Obras Públicas ha tenido superávit en sus presupuestos a pesar del elevado déficit de viviendas

El Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU) ha dejado de ser en los últimos años -con Joaquín Garrigues Walker, Jesús Sancho Rof y Luis Ortiz- el escaparate donde antaño se exhibían obras faraónicas -como el trasvase Tajo-Segura- para convertirse en un departamento típica mente inversor y de mayor cometido técnico. El MOPU tiene un papel primordial por la cuantía de sus inversiones, tendentes a asegurar la infraestructura básica de la nación, y por la variedad de sus competencias: vivienda, urbanismo, medio ambiente, regadíos, abastecimientos de agua, carreteras, autopistas, etcétera. Sin embargo, los hombres que han estado al frente de este departamento no han sido capaces de realizar las inversiones presupuestadas.Tras una gestión gris a cargo de Leopoldo Calvo Sotelo, la cartera del MOPU pasó, sin tener tiempo apenas para sentarse en el sillón ministerial, al actual ministro Luis Ortiz, que entonces sólo permaneció dos meses escasos en el cargo, que pasaría al fallecido liberal Joaquín Garrigues. Jesús Sancho Rof -que posteriormente había de pasar a Trabajo- acometió la descentralización y concesión de competencias a las autonomías. El sucesor se encargó de dar marcha atrás, devolviendo competencias a los gobernadores civiles.

Luis Ortiz volvió al cargo de ministro en febrero de 1981. Su gestión no ha pasado de discreta al no haber acometido -como tampoco sus antecesores- los graves problemas que hay en en MOPU: un plan de viviendas ajustado a la realidad, un plan de carreteras y autopistas, la ley de Aguas y la transferencia de funciones a los organismos autonómicos.

Los distintos grupos parlamentarios han dejado bastante tranquilos a los ministros de Obras Públicas y Urbanismo en esta primera legislatura constitucional, que abarca desde mayo de 1979 a septiembre de 1982. Tan sólo el tema del trasvase Ebro-Cataluña y los planes de vivienda han sido noticias de cierta entidad. En el fondo, lo único que se ha debatido con mayor profundidad -pero sin nombrar la mayoría de las veces al MOPU- ha sido en tomo a la mayor inversión pública demandada por la izquierda y el llamado efecto multiplicador de creación de puestos de trabajo que se dice produce esa inversión pública en sectores como la construcción: por cada puesto que se crea se induce la creación de otros tres.

Tanto Suárez como Calvo Sotelo, en sus discursos de investidura, pusieron el énfasis en luchar contra el paro a través de una potenciación de las inversiones en Obras Públicas y Urbanismo, pero los resultados han sido muy escasos.

Un Ministerio típicamente inversor como es el MOPU tiene una obligación primaria: invertir el dinero que se le asigna cada año en los Presupuestos Generales del Estado. En el pasado año de 1981, el MOPU (y sus organismos autónomos) tuvo un presupuesto de 216.243 millones de pesetas, de los que invirtió el 91,8%. A primera vista parece un porcentaje muy aceptable y, sin embargo, la no inversión del 8,2%, dada la magnitud de tal presupuesto, supone que el MOPU ha dejado de invertir un dinero que es superior a las cantidades que los Presupuestos Generales del Estado asignan a otros ministerios.

En 1978 se invirtió el 77,8% de las inversiones programadas y en 1979 sólo se alcanzó el 75,7%, dejándose de invertir más de 53.000 millones de pesetas. En 1980 la relación existente entre la inversión realizada y el presupuesto asignado al MOPU fue del 86,8%, dejándose de invertir 27.716 millones de pesetas. En 1981 -ya con el actual ministro, Luis Ortiz- se dejó de invertir el 9,8%, lo que equivale a una no inversión de 17.177 millones de pesetas.

Si con una inversión de 1.500.000 pesetas de 1978 se podía crear en obras públicas y urbanismo un puesto de trabajo, hoy se precisan casi cuatro millones por cada puesto de trabajo a crear en el sector. Por tanto, en 1978 se dejaron de crear 35.000 puestos de trabajo, y en 1981, algo más de 5.000.

La vivienda

Dentro del MOPU existe una enorme descoordinación entre todos sus departamentos y se viene operando casi como si se tratara de compartimientos estancos. Nos encontramos en pleno Plan Trienal de la Vivienda (1981-1983), heredero del Plan Nacional de la Vivienda (1961-1975), seguido del Plan de Vivienda Social (1976-1977) y, finalmente, de la nueva política de vivienda (VPO, 31/78). Según la memoria del IPPV (Instituto para la Promoción Pública de la Vivienda), el balance del pasado año 1981 fue francamente positivo. Según los objetivos del MOPU para este año de 1982: "El año 1982 será un año clave del Plan Trienal, por cuanto, vencida la inercia natural de su arranque en 1981 y con toda la experiencia acumulada durante este año, se está en condiciones de evitar los problemas detectados en el esquema financiero del Plan Trienal y de realizar plenamente el programa de 1982". Hay, pues, matizaciones entre dos publicaciones del MOPU.

El sector de la construcción es el que registra más paro porcentual y ha sido quizá el más afectado por la crisis que padecemos desde 1973. Así, en 1972 se construyeron, entre viviendas oficiales de promoción pública y privada y las libres y protegidas, 526.718, mientras en 1980 sólo se alcanzó la cifra de 393.024.

Para ciertos técnicos, el Plan de la Vivienda no arroja balance positivo -aunque se cumpla totalmente en sus previsiones- porque no ataca el fondo del problema: la falta de créditos adecuados. La creación durante esta legislatura del mercado hipotecario abre nuevas posibilidades de financiación en este campo.

En lo que se refiere al medio ambiente, hay varios ministerios con competencia en el tema: MOPU, Industria, Interior. Pero el coordinador oficial es el MOPU. Su actuación viene siendo poco acertada y escasamente eficaz. Los planes anticontaminación de Huelva, Cartagena, Madrid, Avilés y Barcelona están en consideración, y la contaminación de ríos y playas apenas si ha tenido alguna atención.

Puertos y costas (faros, señales sistema Decca, etcétera) se llevan alrededor -según los años- del 7% de la inversión total del MOPU (en 1981 representó una inversión de más de 15.000 millones de pesetas). En España tenemos muchos puertos y se tiende en estos últimos años a que los mayores tengan una especialización (pasajeros, minerales, mercancías, etcétera); esto está en marcha, pero sin haberse alcanzado tal objetivo reordenador -y ahorrador o, mejor, distribuidor de los recursos-. Por otra parte, los puertos cuentan conjuntas autónomas que, al velar cada una por sus particulares intereses, dificultan las soluciones.

En cuanto a las costas -planes de balizamiento, señalización, Plan Decca-, es un proyecto que se tenía que haber ultimado hace ocho o nueve años y al q ue el año pasado se destinaron 500 millones de pesetas.

Obras hidraulicas

En 1977, el ministro de Obras Públicas dijo que se llevaban gastados 43.222 millones en el trasvase Tajo-Segura. Todavía tardaron en ultimarse las obras cerca de dos años. Cifras oficiosas hablan de un coste de 64.000 millones de pesetas, como mínimo. Pero aquí ni los ministros del período constitucional han sido claros. Hasta este año de 1982 no ha comenzado la explotación normal del trasvase, iniciado en 1968.

El único plan o miniplan que hoy tiene el MOPU consiste en la construcción de un centenar y pico de pequeños embalses. Desde hace tres años el MOPU tiene que actuar de bombero en cua nto a abastecimientos a núcleos urbanos y zonas de regadío, dada la prolongada sequía que padecemos. La preocupación fundamental es paliar los efectos negativos de la sequía -los pueblos en alerta roja- y conseguir que se rieguen el máximo de hectáreas posibles. Y hay que consignar que, en verdad, ha sido un éxito el haber logrado en estos años de sequía que sólo dejaran de regarse unas 10.000 hectáreas de un total de 1.800.000 hectáreas que existen de regadío.

Se anuncia como proyecto una nueva política hidráulica. Pero hace muchos años que cada ministro dice que va a acometer esa ley de Aguas y, al final, todos se han ido del MOPU sin hacer otra cosa que publicar en qué va a consistir. El último de esos buenos propósitos es un borrador de un centenar de páginas que circula por el MOPU con fecha del pasado mes de julio. Sus enunciados son sugestivos, pero todo es proyecto. Basta saber que ese plan hidrológico debe contemplar temas de tal importancia como la evolución de la política hidráulica (aumentan los regadíos, aumenta el nivel de vida; aumenta, por tanto, la demanda de agua con una oferta escasa). Hay que aprovechar al máximo los ríos construyendo más presas tanto hidroeléctricas como para regadíos, mixtas y de consumo humano e industrial, etcétera.

Dada la escasez de agua -que es un bien limitado y muy mal repartido en nuestra geografía-, parece necesario reutilizar las aguas residuales y velar por la no contaminación de ríos y playas. No se ha coordinado la política hidráulica con la política de ordenación del territorio y medio ambiente, ni se ha incrementado suficientemente el aprovechamiento hidroeléctrico, la reordenación del uso de cauces y riberas, la protección de la calidad de agua, etcétera. En resumen, sigue siendo necesaria una ley de Aguas. Todos o casi la totalidad de los ministros del ramo han gestado sus planes hidrológicos, pero ninguno ha sido capaz de alumbrar ley tan sumamente necesaria.

Carreteras y autopistas

En carreteras estamos todavía viviendo de aquel Plan Redia que ejecutó Pedro de Areitio siendo ministro Silva Muñoz. Pero aquel Plan Redia, iniciado allá por 1965-1966, ha sufrido un gran desgaste. Desde entonces no ha habido ningún plan específico de carreteras, y además éstas han envejecido mucho más de lo previsto (en parte, porque el propio Silva Muñoz autorizó lo del tercer eje de los camiones y, en parte mayor, porque la inversión para entretenimiento y conservación de nuestra red es muy baja).

Nuestras carreteras están machacadas y el tema es grave. Ahora Luis Ortiz -como puede verse en los anuncios de Televisión Española y en los carteles de nuestras carreteras- ha lanzado un plan extraordinario para la conservación de nuestras carreteras. Los anuncios dicen que ese plan supone la inversión en tres años (1982, 1983 y 1984) de 100.000 millones de pesetas. Sin embargo, el plan extra sólo supone una inversión en este trienio de 39.509 millones de los 100.744.

Según el propio MOPU, hoy trabajan de forma ordinaria unas 6.000 personas y con el plan extra se prevé que trabajen temporalmente otros 7.500. El Plan Nacional de Autopistas (PANE) se ha quedado al 25% de sus previsiones. Los tráficos han sido muy inferiores a los previstos, y ello no sólo por la crisis, sino porque las empresas constructoras inflaban los mismos para demostrar su futura rentabilidad, porque el verdadero negocio de las autopistas consistía, y consiste, en su construcción. Solamente las autopistas catalanas y el tramo de Madrid a Adanero son rentables en su explotación; por ello ahora se intenta -por parte de las empresas y con buena receptividad oficial, según parece- llegar a un acuerdo con el Estado consistente en que sea la empresa privada quien las construya y el Estado quien las explote.