UCD y PSOE se quedan solos en la defensa del Fondo de Compensación Interterritorial

Pese al recorte que la evolución económica provoca en la función redistributiva del Fondo de Compensación Interterritorial, habrá amplia contestación por parte de las minorias parlamentarias. Las 96 enmiendas presentadas tienen por denominador común el deseo de que, a la hora de repartir cada año este 40% de la inversión pública nueva, pesen más las tasas de paro y menos la renta regional por habitante. Aunque UCD y PSOE se han quedado solos en la defensa del texto, Alianza Popular no lo ha enmendado.

La mayor contestación procede, como es lógico, de los grupos nacionalistas. A ellos se ha sumado el PCE, que une a los intentos de impedir la limitación de las autonomías su crítica a la falta de garantías redistributivas. Cierran el catálogo de enmendantes tres diputados refugiados en el grupo mixto y uno de UCD a título personal.En líneas generales, los representantes de regiones ricas, con la excepción de Madrid, quieren menor ponderación para la renta y mayor para el paro. Desde el lado opuesto, sólo el Partido Socialista Andaluz apoya el peso actual de la renta regional (70%, según se explicó en EL PAIS de ayer), si bien también se suma al deseo de incrementar la representación del paro.

Mayores dotaciones por paro

El 5% de ponderación atribuído en el proyecto de ley a la diferencia de la tasa de paro de cada región con la media nacional, que ha sido aplicada al Fondo de 1982 y al proyecto del de 1983, contrasta fuertemente con las propuestas de los enmendantes. Van éstas desde el 10% pedido por el PCE al 35% de Hipólito Gómez de las Roces, del Partido Aragonés Regionalista. Las posiciones intermedias corresponden a Carmen Solano Carreras, del Partido de Acción Democrática (15%), de Zaragoza; Juan María Bandrés, de Euskadiko Ezkerra (18%); PSA y Minoria Catalana (20% ambas); y Partido Nacionalista Vasco (30%).No obstante, según opiniones de expertos independientes, los cambios de ponderación en la variable de paro permiten actualmente pocas posibilidades de redistribución. Como puede observarse en el cuadro adjunto, en todas las regiones ha aumentado sensiblemente. Excluida la peculiaridad gallega, únicamente Cantabria, Baleares, Rioja, Asturias y Castilla-León tienen tasas de paro alejadas por debajo de la media española. Y buena parte de estas regiones notarán en 1983 la redistribución por renta.

Los más fervientes partidarios de reducir el peso de la renta regional por habitante, que cuenta en el reparto de forma inversamente proporcional corregida, son el aragonés Gómez de las Roces y el grupo del PNV. Ambos propugnan bajarla del 70% al 40%. Y ambos son, precisamente en otras enmiendas, los principales defensores de que el Fondo de Compensación tenga menor dimensión económica. Proponen para ello que, en lugar de ser el 40%. de la inversión publica nueva de cada año durante el quinquenio 1982-1986, se deje en el 30% de tope mínimo impuesto por la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). La misma posición es adoptada por Mariano Alierta, de UCD de Zaragoza. Los tres argumentan que en los primeros años de rodaje del citado mecanismo redistributivo no es conveniente forzar su papel.

Todos los demás enmendantes, excepto el PSA, que defiende el 70% actual, proponen un 60%, con algunos matices en cuanto a la relación inversamente proporcional que ha de computar. Sin embargo, dos de ellos -PCE y Juan María Bandrés- piden un aumento de las dotaciones del Fondo, por vías; distintas. Como se sabe, para calcular la dotación del Fondo como el 40% de la inversión pública nueva se restan las inversiones necesarias para mantener o conservar otras realizadas anteriormente y las inversiones en Defensa.

Pues bien: Bandrés quiere que se cuenten también las de Defensa. La posición del. PCE consiste en repartir un 30% de la inversión pública excluida del Fondo de forma inversamente proporcional al nivel de servicios públicos existente en cada comunidad.

Algunas de estas enmiendas relativas a la distribución del Fondo proponen menor peso para el saldo migratorio de los diez últimos años. En lugar del 20% actual, Alierta y la Minoría Catalana defienden el 10%, PCE 15% y PSA 5%. Otras proponen cambiar el 5% de la superficie por el 25% (Alierta) o por el 2% (Bandrés). Hay, además, dos grupos que tratan de introducir nuevas variables: PCE un 10% para la tasa de crecimiento económico de los diez últimos años y Minoría Catalana 5% para la población.