Diálogo de sordos entre la dirección del PCE y los seis miembros del Comité Central cuyo cese propone Carrillo

El Comité Central del PCE comenzó ayer un debate, que terminará hoy, sobre la propuesta del ejecutivo de destituir a seis miembros del propio central que apoyan la actitud de Roberto Lertxundi, en el proceso de fusión con los comunistas vascos y ElA. El debate fue ayer un diálogo de sordos entre la dirección, que exige una réctificación, y los encausados, que se niegan a rectificar, sin que una y otra parte encuentren una salida más dialogante. Tan sólo es posible una propuesta del vicesecretario, Nicolás Sartorius, en elsentido de abrir expedientes, sin sancionar de inmediato, lo que daría un plazo para negociar.

Los seis renovadores cuya expulsión del Comité Central se propone esperaban con gran interés la intervención de Sartorius, porque estimaban que podría cambiar en alguna medida las posiciones, fuertemente favorables a la postura de Santiago Carrillo de no transigir. Esta relación de fuerzas fue reafirmada al comenzar la reunión, en la mañana de ayer, al votarse la expulsión del grupo de Lertxundi, propuesta que obtuvo una gran mayoría de votos positivos, incluidos los de muchos de los que no están dispuestos a apoyar la destitución de los renovadores.

Tras esta votación, el pleno oyó un largo informe de Carrillo en el que, dentro del contexto de una situación política nacional, «extremadamente delicada», describía la crisis interna como condicionada por el tema de fondo de las tendencias, cuyo reconocimiento rechazó el pasado congreso del partido de forma plenamente democrática.

Según el resumen verbal de un portavoz autorizado.., Carrillo dijo que la dirección del PCE ha de cumplir y hacer cumplir lo acordado en ese congreso, y, por tanto, evitar que por la vía de los hechos se impongan las tendencias. Finalmente, afirmó que seis miembros del Comité Central apoyaron un acto público contrario a la política del partido -la conferencia en la que Lertxundi y Mario Onaindía explicaron sus posiciones en Madrid-, por lo que se propone su separación del Comité Central si no rectifican debidamente.

Al terminar la primera parte de la sesión con el informe de Carrillo, éste dijo a los informadores que no hay otra solución que esa rectificación, porque «no puede haber bulas para unos señores, mientras a los militantes sencillos se les aplican los estatutos», descartó la posibilidad de hacer una consideración flexible de la convocatoria de la conferencia citada, porque se ha violado una decisión del Comité Central, como fue la sanción al grupo de Lertxundi.

«No tengo nada en contra de que éste y Onaindía se expliquen donde quieran añadió el secretario general comunista, «pero lo que no se puede consentir es que lo organicen unos dirigentes del partido». Carrillo descartó también la posibilidad de un congreso extraordinario, y afirmó que la política del partido seguirá siendo la misma, «eurocomunista y renovadora sin comillas».

No se acepta la rectificación

Por su parte, Carlos Alonso Zaldívar, uno de los seis acusados, admitió que la tesis de que con el acto del pasado día 5 se han violado los estatutos «tiene fundamentos», por lo que estaba dispuesto a discutirla, pero también el comportamiento de la dirección en los últimos tiempos, ya que es asimismo discutible la disolución de comités y federaciones.

Zaldívar estimó que la rectificación que se les pide equivale a la indignidad política y es una medida de fuerza, y, por tanto, inaceptable. Antes de comenzar la reunión había manifestado que este debate se produce entre la razón y la fuerza, y que si la fuerza gana, el PCE no tiene futuro. Enrique Curiel, de su lado, admitió la necesidad de una salida política, pero, en línea con la dirección, afirmó que esa solución pasa por la rectificación.

La tesis que manejan los partidarios de la actitud de Carrillo es que los renovadores no están facilitando nada las cosas, sino que mantienen una actitud de clara provocación, y no responden cuando se les pregunta por su proyecto político concreto. Frente a ello, los encausados dicen que es absurdo hablar de un arreglo mediante una rectificación, cuando la dirección ha emprendido una línea fuertemente represiva en el partido, y en el seno de éste se -extiende la protesta.

Los renovadores se mostraron muy satisfechos por la intervención de Marcelino Camacho, que desarrolló sus tesis ya conocidas sobre la necesidad de no hacer una política de mera disciplina y esperaban con gran interés la propuesta de Nicolás Sartorius, así como el posible apoyo a la m:ism a por parte de los representantes catalanes, particularmente Jordi Solé Tura, que en la pasada reunión del Ejecutivo también se opuso a las sanciones.

La posición de Sartorius, según fuentes próximas a los encausados, consistiría en propoiler que en lugar de la destitución inmediata se abriera un expediente disciplinario, que no sería propiamente una sanción, y que daría un margen de quince días o un mes para tratar de resolver la situación por vías más conciliadoras. En otras fuentes se estimaba que el vicesecretario es partidario de dar a los disidentes un plazo semejante -al citado para rectificar, al término del cual el secretariado -permanente de la dirección- podría aplicar directamente sanciones si no se había producido la rectificación debida. En cualquier caso, ello daría lugar a un margen de tiempo para el diálogo.

Sin embargo, la posición de los representantes catalanes no estaba anoche clara, ya que uno de ellos manifestó a EL PAIS que si la dirección continúa intransigente no habrá más remedio que votar sanciones, porque «lo que no se puede pedir a un partido es que se trague un acto de apoyo a Lertxundi».

Las principales intervenciones estaban previstas para la última parte de la reunión, junto con las de los propios encausados, que hablarán seguramente hoy. En el debate realizado ayer por la tarde no se habían registrado intervenciones de gran importancia, salvo la de Camacho y la de Adolfo Piñero, secretario provincial de Madrid, que se pronunció claramente en favor de la actitud dura. Prácticamente la mitad de los cien miembros del Comité Central habían pedido turnos de palabra. En cualquier caso, las perspectivas eran más bien negativas para los seis encausados.

Carrillo no tiene intención de dimitir

En esta línea, Carrillo manifestó ayer que no es cierto que haya amenazado con dimitir si no se aprueban las sanciones. «Lo que haga ya veremos, pero es que, entre otras cosas, creo que va a haber un buen resultado», afirmó. Otras fuentes han matizado que en la última reunión del Ejecutivo Carrillo no usó, efectivamente, la palabra dimisión, pero sí dijo que no serviría para secretario general de un partido en el que se rechazan las sanciones propuestas y, por tanto, no se mantiene la disciplina.