Andaluza de Piritas negocia una suspensión temporal de empleo en las minas de Aznalcóllar

La empresa Andaluza de Piritas, SA (Apirsa), propietaria de las minas de Aznalcóllar, está negociando con sus trabajadores una suspensión temporal de empleo que afectaría al 90% de la plantilla en los próximos meses, a causa de su actual falta de rentabilidad, derivada de la caída de precios en los mercados internacionales. La plantilla de Apirsa es de 761 obreros, aunque el cierre perjudicaría igualmente a unos 800 empleados de las industrias auxiliares. Dos pueblos sevillanos -el propio Aznalcóllar y Gerena- basan prácticamente su actividad económica en la explotación minera.Promovida por el Banco Central e inaugurada por el rey Juan Carlos en mayo de 1979, Andaluza de Piritas presume de ser una de las minas más importantes de Europa a cielo abierto. Ocupa una extensión de 3.511 hectáreas del término municipal de Aznalcóllar y su explotación del yacimiento se inició en 1960, aunque en 1970se empezó a producir un cambio tecnológico importante. Su producción se divide entre los concentrados de zinc, plomo y cobre.

Ya el 1 de diciembre de 1981 la empresa puso en práctica una regulación de empleo, argumentando la falta de agua en sus embalses como consecuencia de la sequía que aquejaba a la región andaluza. Algunas fuentes económicas y políticas sugirieron que la sequía era sólo un pretexto y que el problema real era el creciente déficit de la explotación.

Así ha quedado confirmado cuando, una vez superada la carencia de agua y al reanudarse la explotación, Apirsa ha anunciado abiertamente su propósito de congelar la actividad productiva. Las pérdidas acumuladas durante 1981 superan los 2.000 millones de pesetas, si bien en medios laborales se considera que en buena parte, son pérdidas originadas por las cargas financieras. Es de destacar que el presupuesto de inversiones globales se aproximó en su momento a los 13.000 millones.

Mañana, jueves, representantes de la empresa y del comité volverán a negociar una salida a la situación planteada. Un portavoz del comité, integrado mayoritariamente por miembros de CC OO, indicó que en un primer momento Apirsa pretendía la rescisión de los contratos con sus trabajadores. Posteriormente ofreció una suspensión de los mismos durante dos años, período que ya ha rebajado a dieciséis meses y medio, que afectaría al 90% de la plantilla.

Los representantes de los trabajadores plantean como principal reivindicación que la reapertura de la mina se subordine de forma automática a un determinado nivel de precios en el mercado internacional.

La noticia ha provocado la lógica inquietud en las poblaciones de la zona de influencia de Apirsa y, en particular, en Aznalcóllar y Gerena, donde se están celebrando o se preparan asambleas de todos los vecinos y plenos extraordinarios de sus ayuntamientos.