Se estudia un plan global para atajar la avalancha de parcelaciones en suelo rústico
La Diputación Provincial ultima estos días la preparación de un plan global para contrarrestar la proliferación de urbanizaciones en suelo rústico, que se han extendido peligrosamente en poco más de dos años no sólo por la provincia de Madrid, sino también en las que la rodean. Para la Diputación, el problema es muy grave y achacable a la desidia de la Administración centeral, primero, para hacer cumplir sus propias leyes, y en segundo lugar, para actualizar la legislación de forma que imposibilite las artimañas de los promotores. Las parcelaciones de suelo rústico, afectan ya a más de veinte pueblos de la provincia.
Los ayuntamientos no cuentan con medios técnicos para atajarlas, al margen de que se han dado también varios casos de desentendimiento municipal al problema. Pero la responsabilidad principal recae, según el equipo del Servicio Técnico de Urbanismo de la Diputación, en los dos organismos con mayores competencias en la materia, el Gobierno Civil y la Comisión de Planeamiento y Coordinación del Area Metropolitana (Coplaco), que aún no han adoptado posturas firmes al respecto. En el caso del Gobierno Civil, la única sanción económica que ha impuesto ha sido a la urbanización de Valdecorzas, en Arganda del Rey, y lo hizo seis meses después de que el Ayuntamiento lo solicitara. En cuanto a Coplaco, todavía no se han adoptado las medidas coactivas y legislativas señaladas en un informe realizado por una comisión especial a principios de julio.Los informes realizados por la Diputación señalan que el problema debe abordarse desde una óptica realista, por cuanto no se puede ignorar que existe una demanda muy fuerte de los sectores de población con menos posibilidades económicas para hacerse con una vivienda en el campo, y por otra parte, una oferta del campesinado cercano a las grandes ciudades que prefieren desprenderse de tierras poco rentables.
La opinión del director del servicio de Urbanismo de la Diputación, Javier García Bellido, es que la ley del Suelo de 1975 y la de Desarrollo Agrario estipulan claramente que el suelo rústico no es urbanizable, por una parte, y que la reconversión de suelo de secano en parcelas de regadío debe hacerse en completo acuerdo con los programas del Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA), que a su vez exige una serie de requisitos para la reparcelación.
Resquicios legales
Los promotores, según García Bellido, utilizan los resquicios existentes en ambas leyes, sobre todo la falta de definición legal sobre lo que se considera un núcleo de población, para parcelar las tierras de secano, abrir unos cuantos pozos y vender las parcelas como si se tratara de huertos familiares, cuando en realidad muy pocos, de la actividad agrícola, ya que todos adquieren la parcela para construirse una segunda residencia donde pasar los fines de semana.Sin embargo, la existencia de esos agujeros en la ley permiten vulnerar su espíritu, que es la protección del medio ambiente y del suelo rústico. En este contexto, el informe redactado por una comisión especial creada en mayo en Coplaco apunta la necesidad urgente de dictar una serie de decretos y normas legales que atajen claramente la situación.
Ocurre, según García Bellido, que el informe en cuestión aún no se ha pasado a discusión y aprobación por el pleno, de Coplaco, casi cuatro meses después de redactarse. Al margen de este tema, Coplaco, en su función de Comisión Provincial de Urbanismo, y según el artículo 43,3 de la ley del Suelo, está capacitada para recoger las solicitudes, y aprobarlas o denegarlas, según crea conveniente, referidas a la construcción de viviendas unifamiliares. Sin embargo, Coplaco nunca ha ejercitado esta competencia. Desde 1975 a 1980 sólo cinco licencias de construcción de este tipo pasaron por sus manos.
Para el gobierno de izquierdas de la Diputación Provincial, aunque aún no se haya pronunciado oficialmente al respecto, el problema de las parcelaciones ilegales en suelo rústico tiene un componente político claro, por cuanto son precisamente los ayuntamientos de izquierda, abocados a permitir la vulneración de la ley o a derribar las construcciones, quienes pechan con la parte más desagradable del problema, ya que se ven Obligados a enfrentarse con los compradores, la inmensa mayoría de los cuales pertenecen a las clase media o baja. Javier García Bellido exponía la paradoja de que sean precisamente los ayuntamientos democráticos quienes más interés demuestran en la vigilancia de la aplicación de las leyes franquistas, en un contexto de desidia de la Administración central, que no se ocupa de actualizar ni de controlar las leyes
Representantes de la Asociación de Promotores y Adquirentes de Fincas Rústicas, constituida recientemente y que agrupa a la mayoría de las sociedades dedicadas a este negocio, han expuesto su creencia de que sus actuaciones son plenamente legales, por cuanto suponen una potenciación de la agricultura y una forma de colaboración con el IRYDA.
La Asociación expone en un documento enviado a la opinión pública que sus actividades están protegidas por la Ley del Suelo y las Normas Subsidiarias de los ayuntamientos, en cuanto establecen la posibilidad de construir edificaciones de usó agrícola e incluso viviendas unifamiliares para los cultivadores de las parcelas agrarias. Acusan a Coplaco y a los. ayuntamientos de boicotean las iniciativas particulares tendentes a fomentar la existencia de huertos familiares e impedir así el acceso al campo de la población menos favorecida económicamente.
