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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

En la ardiente oscuridad

LA ORGANIZACION Nacional de Ciegos celebrará mañana, lunes, las primeras elecciones democráticas desde su creación en 1938. Fundada inicialmente para atender a los militares del bando vencedor que habían perdido la vista durante la guerra civil, la ONCE se transformó posteriormente en el organismo en el que el Estado delegó las responsabilidades y las competencias para atender a todos los ciegos españoles. Entidad autónoma que se financia con los beneficios obtenidos con los sorteos del cupón prociegos, sus cargos directivos han sido nombrados hasta ahora por el Ministerio de SanidadLa presión realizada por la oposición parlamentaria, que ha tenido como principal instrumento las interpelaciones en el Congreso de diputados del PSOE, y el descontento de buena parte de los afiliados a la ONCE ante la gestión realizada por unos administradores designados digitalmente dieron como resultado la promulgación del decreto de 22 de mayo de 1981, que modificó la estructura organizativa de la entidad y convocó elecciones para los consejos regionales y nacional en las que podrán tomar parte todos los afiliados mayores de 18 años.

Esta es, sin duda, una excelente oportunidad para que la ONCE pueda revisar las insuficiencias y los defectos de su funcionamiento, trabado en parte por criterios autoritarios y paternalistas y amenazado siempre por ese corsé de intereses creados que toda burocracia fabrica cuando falta la vigilancia, el control y la crítica. Frente a la candidatura continuísta, que hace un elogio indiscriminado del trabajo ya realizado y que desearía dejar las cosas en su estado actual, las candidaturas reformistas plantean propuestas tan razonables como urgentes.

En efecto, constituye una grave anomalía que los vendedores del cupón y los empleados de la ONCE no estén vinculados a la entidad para la que trabajan por relaciones laborales, tal y como determina el Estatuto de los Trabajadores, y que tampoco se hallen integrados en la Seguridad Social. En la situación actual-, esos vendedores y empleados carecen de relación laboral contractual con la ONCE, al tiempo que una Caja de Previgión y un acuerdo con una sociedad privada sustituyen, tan anómala como insuficientemente, el régimen de la Seguridad Social. De otro lado, la ONCE atiende actualmente a los niños ciegos sólo a partir de los seis años y siempre que no presenten síntomas de retraso en el aprendizaje o padezcan otras lesiones, asociación esta que desgraciadamente no es infrecuente en el caso de los invidentes.

Por otra parte resulta un tanto tercermundista que la principal oferta profesional que la sociedad hace a los invidentes consista en la venta callejera del cupón. La idea de esta pequeña lotería diaria es válida como fuente de financiación de la ONCE, pero no es preciso que los invidentes españoles perpetúen su imagen valleinclanesca voceando el para hoy por las esquinas. En una sociedad industrializada en la que muchos factores flisicos han sido desvalorizados en la demanda laboral en favor de cualidades intelectuales, los ciegos deberían encontrar multitud de posibilidades teóricas de empleo.

Las elecciones de mañana, lunes, deberían abrir el camino para que la ONCE incorporara a sus tareas la educación precoz y preescolar de los niños ciegos de nacimiento y fomentara la educación integrada de las personas necesitadas de asistencia. Los problemas de las minorías marginadas y de los sectores castigados por la enfermedad y la desgracia deberían ser sentidos en una sociedad civilizada como algo propio por todos los ciu dadanos. A la vez, los afectados por esos handicaps pue den exigir la ayuda del Estado y de la sociedad como un derecho y no como una obra de beneficencia, actitud que, hasta el presente, ha caracterizado demasiadas ve ces la gestión de la Administración y de otros grupos en el terreno asistencial. Porque, en última instancia, estas, tareas no son una concesión benevolente del Estado, sino una obligación que deriva del mandato constitucional contenido en el artículo 49 de nuestra norma fundamental: "Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este título -el dedicado a los derechos y deberes fundamentales de los españoles- ortorga a todos los ciudadanos" Si, finalmente, la ONCE se dota de los medios para que sus afiliados puedan leer comentarios como éste (potenciando la traducción al "braille" de Prensa o la edición de cintas grabadas) se habrá dado un paso ímportante para derribar ese muro de ardiente oscuridad que separa a los invidentes del resto de la sociedad.

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