El Estatuto de la Villa de París aviva la confrontacion izquierda-derecha
La batalla de París, provocada por el proyecto gubernamental que reduce a poca cosa el brillo y el peso político de la alcaldía de la capital, al crear veinte municipios con plenos poderes, se ha convertido en una guerra política nacional, que revigoriza la confrontación entre la derecha y la izquierda.
El alcalde, Jacques Chirac, que recibió el apoyo de Giscard, invita a la movilización total a los pansienses y pide un referéndum local, que el Gobierno le niega, para que decidan los vecinos sobre el Estatuto de la Villa.Aún no se conoce con todo detalle el nuevo Estatuto de la Villa de París, pero las indicaciones ofrecidas por el Gobierno el miércoles pasado no dejan lugar a dudas sobre lo esencial: el más poderoso y prestigioso Ayuntamiento de Francia, y su alcalde en primer lugar, desaparecen prácticamente como tales. Los veinte distritos en los que se divide París, según el proyecto en cuestión, en las próximas elecciones, de marzo de 1983, se convertirán en otros tantos municipios, con su alcalde, poderes, medios financieros y competencias independientes.
En consecuencia, el Ayuntamiento de París y su alcalde perderán las prerrogativas absolutas que le concede el Estatuto, elaborado en 1975, y qué hizo de la capital francesa un municipio de derecho común, como los demás del territorio galo, y a la alcaldía de Hoysera, una comunidad urbana, en la que el presidente, Chirac, jugaría un papel de árbitro y de coordinador.
En tres días, la batalla de París ha incendiado a todo el país, que últimamente se sumía en las rabias e incomodidades del plan de austeridad, que en cuatro meses, estima el Gobierno, va a yugular definitivamente la inflación, la cual pone en peligro toda su estrategia económico-social.
El bloqueo de salarios y el de los precios había desdibujado el cambio representado por el mitterrandismo. El golpe de efecto conseguido por la bomba que despedazará a París en veinte municipios en cosa de horas ha despertado la política pura. Otra vez, la derecha, simbolizada por Chirac, y la izquierda se han enzarzado frontalmente, y cada cual ya se frota las manos pensando en lo que va a dar de sí esta presumiblemente dura batalla.
En efecto, las múltiples explicaciones del Gobierno no convencen a nadie, salvo a los convencidos de antemano, esencialmente al responsable oficial, Gaston Defferre, ministro del Interior, que justifica su decisión con argumentos democráticos: el nuevo Estatuto, dice, responde a la lógica descentralización iniciada por el poder socialista. Se trata, pues, de repartir los poderes de la capital, de "devolverles París a los parisienses". Y para ello no había más que una solución: bombardear el poder absoluto chiraquista que le concede la ley que entró en vigor en 1977.
Este razonamiento, teóricamente válido para algunos, se minimiza, salvo los socialistas y los comunistas (los dos partidos mayoritarios de la coalición gubernamental). Toda la opinión, incluida la que es favorable al mitterrandismo, sospecha que el proyecto de nuevo Estatuto de París está cargado de segundas intenciones políticas, dirigidas contra el enemigo potencial número uno del socialismo a la frances, Chirac.
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