Empleo y fraude desempleo

Entiendo que el del empleo es un tema de Estado y, cuando menos, de la misma categoría que el de las autonomías u orden público, con los que, por otra parte, y desde distintos ángulos, se encuentra íntimamente relacionado. Si se admite pacíficamente la afirmación que expongo, el corolario que se puede extraer de ella es obvio: cualquiera que sea el partido político qué eventualmente alcance el poder deberá abordar el tema del empleo como prioritario. Aunque este no sea el momento y el lugar para referirnos in extenso a las causas del paro, digamos que las mismas s e derivan de dos grandes grupos de factores: externos o importados, los primeros, y autóctonos, de otro lado. Entre aquéllos, el brutal encarecimiento de los precios de la energía (se dirá de éste, quizá, que es ya tópico, pero recuérdese que los tópicos suelen ser verdades manifiestas), los importantes cambios estructurales en la economía mundial, la desaceleración de los niveles de desarrollo -con la consiguiente caída de las tasas de beneficios-, el resurgimiento de las políticas comerciales proteccionistas..., etcétera. Entre los factores autóctonos se encuentran en vanguardia los que son consecuencia de la propia estructura económica española, que en muchas de sus especificaciones responde a módulos premodernos, con la consiguiente dificultad de adaptación a las exigencias del tiempo nuevo.Habla Zufiaur de que "el ministro de Trabajo ha puesto en marcha una campaña contra el fraude en el desempleo". Es preciso realizar aquí una, si quiera leve, matización. No se trata de una campaña empírica, puntual, ni, por supuesto, caprichosa o arbitraria. Por el contrario, estas actuaciones, realizadas bajo una denominación que podría discutirse si es o no excesivamente afortunada, responden al ejercicio diario de la competencia que el ordenamiento jurídico vigente atribuye al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

La tragedia no es el fraude sino el paro

Por otra parte -¿cómo podría discutirse esto?-, la verdadera tragedia no es el fraude en la percepción del subsidio de desempleo, sino, efectivamente, la realidad agobiante del paro. El fraude directo en materia de desempleo es, sobre todo, como demuestran las actuaciones fiscalizadoras que con carácter permanente se realizan por los servicios de la Inspección de Trabajo y sus colaboradores, los controladores de empleo, secundario e inducido, porque el fraude importante se plantea en otra perspectiva más general, cual es la que afecta al sistema global del régimen de la Seguridad Social española, con sus conocidas dificultades de financiación, generada, por los impagádos, y por los déficit fraudulentos de cotizaciones, que alcanzan cifras cuantiosas (es conocido que, como consecuencia de las recientes actuaciones, se ha multiplicado el ritmo de las altas a la Seguridad Social).

La campaña a que se refiere Zufiaur no es ideológica, aunque los spáis televisivos, y ello por la servidumbre del medio, pudieran abonar, en alguna medida, esa impresión, pues el énfasis en la alocución y el esquematismo en el mensaje son inevitables. Y no es ideológica ni unilateral, porque si afirmamos, como hicimos al principio de este escrito, que el empleo es un tema de Estado y uno de los más relevantes, no podemos ser tan inconscientes como para politizarlo desde un alicorto enfoque partidario ni muchos menos electoralista. La problemática del empleo, del desempleo y del fraude en la percepción de los subsidios excede incluso del ámbito administrativo singularizado por el Ministerio. Por ello, es preciso que todas las fuerzas sociales involucradas en el problema colaboren cotidianamente en el ejercicio de las funciones de control, porque somos conscientes de que sólo así podrá erradicarse la práctica viciosa que está perjudicando a trabajadores, empresas y, en definitiva, a todo el país. España, en esta materia, no es singular. También aquí estamos padeciendo lo que los italianos llaman economía sommersa. Sin esa colaboración que no pide sólo el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sino que clamorosamente exige toda la ciudadanía del país, hay poco o nada que hacer, entre otras razones, porque nosea que, para evitar fraudes, vayamos a incurrir en la contradicción antieconómica de inflar los cuerpos burocráticos y fiscalizadores. Ahí está el Consejo General del Instituto Nacional de Empleo (INEM) y las comisiones ejecutivas provinciales que han sido potenciadas en sus competencias y funciones, y en las que ya participan representantes de los empresarios y centrales sindicales junto a funcionarios de la Administración pública.

"No dar ni golpe"

Para terminar, una apostilla: la que merece la referencia al paro endémico que se produce en algunos sectores de la Administración, en el sentido de no dar golpe".

Menos mal que el articulista hace la formal y expresa salvedad de suponer que son minoritarios. Sólo faltaba ya hacer de los funcionarios públicos chivos expiatorios para las dificultades que aquejan al país. Los funcionarios, en su inmensa mayoría, sirven al público, a los contribuyentes, de quienes provienen sus no siempre boyantes retribuciones, y son fervorosamente partidarios de contribuir a modernizar y racionalizar el aparato al que sirven.

Y, por descontado, dejar constancia expresa de que comparto con Zufiaur sus consideraciones sobre la inversión y la contratación de trabajadores en paro. Siempre será más eficaz y esperanzador promover, propiciar y favorecer la inversión creadora y el empleo que enfatizar la problemática, cierta, por otra parte, de los fraudes en el desempleo, porque sólo así haremos realidad la aspiración contenida en el preámbulo de la ley fundamental española de "garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y las leyes conforme a un orden económico y social justo", presidido por la inexorable solidaridad que entre los hombres y las regiones de este país, autónomas o no, debe .existir, no sólo por razones de rango tan alto como las espirituales o patrióticas, sino incluso desde la más simple perspectiva de la racionalidad económica, enfoques ambos que no tienen por qué entrar en contradicción, pues sólo en la conjugación simultánea de los dos haremos una España habitable y una convivencia armoniosa.