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La disolución de las Cámaras

En contra de la sentencia filosófica de que sólo aquello que es tiende a permanecer, las recientes palabras pronunciadas por el presidente del Gobierno con ocasión de haber sido elegido hombre del año, ciertamente con algo de retraso, parecen evidenciar todo lo contrario: que incluso aquello que ya no es debe permanecer como si todavía fuera. Me estoy refiriendo, en concreto, a las reflexiones que en tal ocasión Calvo Sotelo hizo a propósito de si la actual legislatura acabaría o no una vez transcurrido el período natural de cuatro años que rija la Constitución española. Según él, cualquier antelación de ésta no sólo era desaconsejable, sino que, en caso de producirse, y esto es lo sorprendente y lo que en parte ha dado pie a estas reflexiones, la responsabilidad de ello habría de recaer sobre "las impaciencias de unos, el desacomodo de otros, las codicias de éstos o el antojo de aquéllos".Tal planteamiento del hecho -no deseable, pero sí previsible- de la disolución de las Cámaras, sobre desnaturalizar de antemano el significado radicalmente democrático que la Constitución otorga a dicho resorte, prescinde de las exigencias de aquella lógica más abstracta de la que al principio se partía y, lo que es más importante, de la que en concreto informa el modo de proceder democrático. Ciertamente, sin atender a la primera, se hace del hecho de la permanencia un valor en sí, sagrado casi, que no guarda relación con lo que acontece en el resto de las manifestaciones de la vida que se producen en torno nuestro. Ni siquiera el pétreo mineral permanece al margen de la estructura molecular que le constituye. Sólo el fósil es, quizá, el único ejemplo en el que cabe advertir ese ilógico afán por dejar constancia de lo que en un momento fuera pero que ya no es.

La lógica del sistema político democráticoEn lo que hace a la lógica del sistema democrático, tampoco parece acorde con ésta la presentación pública de lo que constituye uno de sus mecanismos institucionales como una conspiración de ciertos desaprensivos diputados, a cuyas ambiciones personales habría que imputar, de tener que producirse, ese acortamiento en la actual legislatura. Como si en las manos de éstos estuviera, y no en las del propio presidente del Gobierno, la facultad de disolver las Cámaras. Tal suplantación de responsabilidades, unido al hecho de presentar lo que circunstancialmente es desaconsejable como una amenaza para la democracia, hurta a los propios elementos que integran ésta la razón de ser de su permanencia. Y lo que es más grave, fían el sostén del sistema democrático a un conjunto de criterios y valores que, por ser ajenos a los que conforman éste requerirían para su interpretación, tal y como recordaba reciente y agudamente en estas páginas un filósofo, la figura excepcional de un padre protector y no, como sería lógico, la del presidente del Gobierno respaldado por la mayoría parlamentaria que hoy constituye su partido político.

Aquí es, a mi juicio, donde se originan los desajustes y verdaderos problemas que hoy tiene la joven democracia española, más que en el consabido y en exceso dilatado juicio pendiente. El tema clave al que hay que poner remedio es al de la de desnaturalización y extrañamiento que padecen el conjunto de las instituciones en las que el orden democrático adquiere su identidad. La disolución de las Cámaras no es, ni más ni menos, que devolver al titular de la soberanía, el pueblo español, la capacidad para ejercitarla con carácter extraordinario. Búsquese, por consiguiente, si tal solución resultara inaplazable, el momento adecuado a la importancia que el acto requiere, pero no se cree en torno a tal hecho una sensación catastrofista como si de algo ajeno a la disputa democrática misma se tratara. El límite, en consecuencia, al uso de tal institución es consustancial al contenido de la misma, pero en ningún caso extraño a ésta. A tal efecto, y para evitar precisamente su uso desnaturalizado, la Constitución ya señala como improcedente la propuesta de disolución de las Cámaras bien cuando simultáneamente se tramite una moción de censura, bien cuando no haya transcurrido un año desde la última proposición.

Reconducida, pues, a estos términos, que son, a mi juicio, la única versión democrática que tiene la hipotética disolución de las Cámaras, habría que añadir todavía lo siguiente: no se podría, por el contrario, calificar igualmente de democrática la pretensión de continuar una acción indefinida de gobierno que se viera privada del suficiente respaldo parlamentario y, esto es importante, natural y no coactiva o artificialmente prestado por los diputados. De lo contrario, estaríamos ante la desnaturalización de una de las instituciones que, en este caso, además de integrar también el orden democrático, constituye su sustrato mismo: la institución del partido político. No es así aceptable para la posibilidad de la democracia misma que bajo la amenaza del riesgo que ésta pudiera correr se trate de evitar la fuga de parlamentarios de UCD y, consiguientemente, los posibles riesgos que tal fuga generaría en orden a tener que hacer uso de la institución de la disolución de las Cámaras.

Partidos y fuerzas sociales

Pretender desde el Gobierno sostener así una conformación del espacio político que en su día ocupara UCD resulta hoy, además de sorprendente, escasamente útil para la democracia. Tal pretensión ignora que el dispositivo técnico-económico de un partido, por muy grande que éste sea, es insuficiente sin el soporte de una fuerza social a la que representar. Y hoy ya no es un secreto para nadie, y menos para los que todavía integran UCD, que este partido, a pesar de configurarse inicialmente como de centro, no ha sido sino uno de los dispositivos del que en su momento se valiera la derecha conservadora y democrática para su recomposición como tal, dada la fragmentación en que el régimen anterior le había dejado sumida. De ahí que las sucesivas fugas de parlamentarios de dicho partido no sean sino uno de los efectos, que no la causa, de la actual desnaturalización que el espacio de la derecha todavía hoy padece. Su salida de UCD en distintas direcciones habrá que interpretarla, pues, y en contra de lo que a veces se ha pretendido, no como un síntoma de descomposición de la democracia, sino como una manifestación de la capacidad que ésta tiene para recuperar su coherencia.

Miguel Herrero Lera es profesor de Derecho Político

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0030, 30 de enero de 1982.

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