Telefónica pide una subida media del 15% en sus tarifas para aumentar su recaudación en 30.000 millones de pesetas

Telefónica ha pedido una subida de tarifas que incremente sus ingresos anuales en unos 30.000 millones de pesetas. El asunto está siendo muy discutido desde hace casi un mes en la Administración: el 15% de aumento medio solicitado es superior en dos puntos a las previsiones del plan cuatrienal de la compañía y, como se trata de un reajuste general, la incidencia de la revisión para varios millones de abonados podría ser mayor al 20%. Por ello, el Gobierno puede tardar al menos un mes en pronunciarse sobre el caso. Más próxima parece la elevación de los servicios postales, que piden el 11% en mayores ingresos y el 16,6% en las cartas entre provincias (de 12 a 14 pesetas).

Con datos de noviembre pasado, Telefónica presentó un grueso expediente hace algo más de un mes al delegado del Gobierno en la compañía y a la Junta Superior de Precios. Preveía entonces, según noticias recogidas entre media docena de personas que han tenido acceso al mismo, un incremento de gastos para 1982 cercano a los 40.000 millones de pesetas, incluyendo el 11% de remuneración a los 600.000 accionistas (Estado y Banco de España reúnen casi el 50% de los 216.000 millones de pesetas) que le permita mantener la dificultosa labor de aumentar capital.La demanda vía tarifas se ceñía a unos 30.000 millones de pesetas. Los 10.000 restantes serían cubiertos por el posible aumento de teléfonos (tiene doce millones y otro medio millón solicitado), efecto de la revisión de precios autorizada en marzo pasado (fue recortada del 15% al 12%) y otros ingresos no de explotación.

Pacto de silencio

El delegado del Gobierno, Julio Camuñas, quien ha indicado que la petición está todavía en la Junta y luego debe pasar a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, incorporó al expediente unas observaciones dirigidas a la compañía y otras destinadas al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En estos escritos, al parecer, ya se hacía alguna precisión sobre las justificaciones de la empresa.

Pero el mayor debate ha tenido lugar en la Junta Superior de Precios, cuyo presidente, Leopoldo Zumalacárregui, propuso desde el primer día un pacto de silencio. Todos los consultados lo aceptaron y lo han respetado, entre ellos Antonio García de Pablos y Sánchez Reyes, titulares de las organizaciones de consumidores OCU y ACUDE. Ambos han respondido a este periódico que no harían declaraciones hasta que la Junta emita su informe.

En la Junta y la dirección de Telefónica el hermetismo ha sido también total. Sí ha trascendido que la primera puede terminar su labor a finales de la próxima semana, después del pleno de ayer, y que el Consejo de Administración de Telefónica se reunirá el miércoles próximo para conocer los primeros datos sobre resultados del ejercicio 1981 y obrar en consecuencia.

En cualquier caso, el ministro competente, Luis Gámir, ha precisado que la última subida tuvo lugar hice menos de un año, y la solución no tiene por qué ser dada antes de un mes. Añadió que su Ministerio no ha adoptado todavía una postura concreta, aunque quizá convenga una reestructuración general de precios, bajando incluso algunas tarifas y comparando todas con niveles europeos.

En líneas generales, la Telefónica quiere elevar sus ingresos por tarifas en algo más de 30.000 millones de pesetas, de forma que los ingresos de explotación, excluidas las citadas restas, pasen de 192.000 millones de pesetas en 1981 a más de 220.000 en 1982. Como el convenio para los 63.000 trabajadores se ha firmado dentro del Acuerdo Nacional sobre Empleo, calcula que podrá mantener su nivel relativo de beneficios con crecimientos de 15.000 millones de pesetas en los costes de explotación (13%), 16.000 en amortizaciones (28%) y 11.000 en costes financieros.

Lo que ha suscitado discusiones y puede llevar a la Junta Superior de Precios a recortar la petición actual, siempre según las fuentes informativas mencionadas, son estos dos últimos capítulos de gastos y el reparto de los ingresos entre tarifas.

No es lo mismo cargar las tintas sobre el abono fijo (también aquí hay ya sus variantes) o sobre los pasos de contador (se puede repercutir el aumento a todos por igual, o más sobre los urbanos que en los interurbanos). Aquí entran también consideraciones de política comercial del monopolio y de política gubernamental.

A los responsables de la empresa les preocupa que forzar las tarifas interurbanas y periféricas retraiga más el consumo. Como los grandes consumidores son las empresas y los usos urbanos -únicos relativamente baratos-, una aceptación de lo anterior podría cargar sobre estos consumos cerca del 20% de aumento. Además, existen otros grandes problemas, como el de que dos millones de líneas no llegar a cubrir los costes de amortización. Al Gobierno le puede preocupar que determinados colectivos vean muy mermadas sus rentas por las subidas de teléfono, electricidad y energía en general.

Así las cosas, la Junta Superior de Precios, en línea similar a las organizaciones de consumidores, ha centrado sus opiniones en considerar exageradas las amortizaciones (Telefónica quiere elevarlas del 4,3% al 5,37, del activo; es decir, de 57.000 millones de pesetas anuales a 70.000) y los costes financieros (de 47.000 a 57.000 millones). El origen de ambos problemas depende de otra decisión política: si se cumple el plan de invertir unos 140.000 millones en 1982 (más de las tres cuartas partes de la demanda del sector), verdadero salvavidas para algunas empresas.

Si se mantiene la inversión y no se amortiza bien los costes financieros aumentarán el año siguiente. De hecho, ya achaca los mayores costes financieros del pasado año a que no se cumplió el programa, hubo cierta desviación al alza, los nuevos precios se retrasaron y el rendimiento de nuevas líneas es marginal.

En esta situación, algunos ojos se vuelven al Estado. ¿Por qué no utiliza sus ingresos procedentes del teléfono para cubrir los ambiciosos programas de autofinanciación?, han preguntado varios miembros de la Junta.