Gimbernat y Rodríguez Aguilera, probables sustitutos de Rubio Llorente y Truyol en el Tribunal Constitucional

Enrique Gimbernat, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid, y Cesáreo Rodríguez Aguilera, presidente de la Audiencia Territorial de Palma de Mallorca, son los más probables candidatos socialistas para sustituir a Antonio Truyol y Francisco Rubio Llorente como magistrados del Tribunal Constitucional, a propuesta del Congreso de los Diputados. La renovación o ratificación de los cuatro miembros del alto órgano constitucional a los que corresponde cesar figura entre los temas previstos para el pleno que comienza esta tarde, pero es casi seguro que quedará aplazada hasta febrero, ya que la negociación del PSOE con los restantes grupos no está cerrada.

En las negociaciones mantenidas por los socialistas con la oposición, el Grupo Parlamentario Popular ha expresado su rechazo a la renovación parcial de los cuatro magistrados a quienes, de acuerdo con el sorteo realizado en su momento corresponde legalmente ser ratificados o sustituidos: Rubio Llorente, Truyol, Manuel Diez de Velasco y Francisco Tomás y Valiente. El grupo de Fraga defiende el mantenimiento de la situación actual, para no desaquilibrar políticamente el alto órgano constitucional al sustituir solamente a los dos magistrados que en su día no fueron apoyados por el PSOE.Esta posición exige a los socialistas negociar con UCD y las minorías nacionalistas vasca y catalana, a fin de asegurar no sólo los 208 votos necesarios para que sus candidatos resulten elegidos, sino también los suficientes para compensar el voto discrepante del grupo popular con un alto grado de apoyo de los restantes grupos de la Cámara, en una cuestión considerada de Estado y para la que el PSOE desea, por tanto, recabar el máximo consenso posible. Otra solución, la de renovar a los cuatro magistrados cesantes y negociar con las minorías sus cuatro sustitutos, ha sido, por el momento, descartada.

Rubio Llorente, ponente de la LOAPA

En cuanto a las posibles alteraciones en el funcionamiento del Tribunal Constitucional por la sustitución de alguno de sus magistrados, fuentes próximas al alto tribunal, que no quisieron pronunciarse sobre las negociaciones parlamentarias previas a la elección, aseguraron a este periódico que la dinámica del tribunal no tiene necesariamente que sentirse afectada por este hecho. En cualquier caso, la coincidencia de que uno de los magistrados que el PSOE se propone sustituir, Francisco Rubio Llorente, sea, junto a Gloria Begué, ponente de la sentencia sobre la ley orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA) podría retrasar la resolución de este recurso, probablemente el de mayor complejidad jurídica e importancia política de cuantos se han sustanciado hasta el momento. La tramitación de este recurso, una vez que se produjeron ya las alegaciones de las partes, se encuentra pendiente solamente del debate por el pleno del Tribunal Constitucional, ante el que los ponentes defenderán su propuesta de sentencia.Por lo que se refiere a la candidatura de Enrique Gimbernat -para quien existe la máxima oposición del grupo de Fraga-, cuenta en principio con el respaldo centrista. Colaborador del presidente de UCD, Landelino Lavilla, en su etapa de ministro de Justicia, y del secretario general del mismo partido, Juan Antonio Ortega, cuando éste fue responsable del desarrollo constitucional, Enrique Gimbernat colaboró, entre otros textos legislativos, en el proyecto centrista de reforma globail del Código Penal. Como penalista progresista, cuya candidatura es también asumida por el actual ministro de Justicia, Fernando Ledesma, Gimbernat no ofrece problemas piara los grupos nacionalistas, siempre que en la misma elección se incluya también un candidato próximo a las concepciones autonomistas.

Precisamente para cubrir este flanco, el PSOE había propuesto a. Juan Antonio González Casanova, catedrático de Derecho Político de la Universidad de Barcelona y experto en temas autonómicos, a quien la Minoría Catalana consideró como un candidato aceptable. La renuncia de González Casanova, por razones profesionales y personales, ha obligado a los socialistas a buscar otro candidato capaz de suscitar también el acuerdo. Se trata de Cesáreo Rodríguez Aguilera, actualmente presidente de la Audiencia de Palma de Mallorca y gran parte de cuya carrera judicial la ha desarrollado en Cataluña. Hombre muy vincula(lo al mundo intelectual y cultural, ha realizado la crítica de arte en varias publicaciones progresistas, entre ellas la desaparecida

Cuadernos para el Diálogo.

A falta de asegurar el apoyo para estos dos candidatos, fuentes parlamentarias con responsabilidad en el grupo socialista manifestaron la intención del PSOE de no producir crispaciones en relación con esta elección ni politizar el funcionamiento, hasta ahora ejemplar, del Tribunal Constitucional. Añadieron que, sin embargo, no quieren dejar de reflejar la mayoría parlamentaria existente en este momento, del mismo modo que el Consejo General del Poder Judicial ha reflejado su mayoría conservadora al elegir, en sustitución del fallecido Plácido Fernández Viagas, a Francisco Pera Verdaguer como magistrado del Tribunal Constitucional. Frente a estas argumentaciones, otros sectores del propio grupo socialista manifestaron a este periódico la necesidad de que se homogeinice la actitud del PSOE en las cuestiones de Estado. A este respecto, recordaron que la elección casi unánime de Ruiz-Giménez como defensor del pueblo estuvo cimentada sobre el pacto con el grupo de Fraga para que uno de los dos adjuntos pendientes de elección sea la secretaria del grupo citado, Margarita Rituerto.

En cualquier caso, según fuentes próximas a la Mesa del Congreso, aunque la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional figura como último punto del orden del día provisional del pleno de esta tarde, no es probable que haya tiempo para tratarlo. En principio se debatirán los cuatro estatutos de autonomía pendientes -Madrid, Extremadura, Baleares y CastillaLeón-, y a continuación, el proyecto de modificación de la ley de Elecciones Locales, seguido de otros cuatro debates sobre la convalidación o derogación de otros tantos decretos-leyes, entre ellos el de Medidas Urgentes en Materia Presupuestaria, Financiera y Tributaria, que probablemente suscitará una intensa discusión con la oposición.