La elite económica

La transición política se ha realizado, según el autor de este artículo, bajo la aquiescencia y el control del poder económico, plasmado en la progresiva presencia de la banca en los sucesivos gobiernos democráticos. Sin esa aquiescencia y ese control, la transición no se hubiese llevado a cabo. Es preciso reflexionar sobre los avatares de la elite económica en un régimen de libertades

Una de las constantes que ofrece el lento y desacompasado proceso de industrialización español, desde su inicio en la segunda mitad del siglo XIX hasta la aparición del actual régimen parlamentario, ha sido la continua y tenaz oposición de nuestras clases dirigentes -en la que no se ha descartado in extremis el recurso a las armas- a todo aquello que constituyera un menoscabo de sus, en buena medida, ancestrales privilegios, y la no menor aversión, cargada de temor, menor aversión a un marco de libertades que pudiera poner en peligro la estabilidad de los mismos. De esta suerte, la democracia y la transformación ación de la estructura socioeconómica que hubiera introducido una mayor racionalidad productiva y, en consecuencia, un crecimiento más armónico, además de correr parejas, se fueron convirtiendo en patrimonio de un reducido grupo de la burguesía apartada del poder y, de algunas opciones que perseguían, paradójicamente, no tanto el perfeccionamiento como la sustitución del sistema.La reforma económica y la libertad llegaron por esta vía a ser una sola bandera, aún en la mal llamada etapa de desarrollo franquista, en la que, si bien se obtuvieron elevadas cotas de expansión, la carencia de tales cambios hipotecó la posibilidad de un crecimiento autosostenido, como se ha plasmado con toda crudeza desde 1974.

En esta fecha se abrió, como se sabe, un período de crisis en la que la incidencia de factores externos se ha visto agravada por los componentes nacionales encerrados en la misma.

El cambio de actitud

La reforma política del ex presidente Suárez, abortando la propuesta rupturista de la oposición, supuso un giro en la conducta de la oligarquía española respecto al tradicional binomio libertad política-transformación socioeconómica.

A partir de ese acontecimiento, el rechazo generalizado de un sistema democrático por parte del gran capital empezó a hacer agua. Un sector considerable de éste había llegado a la convicción -a la que no fue ajena la creciente demanda de libertades auspiciada por un amplio abanico social ni la necesidad de reforzar sus lazos económicos con el exterior, lo cual exigía su homologación política- de que la salvaguardia de sus intereses en la España del último cuarto del siglo XX pasaba por la aceptación de un régimen de libertades.

Desde entonces, la tarea fue evitar que el nuevo marco político conllevara indefectiblemente la aparición de aquello a lo que siempre se le había considerado unido: las reformas básicas en la economía. Hubo disposición de remozar, mas no de transformar.

He aquí algunas razones por las que la transición política no sólo se ha realizado, desde su propia génesis, bajo la aquiescencia del poder económico -léase capital financiero-, sino también bajo su control, plasmado, entre otras formas, en la progresiva presencia de la gran banca privada en los Gobiernos democráticos. Sin ambos, aquiescencia y control, dificilmente se hubiera producido durante los últimos cinco años la disociación de ese maridaje histórico.

La otra tarea

Entre los casos representativos de esa falta de voluntad renovadora se encuentra la evolución seguida por el partido que ha aglutinado los intereses mayoritarios de la elite económica: UCD.

Los avatares que de un tiempo a esta parte se ciernen sobre el proyecto del partido gubernamental, desviando su inicial reformismo, de corte populista, hacia postulados cercanos a opciones situadas a su derecha, es un suceso que traspasa la coyuntural trayectoria de una organización política. Puede ser interpretado como la Ilustración de la incapacidad reformista de nuestras clases dirigentes.

El abandono de la tendencia modernizadora que pareció vislumbrarse en algunas tendencias de UCD cuando esta formación política abordó la tarea de dirigir la transición democrática, indica algo más que su derechización. Manifiesta el fracaso, nuevarnente, del gran capital español Ipara acometer un proceso de carribio integrador, al igual que lo hicieron algunos de sus homónimos europeos. Proceso que, al tiempo que hubiera impulsado el desarrollo económico, liberándonos de los límites que han atenazado nuestro crecimiento, le serviría para legitimar y garantizar su hegemonía política en un marco de libertades.

Desde esta perspectiva, y sin negar otros aditamentos, se expliea la fuga de UCD de aquellos miembros que, en palabras del propio Adolfo Suárez, no admiten que "la izquierda tenga el monopolio del cambio y de las reformas y del proceso de estructurar una nueva sociedad española", como son los socialdemócratas del PAD, o la creciente marginación, en el aparato ucedista, del grupo dirigido por el ex presidente, por parte del cual no hay que deseartar la formación de un nuevo partido.

Lo peculiar de esta etapa no ha sido, en definitiva, la renuncia, teñida de cierta impotencia, de las tradicionales clases dirigentes a una transformación de la estructura socioeconómica -lo que está, según parece, amenazando su hegemonía política-, ni la presencia de una burguesía minoritaria, hipotéticamente dispuesta a recorrer cierto camino de la mano de algunos sectores de la izquierda. Lo original ha consistido en la actítud adoptada por la mayoría de los grupos hegemónicos: combinar su aceptación del orden constitucional con su anterior oposición a acometer reformas de tipo estructural.

El proceso inacabado

Tales desajustes entre lo económico y lo político habían de tener necesariamente un precio: el debilitamiento del propio sistema de libertades. Este, al verse privado de un contenido social con el que permanentemente había sido identificado, y que hubiera sido su mejor defensa, ha llegado al extremo de temer por su futuro.

La cojera de la que está siendo víctima el nuevo marco político muestra, entre otras lecciones, que su consolidación definitiva se halla subordinada a esas reformas estructurales. Su asentamiento exigiría incorporar a las modificaciones políticas las económicas, con el fin de abordar la modernización de España. De este modo, la democracia sería un bien con el que la mayoría social se sentiría más comprometida, desterrando, de una vez por todas, el fantasma que desde hace tiempo está amenazando nuestro devenir: la contrarreforma.

Ha transcurrido un lustro desde que en 1977 la sociedad española emprende la vía constitucional. Ahora los vientos de una nueva confrontación electoral empiezan a aflorar. Quizá por ello resulte oportuno reflexionar sobre ciertos comportamientos de la elite económica en un régimen de libertades con las que tan escasamente ha estado familiarizada a través de la historia.

es profesor adjunto de Estructura Económica de la Universidad Complutense.