95 poblaciones de diez provincias, en 'alerta roja' por falta de suministro de agua

Amplias zonas de España están sin agua. La sequía afecta sobre todo a la agricultura pero, con frecuencia, también a la población. Miles de personas pasan, literalmente, sed. Los grifos están secos y muchas de las necesidades elementales sin cubrir. A las 219.495 personas en situación de alerta roja, de 95 poblaciones en diez provincias, hay que añadir 100.653 de 42 poblaciones en alerta azul y 47.500 de 21 poblaciones en alarma verde. Las provincias más afectadas son las dos extremeñas -especialmente Badajoz-, Granada y Ciudad Real. Tarragona tiene un número alto de habitantes afectados por la falta de agua -92.466 en trece poblaciones-, pero se trata de un problema especial, de inadecuada infraestructura hidráulica, aunque tienen recursos de agua.En el Plan Agua Roja para protección de bienes y personas en caso de grave carencia de agua para el consumo inciden los ministerios de Obras Públicas y Urbanismo, Agricultura, Defensa, Industria, Presidencia, Administración Territorial e Interior y el Instituto Nacional de Meteorología. El plan tiene un desarrollo provincial específico, en función de las necesidades territoriales.

Sistema de emergencia

Los pasos a seguir para la puesta en funcionamiento del Plan Agua Roja se inician cuando la Comisión Interministerial de Planificación Hidrológica comunica a la Dirección General de Protección Civil, del Ministerio del Interior, los baremos, mínimos de su ministro de aguas a la población, industrias y servicios, agricultura y ganadería, como base para la declaración de emergencia límite para la aplicación del Plan.

A continuación, la Dirección General de Protección Civil comunica a los gobernadores civiles los baremos de suministro, al igual que hacen los servicios periféricos de los departamentos afectados. Los gobernadores civiles deben informar con una previsión mínima de quince días a la Dirección General de Protección Civil sobre la situación de emergencia límite. Son, pues, ellos los responsables del Plan, junto con las delegaciones de los ministerios afectados y las autoridades municipiales y locales e, incluso, con los dirigentes autonómicos en aquellas comunidades que tengan competencias en la materia.

Para definir la situación de carencia de agua existentes denominaciones o alarmas: verde, azul o roja. La primera, de previsión o realerta, se utiliza en situaciones en que los índices de agua, disponible indican que, de no variar la situación, en diez o quince días se pasará a alerta azul. Esta indica la necesidad de introducir controles en el suministro de agual para el consumo, industria y riegos del campo. Por último, la alarma roja se4 refiere exclusivamente al agua de consumo de la población, cuando, ante la escasez de agua, necesita ser apoyada desde fuera por traslados. Se entiende por agua de consumo la destinada a la población, a usos sanitarios y a las industrias estratégicas (servicios sociales como panaderías o productoras de alimento animal).

Cuando un ayuntamiento se encuentra en alerta verde hace una previsión de consumo de agua antes de que sobrevenga una situación de alerta azul. Los que están en esta última situación realizan sus previsiones de necesidades de apoyo por si sobreviniera la alerta roja.

Según Enrique Gómez Palmero, subdirector general de Protección Civil, "hay un mecanismo directo de cooperación con las corporaciones locales para financiar el suministro de agua, mediante medios ajenos a la población, como las cisternas. Creo que, en estos momentos, la población española acogida a la gran red de embalses es inferior al 50% y el resto depende de sistemas de autoabastecimieto como aguas subálveas o redes municipales, pero no se nutre de los grandes sístemas de cuencas". "El Ministerio de Defensa", sigue Gómez Palmero, "hace la logística, con medios propios, a través de las capitanías generales, cuando los medios civiles no son suficientes.

Criterios objetivados de ayuda

La mecánica del Plan Agua Roja entra en marcha de una manera casi automática, pero no hay que olvidar que lo hace en una situación deteriorada, porque el Plan no sustituye el agua no caída, sino que se centra en tres objetivos: redistribuir el agua existente, compartir la que se tiene y apoyar a las poblaciones que carecen de ella".

Todo lo anterior significa, según el representante del Ministerió del Interior, inversiones importantes en infraestructura hidráulica, apoyadas por las prospecciones que realiza el Instituto Geológico y Minero de España y por una financiación con cargo al Ministerio del Interior para transporte y compra de agua, "que en 1981 fue de 232 millones de pesetas y este año tendrá un volumen similar. También inciden los programas del Ministerio de Agricultura de ayudas y subvenciones orientadas a los daños directos, así como un programa sanitario para la cabaña ganadera".

Enrique Gómez Palmero, subdirector general de Protección Civil, no ve más fallos en el sistema del Plan Agua Roja que los que puedan derivarse de la imprevisión de algún alcalde "que se haya olvidado de que no tiene reservas de agua". Reconoce que "perfecto no hay nada", pero insiste en que "hemos intentado homogeneizar la respuesta y tener criterios de ayuda a las poblaciones muy objetivados, para que no haya agravios comparativos".

Este año la situación es mejor que el pasado, cuando dos anticiclones sobre Nápoles y las islas Azores impidieron que hubiera borrascas sobre la Península porque formaban una cuña. La fecha de mayor deterioro y máxima escasez de agua fue el 14 de diciembre de 1981 y la situación actual podría calificarse de "medianamente mejorada", según el representante de Protección Civil. Este reconoce, no obstante, que "el Plan Agua Roja no ha resuelto el problema básico, sino que ha reducido las consecuencias en base a administrar bien lo escaso y compartir lo existente".