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Editorial:

Arbitrismo y reindustializacion

UNO DE Ios mas graves males que soportan la economía y la sociedad españolas es, sin duda; el elevado número de parados, situado ya en torno a los dos millones. En estas condic:iones, no resulta extraño que los milagreros del crecimie:nto saquen de su rebotica viejas o nuevas fórmulas, en ocasiones superficialmente atractivas y muchas veces homologables al huevo de Colón, para resolver el angustioso problema del desempleo. Reverdecen, así, con los recuerdos de la gigantomaquia staliniana o fascista corrio telón de fondo, propuestas de industralizaciones sustitutivas de importaciones, cualquiera que sea su coste, y políticas de protección del empleo mediante apoyos y ayudas artificiales a empresas o sectores en dificultades. De todos es sabido que el proteccionismo a ultranza siempre florece en épocas de crisisSin duda, acontecimientos extraordinarios como el alza de los precios del petróleo obligan a establecer una red de salvaguardias para evitar que industrias bien diseñadas desaparezcan por culpa de tensiones de liquidez, momentáneas y a la larga solucionables, producidas por impagos de sus compradores. Sin embargo, sería absurdo abrir las arcas del Estado, a costa de todos los contribuyentes, para mantener un statu quo industrial heredado del pasido, como si nada hubiese ocurrido en el mundo desde 1973 y en España desde 1975. A este respecto, son interesantes algunas de las conclusiones de un informe elaborado por la consultora japonesa Kawasaki acerca de la situación y de las posibilidades de la industria siderúrgica española. Según sus estimaciones, la demanda de productos siderúrgicos españoles durante los próximos años quedará perfectamente abastecida con la capacidad de producción actualmente instalada. Existe, sin embargo, un sobrante estimado de 17.000 puestos de trabajo, 10.000 de ellos administrativos, que teóricamente exigiría un reajuste a fin de situar a nuestra industria, con ayuda de otras medidas complementarias de mayor racionalización de las empresas, en niveles internacionales competitivos. A pesar de estas conclusiones, que coinciden con otros estudios europeos a la hora de pronosticar a nuestra siderurgia un futuro a lo sumo estabilizado, aumentan las presíones para instalar una planta de prerreducidos en el suroeste peninsular. Una inversión estimada entre los 30.000 y los 40.000 millones de pesetas serviría para dar trabajo a 400 parados andaluces. De añadidura, la planta precisaría del gas natural de la bahía de Cádiz pero a precio subvencionado.

De todos es sabido que algunos apatosos proyectos de inversión en Africa, Latinoamérica y Oriente Medio hacen una mínima contribución al aumento de la producción y del empleo en esos países en vías de desarrollo pero exigen, en cambio, de forma permanente transferencias presupuestarías para su mantenimiento. De otra parte, la construcción de esas nuevas instalaciones reporta excelentes beneficios a quienes perciben opíparas comisiones por los suministros de sus equipos y maquinaria. Aunque estas corruptelas no tienen visos de existir en la planta española de prerreducidos, no deja de ser grave que un proyecto de dudosa rentabilidad y mínima contribución a la política de empleo llegue a afectar a un recurso tan escaso en España como es el ahorro. Mientras que nuestra siderurgia no recibirá mejora alguna con este estrambótico proyecto, la oferta de capital para otras iniciativas no subvencionadas quedará seriamente limitada.

Todavía mas lamentable sería que el caso de la planta de prerreducidos fuera tan solo un ejemplo, notorio y significativo, de una estrategia global, de forma tal que los objetivos de la política reindustrializ ación atendieran con preferencia a tapar agujeros de empresas cuyos directivos y consejeros estuvieran bien relacionados con esa parte de nuestra clase política que suele mostrarse alérgica y temerosa de la economía de mercado y de la igualdad de oportunidades. Porque es altamente dudoso que, después de esta reindustralización de corte arbitrista, que dejaría exhaustas las arcas del Tesoro público, quedaran recursos para emprender otra diseñada de forma mas racional y orientada al beneficio de la sociedad española en su conjunto.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 28 de febrero de 1982