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El Consejo de Ministros estudiará en breve un decreto que zanja economicamente el 'caso Matesa'

En próximo Consejo de Ministros, el Gobierno decidirá sobre un proyecto de decreto que autoriza a firmar una transacción a las partes afectadas por el escándalo Matesa para zanjar económicamente el complicado proceso jurídico que provocó el asunto. Si es aprobado, el crédito oficial recibirá cerca de 5.000 millones de pesetas. La devolución cubre casi la mitad de lo desembolsado hasta 1969 para financiar las exportaciones de Maquinaria Textil del Norte de España (Matesa), en su mayoría destinadas a filiales de la propia empresa.

En un dictamen emitido con fecha 23 de diciembre pasado sobre el proyecto de transacción, el Consejo de Estado lo ha considerado ajustado a derecho y conveniente, tras entender que no hay obstáculos para la operación y que "el convenio recoge con claridad y transparencia el acuerdo". Este trámite, preceptivo pero no vinculante para el Ejecutivo, posibilita una rápida decisión. Sin embargo, fuentes gubernamentales han informado que el tema puede demorarse algunas semanas, pues es improbable que vaya al Consejo de Ministros de hoy.Antes de pasar al dictamen, el proyecto de decreto fue redactado en el Ministerio de Hacienda a partir de los acuerdos negociados entre la Comisión Liquidadora de Créditos a la Exportación, Crédito y Caución, SA, y el Consorcio de Compensación de Seguros. La comisión, organismo autónomo de Hacienda, fue creada en 1971 para hacerse cargo de las deudas contraidas por Matesa con el Banco de Crédito Industrial, que ascendían entonces a 11.100 millones de pesetas (9.800 en principal y 1.300 en intereses).

Tales créditos oficiales, que constituían la principal fuente de financiación de Matesa, eran concedidos, al 5% de interés y a medio plazo, después de que la empresa de Vila Reyes presentaba respectivas pólizas de seguro contra insolvencia de la sociedad exportadora o de la destinataria de los telares que producía. La póliza cubría habitualmente entre el 80% y el 90% del crédito (sólo principal), quedando el resto a cargo de avales firmados por colaboradores de Vila Reyes; por este último concepto, ya liquidado, Manuel Salvat Dalmau, de Ediciones Salvat y cuñado de Vila Reyes, ha pagado todo lo que debía, unos trescientos miT llones de pesetas. Crédito y Caución, empresa mixta entre el sector público y las principales compañías de seguros, reaseguraba gran parte de las pólizas en el Consorcio de Compensación de Seguros, organismo autónomo del Ministerio de Hacienda, en el que participa también el sector asegurador.

Recuperar el dinero público

Tras estallar el escándalo Matesa en el verano de 1969 y producirse el embargo que motivó la intervención judicial a que está sometida desde entonces la empresa, la comisión encargada de recuperar el dinero del Banco de Crédito Industrial lo reclamó a los avalistas y., sobre todo, a Crédito y Caución, SA. Pero esta entidad mantuvo el criterio de que, como las operaciones de exportación eran ficticias, por destinarse los telares en su mayor parte a empresas creadas en el extranjero por Vila Reyes y colaboradores, las pólizas de seguro de crédito eran nulas. El argumento ha sido desestimado desde 1977 en seis sentencias del Tribunal Supremo, que han obligado a Crédito y Caución, al reconocer la autonomía de las pólizas, a pagar a la comisión 1.400 millones de pesetas en principal y quinientos millones en intereses legales por demora (4%).Aun así, la comisión liquidadora, que recibió la subrogación de los créditos oficiales, ha reunido un saldo contra Matesa de 17.000 millones de pesetas, añadiendo a los 11. 100 de deuda inicial los intereses anuales. La mitad de los créditos era de prefinanciación (para construir maquinaria exportable previo pedido en firme), y el resto, para exportar material ya fabricado. Como para recuperar este segundo había que probar la insolvencia del comprador, y ello resulta diricil en el extranjero (México y Perú, por ejemplo, tienen reconocidos a los trabajadores derechos que obstaculizan la liquidación de empresas), prácticamente todos los pleitos puestos por la comisión se refieren a las operaciones de prefinanci ación. Es el caso de las seis sentencias del Tribunal Supremo y de la veintena de pleitos pendientes contra Crédito y Caución, SA.

Ahora, con el acuerdo transaccional entre afectados, Crédito y Caución reconoce el pago de todas las restantes cantidades reclamadas por préstamos de financiación (4.170 millones de pesetas), más otros mil millones en intereses legales por demora. Asimismo, el Consorcio de Compensación de Seguros pagará a la anterior la parte del reaseguro. A cambio de la subrogación que harán ambas entidades de seguros en sus demandas frente a terceros, la comisión liquidadora, que pasará el dinero al crédito oficial para cerrar cerca de la mitad de la cuenta inicial, cede 1.300 millones de lo que le correspondería.

La comisión se reserva sus derechos contra extranjeros por los créditos de posfinanciación y sobre la responsabilidad subsidiaria que pueda corresponder a Matesa con el embargo. Pero la recuperación de los primeros presenta grandes dificultades, y parece que Matesa poco puede dar de sí, a juzgar por el número de subastas de la empresa que han quedado desiertas, incluso en las que no se fijaba precio de partida.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 19 de enero de 1983

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