La Audiencia de Valladolid se interesa por el retraso de las nuevas elecciones municipales en León

La sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Territorial de Valladolid ha remitido a la junta electoral de León un oficio en el que se piden aclaraciones sobre el incumplimiento de una sentencia de enero de 1980, que anulaba las elecciones parciales por las que el PSOE perdió la alcaldía de León en favor de UCD. La comunicación se considera en medios jurídicos como un trámite previo para instar al Gobierno a convocar nuevas elecciones, después de que éste incumpliera los plazos fijados en la vigente normativa electoral por supuestos intereses políticos.

Tanto el PSOE como el PCE han manifestado a través de sus secretarios provinciales, Angel Capdevila y Luis García, que pedirán responsabilidades por el retraso en la ejecución de la citada sentencia: más de dos años, frente a los tres meses que fija la ley electoral. Este retraso contrasta con la rapidez con que se convocaron elecciones en 1978 como consecuencia de un contencioso similar presentado por CD, a resultas del cual la alcaldía pasó a manos de la derecha. Los resultados de estas últimas fueron anula dos nuevamente por la audiencia, quince meses después, por ilegales actividades propagandísticas de la Hoja del Lunes local a favor de CD.El control de la alcaldía leonesa ha seguido una evolución accidentada desde las primeras elecciones democráticas: en abril de 1979 fue elegido alcalde el socialista Gregorio Pérez de Lera; en octubre del mismo año la alcaldía pasó a manos de UCD por menos de un centenar de votos, tras celebrarse elecciones parciales en cuatro mesas de la capital, cuyos resultados habían sido anulados por la audiencia de Valladolid; y en enero de 1980 la audiencia anuló de nuevo los resultados.

Los partidos de izquierda habían pedido la ejecución de la sentencia en varias ocasiones desde hace dos años, la última el pasado 20 de marzo, mientras UCD y CD interponían otros tantos recursos con ánimo de retrasar una nueva convocatoria, todos los cuales fueron rechazados.

En medios jurídicos se achaca el retraso a la inexperiencia de los tribunales en materia contencioso-electoral. Según ha comprobado EL PAIS, ni la audiencia ni la junta electoral de León comunicaron la última sentencia al Gobierno, órgano con competencia exclusiva para convocar elecciones.