La negociación sobre los presos vascos, clave de la disolución de ETApm VII Asamblea

La autodisolución de ETApm-VII Asamblea, importante por lo que tiene de inicio de una vía inédita de salida al problema de la violencia política en el País Vasco, y cuya eficacia sólo el tiempo podrá confirmar, es el resultado de dos procesos paralelos: de una parte, de la evolución interna de ETApm, no muy diferente en el fondo a la que ha precedido anteriores rupturas periódicamente producidas en ETA, y, de otra, de la voluntad política de encontrar una salida honrosa al problema humano de los presos y exiliados, que ha presidido las negociaciones entre el ministro Rosón y los dirigentes de Euskadiko Ezkerra.

El proceso interno que ha llevado a un sector de ETA al convencimiento de que el activismo armado cerraba, más que abría, vías para la solución de los problemas pendientes, se inició a fines de 1980. El intento de golpe de Estado del 23-F, al poner de relieve la función de pretexto decisivo del golpismo que desempeñaba el terrorismo, hizo que el debate interno de los poli-mili se zanjara, en una conferencia de cuadros celebrada a fines de febrero, en favor de quienes una tregua unilateral.De la distinta valoración de la tregua surgirá la escisión entre quienes en adelante añadirían a las siglas clásicas la mención VIII Asamblea y quienes serían conocidos como VII Asamblea. Este sector evolucionará rápidamente hacia concepciones que no solo replanteaban las relaciones entre lucha política y lucha armada, sino que ponían en cuestión la viabilidad misma de esta última.

En el mes de junio, el debate se planteará ya no en términos de autodisolución, sí o no, sino de autodisolución cuándo. No parece aventurado suponer que la dificultad práctica para hacer inmediatamente efectiva la decisión política de la autodisolución residía en la falta de perspectivas de reintegración social de los exiliados dispuestos a dejar las armas y de una razonable esperanza de liberación para los militantes encarcelados. Es en este punto donde acaban coincidiendo la evolución interna de los poli-mili y las expectativas abiertas por las negociaciones EE-Rosón.

Un año de negociaciones

El origen de los contactos fue más bien fortuito: un hermano de Rosón, considerado como el progresista de la familia, tiene amistad con un matrimonio que suele pasar temporadas en la localidad vizcaina de Bérriz, donde acostumbra a reunirse Mario Onaindía con sus amigos de la infancia en ocasiones. En una de ellas, el matrimonio coincide con Onaindía, y tras escuchar sus planteamientos le proponen una cita con el hermano de Rosón, que hará de intermediario con el ministro.

En ese primer contacto el dirigente de EE transmitió al ministro, a finales de 1980, su convicción, de que la persistencia del activismo de ETA se debía más a la existencia misma de los presos que a los motivos ideológicos u objetivos políticos que habían llevado a aquéllos a la cárcel, por lo que existía el peligro de entrar en un círculo vicioso sin salida posible.

En enero de 1981, en el viaje del presidente del Gobierno al País Vasco, Onaindía repite su planteamiento general a Suárez, el cual se muestra receptivo, pero no se compromete a nada en concreto. Poco después vendría el 23-F y el inicio de la tregua. Sobre la base de ésta, Onaindía, acompañado ahora por Bandrés, reiteró en la primavera su planteamiento a Rosón, considerando que la decisión de los poli-mili abre camino para avanzar en acuerdos concretos.

Desde el primer momento se estableció que las medidas que pudieran acordarse deberían respetar el marco de la legalidad. Bandrés propuso una pauta escalonada de posibles actuaciones, aplicables a cada caso particular: garantías de regreso para los exiliados no procesados; aplicación de libertad provisional para detenidos en espera de juicio; libertad condicional para condenados que hayan cumplido tres cuartas partes de la pena; régimen abierto para ciertos presos con situaciones familiares o personales especiales; indulto para quienes no pudieran ser incluidos en algunos de los apartados anteriores.

Sobre esta base, que Rosón sometió a la consideración de altos mandos policiales y de representantes de la judicatura, fue elaborada una primera lista de cien personas, setenta exiliados y treinta presos, de las que Bandrés había obtenido su previo consentimiento. En la lista se incluyen también militantes de los comandos autónomos e incluso algún preso ingresado en la cárcel bajo la acusación de pertenecer a ETA Militar.

A partir de la intensificación de las negociaciones, a comienzos del verano, altos mandos de la seguridad del Estado y de Interior han participado personalmente en las mismas: el general director de la Guardia Civil, Aramburu Topete, el coronel Casinello, el comisario Ballesteros y los altos dirigentes del Ministerio del Interior Francisco Laína y José Luis Fernández Dopico.

Como consecuencia de los acuerdos parciales ya obtenidos, 24 de los setenta exiliados incluídos en la lista están en disposición de regresar de inmediato, sin más trámite que el de presentarse ante la Audiencia Nacional. Rosón ha garantizado personalmente que ninguno de ellos será molestado por la policía. Simultáneamente, media docena de presos abandonará la prisión en los próximos días por aplicación de libertades provisionales, y se espera que en el plazo de un mes puedan regresar hasta cincuenta exiliados más.

En los últimos días, dirigentes de EE han mantenido contactos con altas instancias del Partido Socialista encaminadas a garantizar que la dinámica ahora abierta no se verá interrumpida por un cambio de Gobierno tras las elecciones.