Almaraz, el mentís del comisario y todo lo demás

La central nuclear de Almaraz, con dos reactores de gran potencia, es la primera de la segunda generación nuclear española. Teniendo en cuenta el deficiente funcionamiento de las tres centrales de la primera generación (Zorita, Garoña y Vandellós), como señala el gráfico número uno, desde 1978, lo que aconteciera al primero de los siete reactores que vienen iba a ser de gran importancia. Y ya lo sabemos: Almaraz I funciona tan mal que él solo ha hecho arruinar las expectativas de un funcionamiento global satisfactorio en las centrales españolas. Completando el primer groco, hay que decir que el rendimiento en 1981 fue del 62,6%, lo que mejoré ligeramente la curva descendente, y el correspondiente a los siete meses primeros de 1982 es del 38,1%, sin posibilidad de mejoría apreciable.Pero los problemas técnicos de Almaraz I son automáticamente aplicables a los otros cinco reactores gemelos: Almaraz II, Lemániz I y II y Ascó I y II. Si estos reactores hubieran de entrar en funcionamiento consecutivamente, como prevé la planificación energética, el rendimiento global de las centrales nucleares españolas no superaría el 30-40% en los próximos cinco años. Se dilapidaria, que es lo que está previsto, el 50%, aproximadamente, de la inversión realizada.

Los problemas inacabables de los reactores nucleares, sobre todo los norteamericanos, son conocidos desde hace años. Ya en 1974 eran de público conocimiento los bajos rendimientos nucleares en Estados Unidos, lo que no fue obstáculo para que en ese año se fundamentasen las decisiones básicas del ambicioso programa nuclear español, al mismo tiempo que se comprobaban los descensos notables del consumo de electricidad en el mundo desarrollado.

El primero de mayo de 1981, el presidente Cálvo Sotelo inauguró solenmemente Ahnaraz I, aprove chando la ocasión para confirmar que "la nuclearización del país es un hecho decidído". Más de un año después, la central no solamente no ha entrado en funcionamiento comercial, sino que presenta serios problemas técnicos y de seguridad y está arrastrando a las demás a la humillación tecnológica y a las incógnitas sobre la salud pública. El accidente de Harrisburg -eclosión del cinismo nuclear demostró que sigue siendo posible una tragedia sin precedentes. La central de Three Mile Island necesitaría más de 1.000 millones de dólares y más de ocho años para su reparación; en realidad, nadie piensa seriamente en que vuelva a funcionar, pese a que habían pasado solamente tres meses desde su inauguración.

Industria, como siempre

El mentís del comisario de la Energía a las púdicas y breves declaraciones de desconfianza de se subordinado, el director general de la Energía, tendría algún interés si fuese posible constatar la mejor diferencia de opinión entre el señor Magaña y el sector eléctrico (que se ha abalanzado, furioso, contra el señor del Pozo) en sus fecundos seis años de gestión energética.

El Ministerio de Industria y Energía nunca ha hecho uso de sus facultades para suspender autorizaciones o reprimir incumplimientos, sino que ha salido fiador siempre de las empresas en apuros frente a la opinión pública.

Para ello se ha valido del precioso instrumento de la Junta de Energía Nuclear, órgano cuyo juicio prefiero dejarlo para la historia próxima. Su sucesor como "órgano fiscalizador de la seguridad nuclear", el Consejo de Seguridad Nuclear, ha iniciado su funcionamiento como órgano coartada cuya finalidad fundamental, según se desprende de la ley de creación, es neutralizar la amplia capacidad municipal de oposición; funciona, de hecho, como subproducto devaluado de esa Junta. Ese mismo Consejo, que ahora sale también en defensa de la seguridad absoluta de Almaraz I, se quejaba hace unas semanas de la falta de medios para cumplir sus funciones...

Ante la próxima fase antinuclear

El cuadro segundo muestra los datos fehacientes de la prolongación continua dé los períodos de construcción de las centrales nucleares en España, que es reflejo exacto de lo que ocurre, en los de más países. Entre Almaraz I, que pudo necesitar diez años, pero que todavía no sabemos cuándo funcionará bien, y Trillo II o Valdecaballeros II, habrá una visible dilw tación de plazós. ¿Cuál es la justificación de unas centrales que exigen 12-15 años para su construcción, que no superan los 10- 15 años de funcionamiento a rendimiento admisible y que están salpicadas de sorpresas tecnológicas negativas y de riesgos en aumento? Y no lo olvidemos: su costo global no es inferior a los 250.000-300.000 millones de pesetas de 1982.

Según los indicios, la próxima fase de lá contestación nuclear puede resultar demoledora para las instituciones regionales y autonómicas. El papel de la Junta de Extremadura en la crisis de Valdecaballeros de 1979 fue lastimoso; ya veremos en la actual. No es posible, por otra parte, excluir a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de sus responsabilidades frente a Ahnaraz, en cuyo entomo entra una amplia área toledana. Desde el nivel autonómico, y con ocasión de los problemas de Alamaraz, entiendo que:

- Habrían de estudiarse en profundidad los temas nucleares de Almaraz y Valdecaballeros (Junta de Extremadura) y de Zorita, Trillo, Almaraz y Cofrentes (Junta de Castilla-La Mancha).

- Habrían de analizarse, sobre el terreno, la adecuación entre los requisitos -de seguridad y otros- exigidos por la legislación española y extranjera y la realidad presente en cada central (es desolador comprobar cómo la autorización de construcción de la central de Abnaraz, el 26 de julio de 1973, ocupa sólo una página del BOE, llena de ambigúedades).

- Habrían de tomarse mediciones sistemáticas en el ámbiente atmosférico y en los cauces fluviales, sobre todo, con independencia absoluta del Consejo de "Seguridad Nuclear, que pretende ser órgano exclusivo y excluyente de la seguridad nuclear, para fundamentar suficientemente la adopción de medidas políticas.

- Los conflictos que surgirían, de competencias y de desconfianzas entre los órganos de la Adnúnistración central y los autonómicos podrían ventilarse mediante recursos de inconstitucionalidad sí se insiste en aplicar el artículo 149.22 de la Constitución en sentido restrictivo frente a las responsabilidades autonómicas (autorizaciones de instalaciones eléctricas). En todo caso, la demolición de la ley de Energía Nuclear de 1964 parece tarea urgente en una nueva situación legislativa.

En lo que se refiere a la Junta de Comunidades de Castilla-La Maficha, controláda por el partido en el poder, pero con gestión de coalición UCD-PSOE en su Consejo Ejecutivo, se impone, por prudencia y previsión, una respuesta a los numerosos temas nucleares planteados.que.sea beligerante y responsable, y no acomodaticia o sucursalista. Y sin complejos de inferioridad.