Los fabricantes de 'tragaperras' presentan las primeras suspensiones de empleo

Las Delegaciones de Trabajo en diversas provincias han recibido ya solicitudes de suspensión de contratos en empresas fabricantes de tragaperras. Paralelamente, proveedores y clientes han empezado a sufrir tal actitud y estudian a su vez medidas de presión. Estas se orientan, no obstante, a apoyar a los fabricantes en su petición de un año de demora en los decretos dictados hace una semana, además de ayudas a la reconversión del sector para encajar la retirada de bares y establecimientos públicos dispuesta por el Gobierno.

La patronal FACOMARE ha pedido a sus asociados que respeten los acuerdos de las dos asambleas celebradas esta semana, con el fin de dar ejemplo ante la opinión pública de su actitud de colaboración y diálogo con la Administración. Sin embargo, ayer todavía no había recibido noticia de si el Consejo de Ministros aceptó el viernes su pretensión de crear una comisión interministerial para que estudie los problemas creados por las limitaciones.La patronal la recomendado que, a partir de mañana lunes, día previsto para el cierre de fábricas, los trabajadores permanezcan en sus puestos y reciban sus salarlos hasta que los expedientes sean tramitados: quince días para las empresas con menos de cincuenta trabajadores y treinta días para el resto. Pero, al menos, la mayor empresa del sector, Cirsa, con 450 trabajadores, no ha cumplido los acuerdos, si se confirma la noticia de Efe en el sentido de que la solicitud de suspensión temporal de contratos es para seis meses , frente a los noventa días que se acordó.

Los afectados han enviado telegramas individuales al presidente del Gobierno para reclamar seguridad en el mantenimiento de sus puestos.

Por otra parte, proveedores de material electrónico, madera y metal, que tienen previsto celebrar mañana en Madrid una asamblea, han sufrido ya los primeros impagados y se han mostrado dispuestos a apoyar las reivindicaciones de sus clientes y a adoptar medidas de presión.

Dicen que sólo 170 de las 500 empresas afectadas, que vendieron el año pasado a los maquinistas productos por valor de 20.000 millones de pesetas, tienen pendientes de cobro 6.000 millones de pesetas.