Aprobada una moción sobre la Caja Rural de Baleares

En el pleno del Consejo General Interinsular de las Baleares (CGI), celebrado ayer, ha sido aprobada por asentimiento una moción presentada por el PSOE para que el Consejo Ejecutivo del órgano preautonómico se dirija al Gobierno, y demás organismos competentes, en demanda de información sobre la situación actual de la Caja Rural de Baleares.A propuesta del grupo de consejeros socialistas de las islas, el pleno del CG1 acordó también llevar a una próxima sesión la información obtenida, con objeto de hacerla pública, según manifestó su presidente, Jerónimo Albertí.

La moción socialista, asumida por comunistas, centristas y por el Partido Socialista de Mallorca (PSM), se basa en los indicios de presuntas actuaciones fraudulentas de la junta rectora de la Caja Rural de Baleares, que están siendo investigadas por dos comisiones, una de ellas integrada por las fuerzas políticas de izquierda, y la otra por cooperativistas socios de la Caja Rural, miembros a su vez de Unió de Pagesos de Mallorca.

Josep Moll, presidente de la Federación Socialista Balear (FSB-PSOE) y portavoz socialista en el CGI, argumentó la moción porque "los payeses están muy preocupados, se sienten manipulados y necesitan recuperar la confianza perdida en la Caja Rural. La gestión de ésta no es demasiado limpia. Su junta rectora se ha saltado la reglamentación de las entidades de crédito agrícola, en régimen de cooperativa, dando créditos, por encima de su pasivo, a empresas que no tienen derecho a recibirlo".

Exigencia de responsabilidades

"El CGI" añadió Moll "está afectado por este conflicto. Por tanto, es necesaria también la información pública, para esclarecer hasta dónde llega la responsabilidad de cada uno".Por su parte, el consejero de Agricultura, Miguel Capó (UCD), expresó durante su intervención en el pleno su acuerdo con la moción, "por la necesidad de información pública, y para tranquilizar a los payeses. El grupo centrista es el primer interesado en aclarar las irregularidades de la Caja Rural Balear".

Durante la misma sesión, fueron presentadas una interpelación del PSM y una moción de la FSB-PSOE, en el sentido de establecer la incompatibilidad del director general de Agricultura, Juan José Alemany, con los cargos de secretario de la Caja Rural de Baleares. y presidente de IBASA (sociedad anónima no inscrita en el registro mercantil, que ha negociado créditos en la citada Caja Rural). La interpelación fue respondida por el consejero adjunto a presidencia y portavoz centrista del CGI, Pedro J. Morey, en el sentido de que "no existe incompatibilidad jurídica para el ejercicio de ambos cargos".

La moción socialista, que solicitaba además el cese de Juan José Alemany, director general de Agricutura del CGI, fue rechazada por amplia mayoría. Pedro J. Morey, señaló al respecto que "no negamos una incompatibilidad ética. Estamos dispuestos a clarificar este asunto pero, por problemas de imagen, vemos que no es conveniente cesar a alguien a quien hemos nombrado nosotros. Primero queremos investigar a fondo y establecer el punto de incompatibilidad, salvando la honorabilidad personal del director general de Agricultura".