El Día de la Constitución

HOY SE conmemora el tercer aniversario del referéndum popular que aprobó, masiva y libremente, nuestra Constitución. El poder ejecutivo no se ha interesado hasta el momento por dar carácter festivo a este Día de la Constitución, tal y como se refleja en el calendario laboral para 1982 y 1983, establecido esta misma semana por decreto. En cambio, el Gobierno ha resuelto por su cuenta llenar el hueco de la fiesta nacional, vacante desde la supresión del 18 de julio, y ha asignado ese honor, no al 6 de diciembre, sino al.12 de octubre, sin consultar con la oposición parlamentaria y con las instituciones de auto gobierno vascas y catalanas cuál podría ser la fecha más adecuada para simbolizar el orgullo colectivo de la per tenencia a la comunidad española.En contraste con esta frialdad, la feliz iniciativa de cuatro partidos políticos mayoritarios (UCD incluida) de invitar a los ciudadanos para que expresen esta celebración sacando a la calle la bandera de todos los españoles merece el aplauso. La sectaria estrategia puesta en práctica por la ultraderecha y los golpistas para monopolizar la bandera nacional y el nombre de España ha tenido, lamentablemente, Un éxito parcial, toda vez que esta abominable manipulación ha Ilegado a convencer a gentes honradas de que sólo quienes usurpan la bandera rojigualda como si fuera una enseña de partido o vitorean a España como si de una propiedad particular se tratara tienen sentimientos patrióticos. Resulta lógico -y ya era hora- que los demócratas, es decir, la abrumadora mayoría de la población, reaccionen ante ese indigno secuestro de los símbolos comunes y reivindiquen su derecho a enarbolar una bandera que está reconocida y consagrada no sólo por la tradición, sino también por el artículo 4 de la Constitución que hoy conmemoramos.

Las eventuales ambigüedades o defectos técnicos del articulado de la Constitución provienen de las complicadas negociaciones que hicieron posible su aprobación por consenso -desde Alianza Popular hasta el PCE-, pero no afectan a la parte esencial de su texto.

La Constitución asienta la Monarquía parlamentaria sobre las firmes bases de la soberanía popular, asigna al Estado social y democrático la realización de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo, reconoce el derecho a la autonomía a las nacionalidades y regiones, y consagra los principios del Gobierno representativo, las elecciones libres, el sistema de partidos y el imperio de las leyes. Además, define el catálogo de derechos y libertades que amparan a los ciudadanos de los abusos y arrogancias del poder y protegen a la sociedad de las invasiones arbitrarias del Estado. Por esa razón, la gran mayoría de los españoles, al celebrar el tercer aniversario del 6 de diciembre de 1978, están manifestando su, firme voluntad de impedir que nadie les arrebate lo que han ganado con su lucha y con sus votos: el derecho a la vida y a la integridad física y moral, 4a abolición de la pena de muerte y de la tortura, la libertad ideológica y religiosa, la inviolabilidad del domicilio y las comunicaciones personales, el derecho al honor y a la intimidad, la libertad de expresión, el derecho de manifestación, el derecho de asociación, el derecho al sufragio, la protección jurisdiccional, el derecho a la educación, etcétera.

El resto de la Constitución, cuya reforma no exigiría la disolución de las Cortes Generales ni precisaría referéndum, puede mostrar defectos o carencias a medida que el funcionamiento de las instituciones y el transcurso del tiempo vayan presentando desafíos imprevistos o nuevos problemas. Sin embargo, ese núcleo fundamental al que nos hemos referido antes, y que contiene los principios organizativos de la Monarquía parlamentaria y las libertades ciudadanas, deberá ser transmitido a las generaciones futuras como único procedimiento para impedir que las ambiciones de unos pocos lancen de nuevo a, los españoles a insensatos conflictos fratricidas.

Los españoles, que alcanzaron el reconocimiento de su mayoría de edad política el 6 de diciembre de 1978, tienen, por lo demás, derecho a exigir del poder de las Cortes Generales y del Gobierno por ellas designado el exacto cumplimiento de los mandatos constitucionales y la defensa eficaz y enérgica de las instituciones democráticas. Porque la alarmante sensación de que la Constitución, esto es, la Monarquía parlamentaria y las libertades, se encuentran en peligro no es fruto de recelos enfermizos o mala voluntad, sino del análisis de acontecimientos recientes de signo preocupante. Por eso, que el Día de la Constitución sirva para cimentar la solidaridad de los ciudadanos y su disposición activa para defender la democracia es cuanto deseamos.