos de la ley de elecciones locales de 1978. El alto tribunal entiende que no cabe tal recurso teniendo en cuenta que el Boletín Oficial del Estado del jueves publicaba la ley recurrida. El recurso de súplica no tiene efecto suspensivo de la norma motivo de recurso previo.

La providencia de la sección cuarta del Tribunal Constitucional dice textualmente: "La sección, en su reunión de hoy ha examinado el escrito presentado por don José María Ruiz Gallardón, como comisionado de los diputados que se indican en dicho escrito, interponiendo recurso previo de inconstitucionalidad contra el texto definitivo de la ley orgánica por la que se modifican determinados artículos de la ley 39/1978, de 17 de julio (de elecciones locales). Y teniendo en cuenta que en el Boletin Oficial del Estado del día de ayer se publicaba la ley 6/1983, de 2 de marzo, acuerda no admitir a trámite el mencionado escrito". La sección cuarta del Tribunal Supremo está integrada por los magistrados Díez Picazo, Tomás y Valiente y Pera Verdaguer.José María Ruiz Gallardón, comisionado el jueves por 55 diputados del Grupo Popular y de la Minoría Catalana para presentar el recurso, había sido citado por el Tribunal Constitucional para recoger la providencia en la que se acuerda no admitir a trámite el mencionado recurso llegó. En la sede del alto tribunal, un funcionario le entregó la providencia, que retiró tras firmar el recibido. Ruiz Gallardón se negó entonces a hacer declaraciones alegando que antes debía estudiar la resolución Constitucional con representantes de la Minoría Catalana.

Agotar todas las vías procesales

Tras la reunión que a continuación celebraron el propio Ruiz Gallardón, Miguel Herrero Rodríguez de Miñón, portavoz del Grupo Popular, y Josep María Trias de Bes, recurrente por parte de la Minoría Catalana, el gabinete de Prensa del primer grupo hizo pública la siguiente nota: "Los diputados firmantes de los grupos parlamentarios Popular y Minoría Catalana anuncian que interpondrán el correspondiente recurso de súplica ante el propio Tribunal Constitucional y agotarán todas las vías procesales oportunas para la defensa de su derecho. Los diputados consideran que cumplen así su deber en defensa del mantenimiento del Estado de Derecho en España".

El apartado segundo del artículo 93 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establece que "contra las providencias y los autos que dicte el Tribunal Constitucional solo procederá, en su caso, el recurso de súplica, que no tendrá efecto suspensivo. El recurso podrá interponerse en el plazo de tres días y se resolverá, previa audiencia común de las partes por igual tiempo, en los dos siguientes".

José María Ruiz Gallardón declaró ayer tarde a Efe que su grupo, aunque acata la decisión, "no está de acuerdo con ella" por considerar que "no es conforme a derecho" Posteriormente, el diputado del Grupo Popular afirmó: "Todo el mundo sabe que la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional concede un plazo de tres días desde la aprobación definitiva de una ley en el Parlamento, durante el cual se puede recurrir por la llamada vía previa". Ruiz Gallardón argumentó que "si con la publicación de ese texto legal, anticipadamente, se puede obviar ese plazo de tres días, ya es imposible y no hace falta para nada tener la posibilidad de presentar recurso previo".

Pedro Bofill y Guillermo Galeote calificaron ayer de "irresponsabilidad y auténtica obstrucción" el intento del Grupo Popular y la Minoría Catalana de bloquear la nueva ley mediante recurso previo de inconstitucionalidad. "Operaciones como ésta", afirmó Bofill, "señalan la deslealtad de las fuerzas conservadoras de AP y Convergència i Unió contra el propio sistema de libertades y están encaminadas a crear una serie de obstáculos que impidan el normal funcionamiento de la vida política". Guillermo Galeote manifestó que es intención del partido que las elecciones municipales y regionales se convoquen en el plazo más breve posible. Un portavoz del Gobierno confirmó ayer a este periódico que se pretende convocarlas en el próximo consejo de ministros y que la fecha elegida, si no se producen cambios de última hora, es la del 8 de mayo.