Las elecciones, ante la crisis económica
Todo aquel interesado en conocer el estado de salud de la economía española sabe que un diagnóstico general no puede hacerse sin tener en cuenta el marco económico internacional y el carácter relativo de algunos problemas, condicionados por el entorno. Ello obliga, precisamente, a posiciones de solidaridad internacional y, en el caso de España, a intentar participar, conjuntamente con otros países europeos, en la solución de unos males que nos son comunes.Este principio de solidaridad económica es el que recomienda la política de adhesión a las comunidades europeas. Hasta ahora, España ha participado de los males comunitarios a través de una economía que ha ido liberalizando paulatinamente sus postulados, pero no ha podido ni abrir boca cuando se ha tratado de tomar medidas. Hay que sumar derechos a nuestros deberes.
Sabemos, por tanto, que España vive unos años en los que el mundo económico y político al que pertenecemos sufre unas fuertes tendencias inflacionistas, un fuerte aumento del paro, una crisis industrial y un difícil equilibrio exterior.
Es lógico que los síntomas se den también en nuestro país.
Aceptado este principio, ello no excluye la lucha contra estos graves problemas, ni mucho menos una actitud pasiva frente a los mismos cargada de fatalismo. Ahora sabemos que la economía española se mantuvo en la cresta de la ola, durante la década de los sesenta, gracias al largo ciclo de prosperidad que vivió Europa occidental.
Pero se podía haber sacado mucho más provecho de aquellos momentos, y el no hacerlo fue responsabilidad del Gobierno.
De la misma forma, si bien aceptamos la obligada coexistencia con unos problemas generales, vuelve a ser responsabilidad del Gobierno el que su incidencia sea mínima, y sus efectos, los menores posibles. Se pueden tener décimas de fiebre o bien grados de fiebre, cosa muy distinta. Y un análisis de la economía española da la sensación de que estamos en la cota máxÍma, a nivel europeo, de estos problemas generales.
La inflación es uno de ellos. Hubo un momento en que fue el único éxito claro de un Gobierno anterior. Pero de nuevo estamos alcanzando cifras demasiado altas, no digeribles, que ponen en peligro todo un frágil andamiaje de esfuerzos pasados y presentes. Una buena parte de la culpa puede atribuirse a un déficit del sector público, cuya financiación supera las posibilidades de nuestro sistema financiero y está en camino de afectar directamente a nuestro poder adquisitivo.
Debe adoptarse una política seria y decidida de reducción del déficit y de su control. Tengo conciencia de que ello va a significar austeridad; pero, si no lo hacemos, vamos a hacer un dado irreparable al país.
Por otra parte, la Administración pública española ha sido tan generosa en algunos de sus presu puestos y tan poco eficaz que una gestión racional y efectiva puede hacer mucho para reducir el gasto público, sin que ello afecte a aspectos fundamentales de nuestro nivel de vida.
También el paro está creciendo a un ritmo demasiado rápido, y ello lo convierte en el primer problema del país. La mecanización y la conversión tecnológica son causas de desocupación, pero ni una ni otra se han producido a un nivel que pueda justificarlo. Si fuera así, la productividad habría aumentando sustancialmente, y ello tampoco es cierto. El paro afecta especialmente al sector primario (agricultura y minería) y alsecundario (industria). El sector servicios ha venido creando nuevos puestos de trabajo o mantenido los que ofrecía.
En consecuencia, las causas del paro son muy diferentes, según el sector en que se dan.
Los problemas del mundo rural son tan antiguos como España misma y afectan especialmente a algunas zonas. Nada tienen que ver con la desocupación procedente de la crisis industrial, ésta sí más coyuntural. También aquí, la distribución geográfica de la industria española marca unas zonas más afectadas. Madrid, el País Vasco y Cataluña son las que notan con mayor dureza los efectos de la recesión industrial, especialmente la segunda y la tercera, como consecuencia del mayor peso industrial en el total de la renta generada.
El paro de carácter industrial debe defenderse a través del mantenimiento de los empleos, más que a través de un seguro de paro, también necesario. Y mantener los empleos significa salvar a todas las empresas que ofrezcan planes de viabilidad, con o sin conversión. Y para salvar a las empresas deben darse alicientes al empresarío, especialmente al titular de la pequeña y mediana empresa, el mayor generador de puestos de trabajo, de tal manera que para él resulte más conveniente invertir en su propia empresa y aumentar su producción que no indemnizar a sus obreros y liquidar o bien presentar sus libros al juzgado. Esta condición -esencial- no se está cumpliendo.
La empresa española sufre de un retraso tecnológico importante. El problema no es la importación de mercancías, sino el de sistemas de producción y de nuevas técnicas. Una renovación tecnológica es indispensable para mantener la independencia de la empresa española al margen de las multinacionales.
Finalmente, figura el tema del dificil equilibrio del mercado exterior de la peseta y de nuestro comercio de exportación. En estos dos últimos años, la economía española ha superado mayores males gracias a un incremento importante de las exportaciones, vinculado en el tiempo a la desvalorización de la peseta frente al dólar y a las principales monedas europeas. Esta desvalorización quizá era necesaria. Pero ahora estamos a un nivel de cambios que convendría conservar, por lo menos durante un cierto tiempo, por cuanto, de lo contrario, los inconvenientes superarían a las ventajas. Los exportadores, por tanto, deberán afrontar el mercado con las simples armas de la competencia. Y todos sabemos que conviene mantener el actual ritmo de crecimiento de las exportaciones.
Esta es la situación con la que deberá enfrentarse el Gobierno después de las próximas elecciones generales. Formular unas soluciones sin tener en cuenta el diagnóstico que antecede, nos conduciría irrversiblemente a una agravación de la crisis. Formular unas soluciones que se alejen de las vías que aquí se dejan indicadas, nos instalaría en una crisis permanente. Esperemos que impere el sentido común y el pragmatismo.
