Las aseguradoras de defensa jurídica garantizaran la libre elección de abogado y procurador

Las empresas de seguros de defensa jurídica, que van a ingresar este año en torno a los 6.000 millones de pesetas, deberán garantizar desde ahora a sus clientes la libre elección de abogado y procurador. Tras un consenso alcanzado entre las principales aseguradoras, la obligación ha sido recogida en una orden del Ministerio de Hacienda.

Hasta ahora, la elección de defensa jurídica estaba sometida a la "buena o mala disposición de cada compañía", aunque las empresas gozan de libertad de precios desde hace varios años, según fuentes del sector. Las compañías, asimismo, podían ser o no especializadas en el ramo.

En Europa, a falta de una directiva comunitaria que no termina de salir, hay dos corrientes al respecto: la alemana, de empresas especializadas, y la francesa, que no requiere especialización.

La orden del Ministerio de Hacienda, en opinión de las mismas fuentes, se adelanta al proyecto de directiva de la Comunidad Económica Europea (CEE), que tira por un camino intermedio, para cubrir mejor al asegurado.

Su traducción práctica es que los automovilistas u otros asegurados que deseen ser defendidos por un amigo abogado o por un profesional de prestigio tienen derecho a que su compañía cubra los gastos necesarios, así como a dirigir su defensa o reclamación.

Para ello cada empresa establecerá unos honorarios máximos o, en su caso, deberá remitirse al cuadro oficial que fijen los colegios de abogados en cada provincia. Antes ser aprobada, la disposición ministerial fue sometida a la junta consultiva de seguros, donde existe una representación tripartita (Administración, aseguradores y asegurados),y a las propias compañías.

Garantía de libertad

Aunque entre éstas hubo puntos de discrepancia, polarizados en torno a las especializadas o multirramo, al final se impuso el consenso, aconsejado, según fuentes del sector, por la necesidad de no ensuciar la imagen del ramo.Las empresas que practiquen varios ramos tendrán que cumplir diversos requisitos para garantizar la protección del asegurado en caso de conflicto de intereses entre asegurador y asegurado.

La Dirección General de Seguros, del Ministerio de Hacienda, ha señalado que la garantía de libertad para los asegurados no tiene por qué suponer aumentos de primas ni de gastos.

Por el contrario, se espera que continúe el ritmo de desarrollo que ha alcanzado en los últimos años el sector, alentado ahora por la mayor información y cobertura de los clientes.

La docena de aseguradoras que cubren servicios de defensa jurídica recaudaron el año pasado 4.982 millones de pesetas en primas y 677 millones en recargos, con aumento próximo al 15% sobre el ejercicio anterior, según datos de la patronal del sector, Unespa.

Las tarifas se han mantenido estables durante los últimos años y no hay motivos para pensar que cambien de política, según la Dirección General de Seguros.Pero es previsible que superen ampliamente durante el presente año los 6.000 millones de pesetas.

Algo más de la mitad de los ingresos anuales del ramo son absorbidos por dos empresas: CAP, promovida hace tres décadas por un grupo alemán, y Defsa (Defensa de Empresas y Particulares). La primera supera sólo en primas los 2.200 millones de pesetas, y la segunda se aproxima a los mil millones.

El resto corresponde, prácticamente en su totalidad, a aseguradoras dedicadas también a otros ramos, entre ellas el grupo formado por,Mare Nostrum, Omnia, Unión Popular de Seguros y Fénix Peninsular.