El PSOE proyecta invitar a los nacionalistas a un consenso autonómico renovado

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) tiene previsto, si forma Gobierno después de las elecciones de mañana, invitar a los demás partidos políticos parlamentarios a un "consenso renovado" para aprobar en los próximos cuatro años un conjunto de leyes imprescindibles para construir un nuevo modelo de Gobierno y de Administración adecuado a la España de las autonomías.

Esta invitación irá especialmente dirigida a los partidos nacionalistas de Cataluña y País Vasco. El PSOE tiene asimismo la intención de negociar colectivamente con todas las comunidades autónomas el espinoso tema de la financiación de los servicios traspasados a las mismas."La sentencia del Tribunal Constitucional sobre la LOAPA y la aprobación de los estatutos pendientes pondrá fin a la etapa de los acuerdos autonómicos entre el PSOE y la UCD. Tendremos ya los fundamentos del nuevo Estado, pero hará falta construir entonces el edificio". Para Joan Prats, ex senador y diputado autonómico catalán, miembro de la ejecutiva federal socialista y, dentro de ella, especialista en la política autonómica del partido, ese edificio pasa por las siguientes leyes, previstas en el artículo 149 de la Constitución: Régimen Local; Bases del Estatuto de la Función Pública; del Procedimiento Administrativo Común; Bases del Régimen Presupuestario, de Control del Gasto Público y Contable de todas las Administraciones, y Bases de la Contratación Administrativa.

"Mientras estas leyes no se aprueben, las comunidades autónomas convivirán problemáticamente con unas administraciones central y periférica estructuradas todavía según el modelo centralista del Estado", reflexiona Prats.

El contencioso de las transferencias

Un futuro Gobierno del PSOE deberá hacer frente también al contencioso abierto con la Generalitat de Cataluña en tomo a la valoración de las transferencias de servicios del Estado. El proyecto de ley presentado por el Gobierno de UCD -fruto de un acuerdo con la Generalitat-, fijando la participación catalana en los Presupuestos Generales del Estado, fue enmendado en su totalidad por los socialistas, que propusieron un texto alternativo que significaba 21.000 millones de pesetas menos para la Administración autonómica catalana. Aquella actitud socialista no inspirará la acción de gobierno de un Gabinete del PSOE.

"Esa enmienda respondía a una política responsable de oposición, que intentaba evitar el incremento del déficit público", asegura Joan Prats. "Tenemos calculado que, de aplicar la metodología propuesta para Cataluña a todas las comunidades autónomas, el déficit público se hubiera disparado en un 20% más. Y lo que debe evitarse es que la autonomía cueste más dinero al Estado".

La fórmula que propondría el PSOE desde el Gobierno se basa también en la concertación: se convocaría a todos los consejeros de Hacienda de las comunidades autónomas para negociar una fórmula satisfactoria para todas ellas y para la Administración del Estado. "Se trataría de una negociación conjunta, transparente, que incluya los costes indirectos y las inversiones que no sean nuevas", señala el dirigente socialista.

La opinión del PSOE es que, para evitar que se incremente el déficit público, es imprescindible que se transfiera a las comunidades autónomas, de forma forzosa si hace falta, a los funcionarios adscritos a los servicios centrales de las materias traspasadas.