Pinto Balsemão lanza un llamamiento a la pacificación nacional en Portugal

El Parlamento portugués votó el jueves la nueva Constitución lusa. Mientras se espera su promulgación por el presidente, Antonio Ramalho Eanes, los partidos políticos preparan sus estrategias para una nueva fase de la vida política portuguesa, y el primer ministro, Francisco Pinto Balsemão, lanza un llamamiento a la "pacificación nacional".En declaraciones hechas a la televisión portuguesa momentos después del voto de la Constitución en el Parlamento, el primer ministro, Francisco Pinto Balsemão, trató de conjurar los posibles efectos de la ofensiva presidencial, llamando insistentemente a la pacificación nacional, afirmando que ésta es actualmente la máxima aspiración del pueblo portugués y el primer deber de los "demócratas responsables".

Un nutrido grupo de diputados socialistas (34), encabezado por el presidente del grupo parlamentario -suspendido de sus funciones-, Francisco Salgado Zenha, presentó acto seguido sus explicaciones del voto para expresar claramente sus reservas en relación al nuevo ordenamiento constitucional.

Los comunistas han querido también precisar el sentido de sus votos negativos: no quieren colocarse fuera del cuadro constitucional. Consideran ilegal el voto global, porque, en su opinión, tal proceso se justifica únicamente cuando se trata de una nueva Constitución.

El no de los comunistas se dirige, pues, contra ciertas enmiendas de la Constitución y, fundamentalmente, contra las disposiciones transitorias; sobre todo la que ordena el cese de las funciones del Consejo de la Revolución un mes después de la promulgación de la nueva Constitución, y sin esperar la entrada en funcionamiento del Tribunal Constitucional, encargado de sustituir al órgano político militar.

La atención se concentra ahora sobre el presidente Eanes y el Consejo de la Revolución. El primero debe promulgar, a principios de septiembre, la nueva Constitución. Aunque pueda, teóricamente, negarse a hacerlo, invocando violaciones de los límites impuestos por la Constitución de 1976 a la primera revisión, parece descartado que lo haga.

En cambio, se espera con curiosidad la posición que adoptará en relación al nuevo sistema político y, sobre todo, cómo interpretará sus propias responsabilidades en el cuadro ahora modificado de las relaciones entre los partidos, el Gobierno y la jefatura del Estado.