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Los principales partidos apoyan medidas de gracia para los ex 'etarras'

El presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, desmintió ayer cualquier negociación directa con ETA y precisó que la existencia de contactos con dirigentes de Euzkadiko Ezkerra se había realizado con vistas a tratar la situación de los miembros de ETApm que habían abandonado la lucha armada. Coincidiendo con esta declaración presidencial, la mayor parte de los partidos del arco parlamentario se pronunciaron favorablemente respecto a dichas negociaciones.Los portavoces del PSOE, del PNV y del PAD expresaron su apoyo a la búsqueda de vías de pacificación del País Vasco "dentro de la Constitución y la ley", a la vez que el fiscal general del Estado, José María Gil Albert, valoró la iniciativa positivamente, si bien recalcó que no cabe una indulgencia absoluta ni incondicional.

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EI fiscal general del Estado valora positivamente los contactos entre el Gobierno y Euskadiko Ezkerra

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El presidente del Gobierno, en el curso de la conferencia de prensa celebrada ayer desmintió tajantemente cualquier negociación con ETA, para añadir a continuación: "Otra cosa es que el Ministerio del Interior mantenga entrevistas con los dirigentes de Euzkadiko Ezkerra para tratar la situación de personas que habían pertenecido a ETApm y ya no pertenecen a esta organización". En parecidos términos se expresó Marcelino Oreja, recientemente nombrado adjunto a la presidencia de UCD y hasta hace poco delegado del Gobierno para el País Vasco, quien precisando unas declaraciones de Mario Onaindía aseguró que "las posibles medidas de gracia que se dicten sólo se aplicarán cuando no exista responsabilidad penal en el afectado".

Mario Onaindía había reiterado ayer su convencimiento de que "antes de las elecciones habrá medidas de gracia para presos de ETA porque las conversaciones están muy maduras" y anunció el propósito de su partido, Euzkadiko Ezkerra, de presentar una propuesta de resolución al Parlamento Vasco de forma que "todo aquel que quiera dejar la lucha armada, tanto de ETApm como de la rama militar, se beneficie de esto".

Algo distinta es la interpretación del dirigente socialista Enrique Múgica, quien declaró a EL PAIS que su partido está "a favor de todo cuanto contribuya a pacificar Euzkadi dentro del respeto a la Constitución y a la ley y a marginar las actitudes intransigentes y fanáticas, siempre y cuando los beneficiarios de estas medidas de gracia, que yo prefiero denominar medidas individuales, hayan demostrado su voluntad de reincorporarse a la convivencia civil". El dirigente socialista se manifestó convencido de que la postura de su partido coincidiría con sus manifestaciones personales, ya que "el espíritu del PSOE es precisamente contribuir por todos los medios a la pacificación del País Vasco".

Garantías de abandono de la lucha armada

José Antonio Aspuru, portavoz de la dirección del Partido Nacionalista Vasco, se declaró igualmente favorable a posibles medidas de gracia "individualizadas", siempre y cuando "existan garantías de que la actitud de los beneficiarios de las mismas es irreversible y de que no volverán a las andadas". El dirigente peneuvista lamentó no poder ser más explícito al respecto debido a que, según manifestó, su partido no ha podido tener un conocimiento exhaustivo de las posibles iniciativas proyectadas y sólo posee la información aparecida en la prensa. A pesar de ello, Aspuru se mostró esperanzado en que "estas hipotéticas medidas de gracia contribuyan a pacificar el País Vasco y a afirmar valores humanistas como los sostenidos por el PNV".

Los líderes de dos de los partidos de reciente formación, Francisco Fernández Ordóñez y Antonio Garrigues Walker, también expresaron su postura favorable ante las conversaciones mantenidas entre Euskadiko Ezkerra y el Ministerio del Interior. El dirigente del Partido de Acción Democrática precisó que su apoyo a estas iniciativas quedaría circunscrito a los casos que ofrezcan garantías absolutas y subrayó la necesidad de "estudiar caso por caso, para evitar que haya individuos que se acojan a las medidas de gracia para reemprender la actividad armada". Por su parte, el promotor del Partido Demócrata Liberal, en unas declaraciones realizadas tras su encuentro con el secretario general de Euskadiko Ezkerra, Mario Onaindía, alabó "la decisión del Gobierno de UCD de dialogar con ETApm" en busca de soluciones políticas que se complementen con las policiales.

La reacción del presidente de Alianza Popular, Manuel Fraga, omitió cualquier referencia al anuncio de conversaciones entre el gobierno y Euzkadiko Ezkerra, y se limitó a mostrarse "favorable a la aplicación eficaz y generosa, en su letra y en su espíritu, del artículo 174 bis-c del Código penal" que establece los mecanismos para rebajar en dos grados la pena de los terroristas que "coadyuven con la autoridad judicial para evitar delitos o aminorar sus efectos". El dirigente aliancista precisó que "para que estas medidas sean eficaces debe crearse un ambiente de superioridad del poder público que haga ver a los terroristas que no les queda otra salida".

Por otra parte, el fiscal general del Estado, José María Gil Albert, en unas amplias declaraciones a la agencia Efe, calificó de positivas las conversaciones del Ministerio del Interior con Juan María Bandrés y otros dirigentes de Euzkadiko Ezkerra con vistas a resolver los problemas de un sector de ETApm que abandonó la lucha armada hace un año. Para Gil Albert "estos intentos son el primer paso para que vaya cediendo el tema del terrorismo hasta conseguir su eliminación total".

El fiscal general del Estado recalcó la necesidad de atenerse a la legalidad y descartó cualquier posible indulgencia absoluta e incondicional. Refiriéndose a los, posibles beneficiarios de las medidas de gracia, el fiscal general recordó que "salvo excepciones, son quienes tienen responsabilidades menos graves porque no han cometido delitos de sangre, sino secuestros, depósito de armas, colocación de explosivos o colaboración con bandas armadas. Se trata", dijo Gil Albert, "de hechos de menor crueldad y gravedad que los de ETA Militar.

Preguntado sobre el procedimiento concreto que podría seguirse para la aplicación de las medidas individuales de gracia, el fiscal general del Estado contestó que "dado que la Constitución prohíbe la concesión de indultos generales, si se decide la concesión de indultos individuales "el fiscal los aceptará".

Acerca de la aplicación de la llamada "excusa absolutoria", definida en el artículo 174 bis-c del nuevo Código Penal dijo que "es una aminoración de la pena que puede quedar rebajada en dos grados, en razón de una razón superior". "La aplicación de la 'excusa absolutoria'", concluyó Gil Albert, "puede contemplarse con estos miembros de ETApm, pero no se puede generalizar, sino que deberá ser estudiada en cada proceso concreto".

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