Expectativas poco esperanzadoras para las economías occidentales
Es evidente que la lucha contra la inflación todavía ocupa el primer lugar en la lista de prioridades de los distintos Gobiernos (menos el francés). Pues aunque se haya conseguido moderar un tanto el alza de los precios, las tasas de inflación siguen siendo altas, sobre todo en Italia, Suecia, Noruega, Canadá, el Reino Unido, Dinamarca y Estados Unidos, además de Francia (excediendo todos el 10%). En Alemania, la tasa actual del 6% parece comparativamente moderada, pero supera lo que en este país la población, que no olvida los efectos desastrosos de la hiperinflación de los años veinte, está dispuesta a tolerar, e incita al Banco Federal a mantener el rumbo restrictivo en su política monetaria.En mi opinión, es de máxima, importancia que se consiga controlar las presiones inflacionarias. La inflación no sólo es antisocial, lo que ya de por sí es grave. También perjudica a la economía en general. Por un lado, siempre termina distorsionando los precios relativos, dando lugar a numerosas inversiones improductivas (como la construcción suntuaria o la compra de terrenos), que no tienen otra función que la de proteger al propietario contra la inflación. Por otro lado, se complican los cálculos financieros y las evaluaciones de balances y aumenta la incertidumbre para la inversión productiva, que en buena parte se mantiene entonces a la espera.
No olvidemos tampoco que elevadas tasas de inflación mundial tienen que inducir a los países de la OPEP (independientemente de la situación en que se encuentren los mercados mundiales) a producir y exportar menos petróleo, pues sólo así pueden evitar la erosión del valor real de sus ingresos, máxime cuando los mercados internacionales de capital no ofrecen obligaciones con rendimientos indexizados.
Políticas monetarias restrictivas
Como resulta que la inflación es un fenómeno monetario (sin expansión fiduciaria no duraría mucho), es lógico que sea la política monetaria la encargada de combatir este mal endémico. Así, durante 1981, las políticas monetarias nacionales se mantuvieron restrictivas en todos los países, con excepción de Francia y Japón. Al contrario de lo que había sucedido en 1974-1975, cuando algunos países trataron en vano de neutralizar los efectos depresivos del encarecimiento del petróleo mediante una política de expansión de la demanda, actualmente los bancos emisores actúan de una forma más sincronizada: no sólo no se acomodan a las nuevas subidas de los precios petroleros de finales de 1979, sino que además restringen la oferta monetaria para contener la inflación.
Los efectos contractivos sobre los niveles de producción y empleo podrían ser moderados si la política monetaria restrictiva lograra romper las expectativas inflacionarias de los agentes económicos (incluyendo las administraciones públicas) y persuadir a los sindicatos laborales y a las patronales de que los salarios reales no podrán subir ni siquiera en proporción al incremento de la productividad, debido a que el deterioro de la relación real de intercambio implica la transferencia monetaria de parte de esa productividad al exterior (concretamente, a los países de la OPEP). Pero hasta el momento parece que sólo en Japón los agentes económicos han entendido esto. Políticas agresivas de precios y reivindicaciones salariales desmesuradas siguen estando a la orden del día en casi todos los países occidentales, y los Gobiernos, frecuentemente, incrementan los impuestos indirectos, o incluso implantan nuevos, con el fin de cubrir sus necesidades presupúestarias. En estas circunstancias, el panorama coyuntural ha de ser deprimente. Los problemas energéticos pueden haber agravado este debilitamiento económico, pero no son su causa, como se dice frecuentemente desde partes interesadas.
Monetarismo mal entendido
En vista de la persistencia de la recesión y el número creciente de personas en paro, muchos piensan que el monetarismo no constituye un enfoque de política económica tan idóneo como sus propugnadores, capitaneados por el Premio Nobel de Economía Milton Friedman, afirman. La grave crisis económica en que se encuentra sumido el Reino Unido es atribuida, sin más, a la política de Margaret Thatcher, que una y otra vez ha manifestado su admiración por el monetarismo. En Estados Unidos, dentro de la propia Administración se critica el comportamiento excesivamente monetarista de la Federal Reserve Board, por haber hecho escalar los tipos de interés hasta niveles vertiginosos y haber impedido así que el programa de revitalización de la economía norteamericana, en. el que tanto confía el presidente Reagan, tuviera rápidamente los efectos positivos apetecidos. En la República Federal de Alemania, el banco emisor, que goza aún de mayor independencia del Gobierno que su homólogo estadounidense, tiene que afrontar casi diariamente duras críticas de políticos socialdemócratas y funcionarios de sindicatos por continuar aferrado al monetarismo, a pesar de la atonía inversora y el elevado desempleo.
Son éstos ejemplos de una extraña tergiversación de doctrinas y hechos en las que también incurren numerosos economistas académicos, pues ni en el Reino Unido, ni en Estados Unidos, ni en la República Federal de Alemania se practica de verdad el monetarisino. Lo que se practica es una política monetaria restrictiva más o menos convencional. Los teóricos del monetarismo han insistido reiteradamente, y con razón, en que sus prescripciones sólo pueden funcionar si las autoridades monetarias suprimen todo tipo de discrecionalidad en su política y se comprometen a mantener un crecimiento regular de la cantidad de dinero en consonancia con el crecimiento del potencial productivo de la economía. Se trata de una condición necesaria para que los demás agentes económicos (inversores, sindicatos, sector público, instituciones financieras) puedan tener en cuenta, y anticipar, los condicionantes, monetarios en el momento de tomar decisiones que requieran financiación.
En ningún país se ha aplicado este principio. Es cierto que los bancos emisores alemán (desde 1975), inglés (desde 1979) y estadounidense (desde 1980) anuncian de antemano una tasa de variación de la oferta monetaria para el año en curso (con un margen de oscilación). Pero de hecho han sometido esta oferta a cambios muy bruscos, que, en el mejor de los casos (Alemania), muestran una amplitud similar a lo ocurrido antes de adscribirse oficialmente al monetarismo. En vez de aplicar una política monetaria predecible por todos los grupos y orientada hacia la desaceleración gradual de la inflación sin ocasionar violentas perturbaciones económicas, las autoridades monetarias han optado por una política activista de tipos de interés altos, con el fin de defender una determinada paridad con el dólar (evitar la devaluación) o para enjugar déficit en la balanza de pagos por cuenta corriente (atraer capital extranjero, sobre todo de la OPEP). No puede extrañar, por consiguiente, la tenacidad con que se mantienen las expectativas inflacionarias, que luego sirven a los bancos emisores de justificación para mantener su rumbo restrictivo. Nos encontramos ante un círculo vicioso que no se puede atribuir al monetarismo propiamente dicho.
Perspectivas y condicionantes político-económicos
Por otra parte, tampoco para 1982 cabe vaticinar una rápida reactivación económica. De nada serviría una mayor permisividad con respecto de la inflación, como propugnan los críticos del llamado monetansmo y como parece aceptar el nuevo Gobierno francés, pues apenas existe ya ilusión monetaria en los países occidentales, incluida Francia. Ni los salarios ni los tipos de interés nominales marchan a la zaga de la subida del nivel general de precios.
Como indica el cuadro estadístico adjunto, los países occidentales experimentarán en promedio un crecimiento cero, que sería negativo si no fuera por la contribución de Japón (que participa con un 14% en el PIB real total de los países considerados). El ritmo de inflación se moderará un tanto. En estas circunstancias es probable que las autoridades monetarias aflojen las riendas, como en todo caso tendrían que hacer para adecuar el aumento de la cantidad de dinero a la tasa de crecimiento económico. Una expansión fiduciaria más desarrollada en Estados Unidos, Alemania y otros países permitirá que bajen algo los tipos de interés nominales. Pero los efectos positivos sobre la producción, la inversión y el empleo serán más bien tímidos, pues el problema coyuntural está inserto en otro más amplio de tipo estructural, solucionable sólo a medio plazo y necesitado de acciones por el lado de la oferta de bienes y servicios.
La política fiscal podría ayudar para salir de la recesión. Pero en los países europeos todavía no lo hace. La deuda pública acumulada alcanza en todos los países unas magnitudes alarmantes, que imponen a Parlamentos y Gobiernos una máxima moderación en la toma de huevos créditos, estando muy restringida la posibilidad de recurrir a los bancos emisores para financiar déficit presupuestarios. Ahora bien: si el grado de utilización de la capacidad productiva es inferior a su nivel normal, el Estado podría tolerar gastos adiciónales y recaudaciones tributarias reducidas y financiar esta parte del déficit (pero sólo esta) mediante créditos; este déficit desaparecería en el próximo auge coyuntural y, por tanto, no tiene que ser consolidado (como ocurre con el déficit estructural). No se trataría de perseguir una política fiscal anticíclica, sino de evitar que esta política se hiciera procíclica. Nada tendría que ver, por tanto, con los programas de creación de empleo vía gasto público, que tanto gustan a los socialistas y que tan poco resuelven en la realidad.
La política salarial
También se discute en varios países occidentales, no sólo en Estados Unidos, la necesidad de reducir el peso del sector público en la economía nacional, con el fin de aumentar la eficiencia en el sistema productivo y de mejorar las perspectivas de rentabilidad para la inversión privada. Además, la desregulación administrativa se ha convertido en un tema de gran actualidad, una vez que son abrumadoras las pruebas empíricas de que excesivas regulaciones distorsionan el aparato productivo, fomentan la economía subterránea, retrasan sensiblemente la creación de nuevas empresas y demoran la realización de inversiones. Unicamente Francia camina en dirección opuesta, por razones ideológicas, y apuesta por el intervencionismo burocrático. La aparición de los consabidos efectos perniciosos es cuestión de tiempo; la atonía inversora ya es manifiesta.
Finalmente, la política salarial tiene asignado un papel importante: el de la moderación, y no sólo en 1982. Esto significa que la evolución de sueldos y salarios tendrá que quedar por debajo del crecimiento de la productividad redistribuible, si es que han de mejorar las perspectivas de empleo. Y la estructura de estas remunerapiones tendrá que reflejar otra vez el abanico de cualificaciones profesionales de la población activa, si es que se quiere combatir el paro juvenil. Al mismo tiempo, no debe quedar descartada la posibilidad de una reducción salarial, como está prevista en Alemania para los funcionarios públicos y como sería conveniente en determinados sectores y regiones en crisis, con el fin de estimular la inversión. En compensación podría hacerse a los trabajadores partícipes de futuros beneficios empresariales mediante modelos de fomento patrimonial a nivel de empresa. Los sindicatos se suelen resistir a asumir su responsabilidad, pero también hay excepciones, siendo la más notable la de Japón. Todos, los análisis científicos subrayan que la política de moderación salarial, perseguida en aquel país ya en 1981, ha contribuido sustancialmente a animar la actividad inversora.
